CHILE : DOS PROTESTAS SIMULTÁNEAS ESENCIALMENTE DISTINTAS
Las protestas en Chile tienen un componente idiosincrásico
Hugo Mena K.
PhD Economía
Octubre de 2019
En los últimos días, a partir del jueves 17 de octubre, se han presentado, simultáneamente, dos tipos de protestas callejeras: una de carácter pacífica y, como tal, legítima; y otra de carácter violenta, vandálica, y como tal, ilegítima. El común denominador de ambas es el hecho político circunstancial que las detonó: un alza de 30 pesos (un 3,8%) en el valor del pasaje del Metro de Santiago en horario punta. Cabe señalar que el Metro de Santiago es el más moderno de América Latina y transporta alrededor de 3 millones de personas diarias en días laborables.
A pesar de que ambos tipos de protestas coincidieron en el tiempo y (en menor medida) en el espacio, desde un punto de vista analítico resulta muy importante distinguir entre ambas. No sólo porque una se enmarca en el estado de derecho y la otra no, sino porque los actores y las motivaciones detrás de cada una de ellas son diferentes. Si no se está claro en el diagnóstico, no será posible elaborar soluciones (de corto, mediano y largo plazo) o éstas estarán erradas. Me concentro sólo en lo primero, es decir, en el diagnóstico del paciente que, estimo, “explica” ambos tipos de protestas.
A.- La protesta al margen del Estado de derecho. La protesta violenta y vandálica, ha sido de proporciones nunca vista en Chile. Con destrucción de propiedad privada y pública; destrucción de varias estaciones del Metro de Santiago, incendios provocados en supermercados, en distribuidoras de automóviles, saqueos a negocios, destrucción de señalética en la vía pública, obstrucciones al tránsito vehicular mediante barricadas y fogatas, etc. Obviamente esta protesta violenta debe ser reprimida. Es obligación del Estado garantizar el orden público, impedir la destrucción de la propiedad privada y pública, brindar seguridad a sus ciudadanos. Dada la gravedad y masividad de estas acciones vandálicas, particularmente en Santiago – el costo estimado en reparación de daños al Metro de Santiago es de US$ 300 millones- el cuerpo de Carabineros se vio sobrepasado, por lo cual el Gobierno tuvo que reforzar el orden público acudiendo a las FFAA. Esto conllevó a decretar un Estado de Emergencia e imponer un toque de queda durante la noche.
¿Quiénes son los que han cometido estos actos vandálicos? ¿Qué los motiva? Fundamentalmente se trata de grupos delincuenciales juveniles aliados con el lumpen, algunos vinculados al microtráfico de drogas. Este conglomerado violento delincuencial no tiene connotación política ni ideológica. A ellos se les une un grupo muy minoritario de jóvenes que conforman un movimiento de carácter anarquista, el cual ha venido surgiendo gradualmente en Chile desde hace varios años atrás. Los anarquistas no encajan dentro de las categorías ideológicas tradicionales de “izquierdas” o “derechas”. El anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado entendido como Gobierno – independientemente de cuál sea su signo ideológico – y por extensión, de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas intrínsecamente indeseables, innecesarias y nocivas. El problema es que estos jóvenes anarquistas no han vivido nunca bajo un Estado de Emergencia y un toque de queda, por lo que su irreverencia hacia la autoridad – en particular hacia los militares – puede tener consecuencias fatales para algunos de ellos.
Los incendios intencionales de estaciones del Metro (y otros como en la Torre de Enel) reflejan un nivel de coordinación y habilidad destructiva que amerita una exhaustiva investigación por parte de los servicios de inteligencia del Estado. Se está a la espera de los resultados de dicha investigación. Ello permitirá corroborar si los grupos anarquistas chilenos anteriormente referidos son los únicos responsables, si existió injerencia extranjera en tales actos vandálicos y, de ser así, cuál fue su naturaleza. Estos grupos violentistas – que en su conjunto representan claramente menos del 0,1% de la población chilena – típicamente se mezclan (cubriéndose sus rostros) con aquellos que se manifiestan en forma pacífica; aplicándose así el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores.”
