COVID19: Políticas Públicas y falsas dicotomías1.
Guillermo Le Fort Varela
Profesor Titular FEN-UCH
- Debemos aprender a andar en bicicleta y mascar chicle simultáneamente. La salud y la economía no son independientes entre sí; si prescindimos de una, tampoco tendremos a la otra.
Cansa ver a los animadores y opinólogos de TV transformados en expertos epidemiólogos pidiendo cuarentenas generalizadas por el COVID 19, como si esta fuera la única preocupación de toda la humanidad, desde hoy y para siempre. Incluso, incursionando en el fariseísmo, rasgan vestiduras acusando a quienes tienen una visión más ponderada y matizada de que “están dispuestos a pagar costos en vidas humanas con tal de reactivar la economía”. Habría que advertirles que el problema que enfrentamos es muy grave y que no se soluciona con un encierro total, por largo, general y destructivo que éste sea. Que la economía y la salud están estrechamente unidas como lo prueba el hecho que la mejora en los indicadores de mortalidad infantil, morbilidad, esperanza de vida y otros de cada país están asociados íntimamente con el incremento en el producto y los niveles de vida. Y por si no queda claro: si los niveles de vida caen dramáticamente, también lo harán los indicadores de salud y con ello el bienestar de las personas ya que la gente sufre, enferma y se muere por distintas causas, incluyendo el COVID19.
Las soluciones de esquina como las que predican estos opinólogos casi nunca son las óptimas, y esta no es la excepción. Un encierro generalizado de varios meses no sería solución para nada, destruiría la economía y al terminar el encierro el virus volvería a aparecer. Ignorarlo, a la AMLO-Bolsonaro, tampoco es solución: el costo directo en vidas de esa brutal inmunización “automática” es inaceptable y también tendría un impacto prolongado sobre la economía, ya que las epidemias vienen en olas y más de una de ellas haría colapsar al sistema hospitalario. En lo que respecta al COVID19, tenemos que ser capaces de administrar el ritmo de contagio evitando el colapso del sistema de salud siguiendo las indicaciones diseñadas con inteligencia, sentido de oportunidad y dinamismo por la autoridad sanitaria. Pero al mismo tiempo debemos hacer los esfuerzos por hacer funcionar la economía, focalizando las restricciones de trabajo y movilidad en los más vulnerables y en las zonas donde existen los mayores riesgos de contagio.
Las experiencias más exitosas nos enseñan la importancia de testear ampliamente, rastrear y aislar a los portadores del contagio. Para esto se necesitan recursos y también información que sirva de guía de una política flexible, dinámica y selectiva diseñada por epidemiólogos. Es cierto que no existen certezas sobre las cifras de contagiados, sobre la eventual inmunidad y sobre distintos aspectos de la pandemia. Pero es necesario actuar y tomar decisiones hoy. Debemos confiar en las autoridades y en el juicio de los expertos que las asesoran y que proponen soluciones en el ámbito de lo que se conoce y es posible realizar. Las políticas públicas no pueden basarse en certezas y si las esperamos será demasiado tarde y el problema dejará de serlo al costo absurdo de las soluciones extremas: con una mortalidad elevada y una economía destruida.
El costo de una paralización generalizada y prolongada de la actividad económica lo pagamos todos, pero especialmente los más vulnerables. Los que están fuera del paraguas protector del sistema de seguridad social, los independientes, los informales y particularmente los más pobres. Para algunos existe la fantasía de que el Estado es capaz de resolverlo todo, que puede entregar ingresos compensatorios para que todo el mundo pase un encierro prolongado sin sentirlo en lo económico. En la realidad, a pesar de las valiosas políticas mitigadoras en aplicación, todo el mundo está incurriendo en costos, incluso los trabajadores formales que tienen seguro de cesantía por el 70% de su ingreso, o los emprendedores que alcanzan alguna línea de financiamiento con garantía del Estado que puede permitir a sus empresas subsistir, pero que no eliminará las pérdidas y descapitalización sufrida. Los que pagan los mayores costos son los informales que reciben bonos muy parciales cuando califican y para qué decir los independientes que no califican en los programas. Durante algún tiempo, de dos a tres meses, el paliativo ofrecido por el Estado va ayudar a los que están bajo el paraguas protector, pero ¿Qué pasa después? ¿qué pasa con el resto? La compensación que puede realizar el Estado es parcial y temporal dado que sus recursos son más limitados mientras más amplio y duradero sea el paro y más personas y empresas requieran de ser compensados. Entonces es cuando la merma en la producción reduciría más severamente la recaudación tributaria que surge de la producción: el IVA de las ventas, el impuesto de 1ra categoría de las utilidades de las empresas, el de segunda categoría de los ingresos de los trabajadores. En una economía parada el Estado solo puede aspirar a cobrar tributos de los empleados públicos.
Lo que ya se ha comprometido en ayudas para 2 o 3 meses eleva el déficit fiscal a 8% del PIB para este año, suponiendo una caída del PIB moderada, -2%, o menos de la mitad de lo que proyecta para Chile el FMI (-4,5%). Ese estímulo es muy importante y además financiable por 2020 al menos. Pero si las medidas debieran ampliarse de 3 a 6 meses, si hay que apoyar a grandes empresas y si la caída del PIB por el encierro más general y prolongado se ampliara por encima de lo pronosticado por el FMI, nos empezaríamos a encontrar con déficits enormes y una muy severa restricción de recursos. Esta pondría en riesgo no solo la continuidad de las medidas para enfrentar el COVID19, sino que todos los programas sociales y para que decir cómo afectaría las aspiraciones de mayores pensiones, mejor educación y mejor salud para todos.
Debemos aprender a andar en bicicleta y mascar chicle simultáneamente. La salud y la economía no son independientes entre sí; si prescindimos de una, tampoco tendremos a la otra.