Centro de Estudios Democracia y Progreso
La reciente aprobación por la Cámara de Diputados de una resolución que solicita al Ejecutivo proponer la derogación de la Ley Lafkenche plantea una interrogante: ¿resolvería los problemas de su aplicación o añadiría nuevas dificultades a una controversia ya compleja?. Derogarla abriría un delicado frente jurídico frente a las obligaciones internacionales de Chile bajo el Convenio 169 de la OIT. Una medida que eliminaría el régimen de reconocimiento de usos consuetudinarios del borde costero exigiría abordar la consulta indígena previa y definir cómo se protegerían esos derechos. En vez de cerrar controversias, podría profundizarlas.
Conviene recordar que la Ley Lafkenche fue aprobada en 2007 con amplísimo respaldo transversal del Congreso, reflejo de un consenso sobre la necesidad de reconocer derechos ancestrales de las comunidades costeras. Sin embargo, deficiencias de diseño e implementación han favorecido solicitudes desproporcionadas, conflictos entre usuarios y tramitaciones excesivamente largas que perjudican también a las propias comunidades indígenas.
Una reforma profunda debe procurar coexistencia armónica, proporcionalidad, decisiones oportunas y certidumbre jurídica. Para ello, hay una pregunta clave: ¿qué modificaciones requieren consulta indígena?
El artículo 6 del Convenio 169 exige consultar medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, pero no impone automáticamente consultar cada disposición de una reforma. La experiencia comparada ayuda a precisar el criterio. Colombia atiende a la afectación directa y diferenciada; Noruega aporta su experiencia con la pesca tradicional sami; y Nueva Zelanda, con una legislación costera comparable, distingue los cambios que inciden en el reconocimiento de derechos consuetudinarios.
La propuesta es examinar cada modificación según sus efectos. Cambios sustantivos en el reconocimiento o ejercicio de derechos indígenas requerirían consulta. Reglas sobre compatibilidad de usos o suspensión de otros trámites demandan evaluación específica. En cambio, fijar plazos de resolución, mejorar la coordinación institucional y evitar dilaciones, sin afectar materialmente esos derechos, no debería activar automáticamente la consulta.
Se trata de concentrar esa obligación donde corresponde, sin debilitar derechos ni bloquear mejoras administrativas que benefician a todos. El camino es corregir las deficiencias de la ley preservando el propósito que motivó su amplio respaldo original. Chile necesita una mejor ley Lafkenche: que proteja los derechos indígenas, armonice los usos del borde costero y favorezca el desarrollo compartido, en lugar de la confrontación.