Obviamente la medicina preventiva es mil veces más recomendable que la medicina curativa para abordar estos fenómenos violentos y delincuenciales de carácter masivo. Desafortunadamente estos hechos, más otros recientes – como las tomas del principal liceo emblemático de excelencia en Chile, como es el Instituto Nacional, acompañadas de encapuchados infiltrados como estudiantes que lanzan bombas molotov a Carabineros – han confirmado algunas falencias del Estado de Chile en materia de sus sistemas de inteligencia orientados a la seguridad y orden público internos. Este rezago institucional posiblemente se explica, en parte, por el letargo en superar el trauma generado por estos organismos de inteligencia durante la época de la dictadura militar, artífices de las violaciones a los DDHH. También es menester señalar otra falencia institucional que afecta la eficacia de la labor preventiva de Carabineros. Me refiero a la falta de coraje y voluntad política para aplicar todo el peso de la ley a aquellos que se enfrentan violentamente contra Carabineros en este tipo de manifestaciones callejeras (lo cual en nada se contrapone a la necesaria supervisión a Carabineros a los efectos de que estos no apliquen fuerza desmedida contra los manifestantes). En esto se ha sido muy permisivo en las últimas dos décadas, quizás también por el letargo en superar el trauma de los atropellos a los DDHH por parte de los cuerpos policiales durante la dictadura militar. Esta pérdida de respeto hacia Carabineros, particularmente en la generación más joven, deprecia el valor disuasivo de la presencia vigilante de Carabineros en este tipo de manifestaciones callejeras en que se infiltran encapuchados violentistas. Ambas cuestiones – fallas en servicios de inteligencia y en hacer cumplir “por la razón o la fuerza” el respeto hacia el cuerpo de Carabineros – representan elementos pendientes en la agenda de seguridad ciudadana. Como también lo representa terminar con la impunidad con que actúan bandas de narco traficantes en algunas poblaciones marginales de la Región Metropolitana.
Si bien estos grupos delincuenciales y anti-sistémicos violentos carecen de una connotación política tradicional y actúan al margen de los partidos, hay fracciones minoritarias de la izquierda más extrema chilena, carentes de convicción democrática y que no condenan abiertamente este tipo de manifestaciones violentas, transformándose así, a lo menos, en cómplices pasivos de éstas. Peor aún, algunos de sus dirigentes políticos incluso las justifican. La protesta violenta y delincuencial, no ha sido de generación espontánea, fue bien organizada y orquestada a nivel de varias regiones del país. No es descartable que las anteriormente mencionadas fracciones políticas minoritarias de extrema izquierda también hayan aplicado el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores” y hayan sido partícipes de la organización de estas, lo que amerita ser investigado y los eventuales involucrados deberían ser llevados a los tribunales. Eso no es ganancia para nadie, es pérdida para todos. Resultaría altamente irresponsable que partidos o movimientos políticos, con representación parlamentaria, contribuyesen a la generación de condiciones anárquicas que terminen siendo el semillero para el surgimiento de otro Pinochet en Chile. Las juventudes de la izquierda política están conformadas fundamentalmente por militantes que no vivieron la época de la dictadura militar en Chile y que no se dan cuenta lo que significa jugar con fuego.
Costó mucho sacrificio reconstruir nuestra democracia y la inmensa mayoría de los chilenos mucho valoramos su preservación, lo que conlleva responsabilidades para todos, al margen de las creencias e ideologías de cada uno. Entre tales responsabilidades destacan el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática. El respeto a la voluntad mayoritaria que se expresa en las urnas. El respeto al derecho a disentir. Una oposición constructiva y propositiva. Un gobierno que escucha la voz del pueblo. La búsqueda permanente del entendimiento civilizado entre los distintos actores políticos y sociales, y de consensos básicos en políticas públicas, necesarios para que el país avance.
