Con esta sexta cápsula de Punto Cívico concluimos la trilogía dedicada a los Poderes del Estado, luego de revisar el rol del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En esta oportunidad abordamos el funcionamiento del Poder Judicial, institución encargada de administrar justicia y de garantizar que las leyes se apliquen de manera imparcial, protegiendo los derechos de todas las personas.

En un Estado democrático, no basta con que existan leyes. También es necesario contar con tribunales independientes que resuelvan los conflictos conforme al derecho y aseguren que nadie esté por sobre la ley. Esa es precisamente la función del Poder Judicial: resolver las controversias entre personas, o entre estas y el Estado, mediante decisiones fundadas en la ley y en las pruebas presentadas durante un debido proceso.

Uno de los pilares de esta labor es la independencia judicial. Los jueces deben actuar sin presiones de otros poderes del Estado, grupos de interés o particulares, para que sus decisiones respondan únicamente al ordenamiento jurídico. Junto a ello, la imparcialidad garantiza que cada caso sea analizado objetivamente, sin prejuicios ni privilegios.

Estas características son esenciales para el Estado de Derecho, principio que asegura que todas las personas y autoridades están sujetas a las mismas normas jurídicas. Gracias a ello, los conflictos pueden resolverse de manera pacífica, fortaleciendo la confianza en las instituciones y resguardando las libertades fundamentales.