B.- La protesta pacífica. El derecho a protesta (pacífica) es un derecho político consagrado en la Constitución. Forma parte del ejercicio de la libertad individual y colectiva garantizado en todo régimen democrático. Obviamente, como todo derecho, éste conlleva aparejado el deber de respetar la ley y las normas que regulan tales movilizaciones callejeras. El derecho individual termina donde comienza el derecho del otro. El ejercicio individual del derecho colectivo a manifestar disconformidad con determinadas políticas públicas está restringido por la obligación a respetar los derechos de los demás. El que no lo estime así, simplemente no cree en el estado de derecho y carece de convicciones democráticas.
La inmensa mayoría de los que han salido a protestar en las calles de Santiago y de regiones lo han hecho en forma pacífica. La inmensa mayoría de los chilenos detesta la violencia y la anarquía. Esta protesta pacífica no es una protesta tradicional de trabajadores, sino más bien de individuos en su calidad de consumidores. Y mayoritariamente jóvenes. Tampoco es una protesta auspiciada y organizada por determinados partidos políticos. Es fundamentalmente, políticamente transversal y organizada interactivamente a través de las redes sociales.
El alza en el valor del pasaje del Metro de Santiago fue sólo el detonante de un malestar colectivo que se ha venido acumulando en Chile desde hace varios años. Si bien se puede decir que se trata de un malestar bastante generalizado, también es cierto que éste se concentra más visible y preferentemente en dos subgrupos etarios: en la generación de adolescentes y jóvenes menores de 35 años y los adultos mayores. Estos últimos, fundamentalmente debido a los bajos montos de sus pensiones. En ello influyeron una variedad de factores, entre los cuales destacan: la baja densidad de cotizaciones; el aumento de la esperanza de vida de los chilenos lo que contribuyó a que los trabajadores coticen menos años de los que están pensionados; el ahorro previsional acumulado es función de los niveles salariales de los trabajadores (si estos son bajos, también lo serán las pensiones); una tasa de cotización demasiado baja para estándares internacionales; un pilar solidario que se traduce en pensiones mínimas inferiores al salario mínimo (se requiere abordar esto) y una serie de otras deficiencias de diseño en el sistema (como no considerar inicialmente a los trabajadores independientes) que se han ido corrigiendo sobre la marcha. A lo anterior se suman programas de educación previsional ineficaces, lo cual ciertamente contribuyó a algunos de los problemas anteriores y a expectativas frustradas respecto a los montos de las pensiones. En el caso del malestar de los adultos mayores también se agregan los altos costos de los medicamentos y de otros gastos propios de su edad.
¿Por qué se ha ido acumulando un malestar social progresivo en Chile durante varios años, fundamentalmente en la generación más joven? Varios factores han influido. Me concentraré en los que estimo más importantes.
Por un lado, está la percepción de abusos de poder en diferentes ámbitos, como en las relaciones laborales, poder monopólico en farmacias y en instituciones financieras, en los costos de la educación, en las compañías de seguros de salud privadas (ISAPRE), en las administradoras privadas de los fondos de pensiones (AFP), en los sueldos de los parlamentarios, en el costo del transporte público, en la convivencia familiar, entre otros. Nótese que lo relevante aquí son las percepciones, independientemente de que todas éstas se correspondan o no con la realidad (materia que no abordaré). A lo anterior se le suma la crisis de confianza en las instituciones, en particular en relación con los partidos políticos; el desprestigio de la actividad política y de sus actores, lo que ha dificultado una adecuada canalización de las demandas sociales a través de los mecanismos institucionales tradicionales de un Estado democrático. Pero ello, demanda perfeccionar tales institucionales para evaluar con seriedad las demandas de la población, no la supresión de estas o su sustitución por la anarquía o por mecanismos extra constitucionales que debiliten el Estado de Derecho. Esta crisis de confianza colectiva hacia las instituciones políticas y desprestigio de la actividad política no es sólo chilena, porque se presenta en muchos países democráticos, en desarrollo y desarrollados. Desde el punto de vista de algunos hay un deterioro moral que recorre las sociedades enteras.
Pero hay algo que estimo aún más importante para comprender las razones subyacentes a esta masiva protesta pacífica (excluyo a aquellos que lo hicieron en forma violenta y delincuencial), que es idiosincrásico de Chile y que abordo a continuación.
Estimo que estamos en presencia de un fenómeno sociológico que se ha venido gestando en Chile desde hace aproximadamente un par de décadas. Podría denominarse síndrome de frustración acumulada de expectativas de una clase media emergente. ¿En qué consiste?
La denominada “clase media” en Chile representa más bien un continuo heterogéneo que va desde el tercer al antepenúltimo decil de más alto nivel de ingreso. Estos seis deciles de ingresos engloban a la inmensa mayoría de la población. Las brechas de bienestar (medidas por el coeficiente de Gini absoluto) al interior de esta clase media y entre ésta y el ingreso de los hogares más ricos (dos últimos deciles de ingreso) se han ido incrementado significativamente en las últimas dos décadas. ¿En qué se traducen estas brechas de ingreso persistentes y crecientes ? Por un lado, en frustraciones continuas en las aspiraciones de bienestar y calidad de vida, en virtud del rezago sistemático en los niveles de consumo familiar potencialmente alcanzables en relación con los niveles crecientes de consumo observados en las familias que poseen más ingresos. Y más que cantidad de bienes y servicios, aquí resulta importante la calidad de los bienes y servicios a los que los individuos van teniendo acceso: a mayor calidad mayor precio del bien o servicio, mayor ingreso requerido, menor probabilidad de obtener un nivel bienestar que se acerque al que tiene más ingreso. Esto se refiere en particular a bienes de consumo durables, a servicios de telefonía celular e internet, a seguros médicos, a servicios asociados a la vivienda residencial (incluida calidad de ésta), a la capacidad de ahorro y a servicios educacionales. Lo anterior ha contribuido a generar un proceso dinámico de frustración de expectativas referidas al deseo de mejoras aceleradas en el bienestar de las familias de clase media.
Pero hay un aspecto de lo anterior que estimo particularmente relevante para entender el surgimiento de esta masiva protesta pacífica, como reflejo del síndrome de frustración acumulada de expectativas de una clase media emergente, y que requiere ser especialmente abordado, en más detalle. Me refiero al impacto de las brechas de ingreso anteriormente referidas, sobre las asimetrías de oportunidades laborales futuras entre los jóvenes, tanto en términos de calidad de empleo como de perfiles esperados de ingresos futuros. Oportunidades éstas que hoy en día pasan por alcanzar niveles educacionales progresivamente más altos en cuanto a educación superior (universitaria y técnico profesional). Importante es señalar que por “niveles educacionales” no me refiero a la cobertura poblacional de la educación superior, sino más bien a la significativa heterogeneidad en cuanto a la calidad del servicio educacional a la que han ido teniendo acceso los jóvenes de esta (numerosa) “clase media” chilena, durante los últimos veinte años.
La cobertura de la educación superior en Chile tuvo un crecimiento explosivo en los últimos 20 años. La proporción de la población con al menos educación media completa subió desde 36% en 1990 a 60% en el 2017. La matrícula de pregrado durante los 20 años comprendidos entre el inicio de 1990 y finales del 2009 se multiplicó 3,4 veces. La matrícula de postgrado en mismo período se multiplicó 12,8 veces (Fuente: MINEDUC). En dicho incremento explosivo de la cobertura de la educación superior fue determinante el surgimiento de nuevas universidades privadas, las cuales hoy en día comparten por igual con las universidades públicas la cantidad total de alumnos en el sistema de educación superior. Las universidades privadas, en su mayoría, captan alumnos provenientes de esta numerosa “clase media” a la cual me refería anteriormente. En Chile, la tasa de retorno de la educación superior es bastante alta. Estudios indican que los estudiantes que terminan la educación universitaria de pregrado obtienen ingresos como profesionales que equivalen entre 3 y 5 veces los que obtienen aquellos que sólo finalizan la educación media. El acceso a la educación superior es, por tanto, el mecanismo más importante para la movilidad socio-económica.
¿Se ha traducido esto en mejores oportunidades laborales y mejores sueldos para estos jóvenes de clase media? Sí, pero en forma muy asimétrica, y en menor grado de lo que estos jóvenes esperaban. El salto cualitativo que anticipaban no se materializó. ¿Por qué? Básicamente, por dos razones. Primero, porque el acceso a la educación superior pasa por un sistema de admisión en el cual el postulante debe rendir una prueba de selección universitaria estandarizada, en cuyo resultado necesariamente se refleja la calidad de la enseñanza media que recibió cada postulante y/o una preparación ad hoc para dicha prueba, adquirida individual y voluntariamente en instituciones privadas. Ambas cuestiones están fuertemente correlacionadas con el nivel de ingreso familiar y con el capital cultural que trae el futuro estudiante universitario (también correlacionado con el nivel de ingreso de la familia a la cual pertenece). Y como existe un sistema universitario segmentado en términos de calidad, bastante heterogéneo, aquellas instituciones universitarias con mayor calidad exigen mejor desempeño en dicha prueba de selección universitaria y, por ende, terminan recibiendo los alumnos provenientes de familias con mayores niveles de ingreso.
En este sentido, el acceso a calidad en educación superior reproduce las inequidades de ingreso de las familias de origen. Esto podría haberse corregido si hubiese existido un buen sistema de acreditación que permitiese nivelar o reducir significativamente la dispersión de calidad en el servicio educacional proporcionado por las distintas instituciones de educación superior. Pero ello no ocurrió. La excesiva desregulación del sistema universitario privado y las significativas falencias en el sistema de acreditación universitaria – cuestiones que recién este año se subsanaron – implicaron que varias generaciones de jóvenes de clase media (muchos eran primera generación con formación universitaria en sus familias) recibieran una educación superior excesivamente heterogénea en términos de calidad. Y el mercado laboral internalizó este fenómeno, a la hora de efectuar sus contrataciones de jóvenes profesionales universitarios o con grados de educación técnica superior. ¿Qué implicó esto? Que tanto la calidad del empleo como los salarios recibidos por esta gran cantidad de jóvenes egresados de la educación superior en estos últimos 15 años, fueron menores a los esperados y contribuyeron a acrecentar las inequidades de ingresos al interior de la clase media, y entre ésta y los dos deciles de ingresos más altos de la población. Las redes de contacto iniciales – altamente correlacionadas con el capital socioeconómico y cultural de la familia de origen – no perdieron su rol en el acceso a oportunidades laborales en la magnitud en que debieran haberlo hecho, de no mediar esta falencia en la calidad de la formación universitaria a la cual tuvieron acceso. Si a lo anterior se le suma que buena parte de estos jóvenes financiaron sus estudios en estas universidades privadas a través de créditos, cuyas condiciones de amortización inicialmente no eran contingentes al perfil de ingresos futuros, peor todavía. Ello disoció – durante estos últimos 20 años – las expectativas de bienestar económico potencial de esta numerosa clase media emergente, con la realidad del mercado laboral al cual se fueron insertando.
Lo anterior explica la justificada frustración de la clase media emergente, particularmente de las generaciones más jóvenes, las cuales esperaban que con su educación superior adquirida podrían contar con mayores estándares de vida que los que efectivamente les permitió el mercado laboral, por motivos que en definitiva son responsabilidad del Estado (los Gobiernos) y no de ellos.
Si bien no he abordado más que el diagnóstico, sin referirme para nada a posibles soluciones, las siguientes frases de carácter general, pueden ser atingentes:
“La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, a excepción de todos los demás.” Winston Churchill.
La única intransigencia que se le permite y exige a un demócrata es para cuidar la democracia.
Asimismo, extrapolando la frase de Churchill al ámbito de la economía:
El sistema capitalista es el peor sistema económico diseñado por el hombre, a excepción de todos los demás.
Los sistemas políticos y económicos son perfectibles y adaptables a circunstancias particulares. Pero no hay que confundir tales intentos de perfeccionamiento y adaptación con la desnaturalización de sus esencias.
Siempre es posible – hoy en día aconsejable – revisar el diseño y prioridades en el ámbito de las políticas públicas. Lo que no es posible es olvidarse de la restricción presupuestaria en la cual éstas se enmarcan.
