Educación: No Confundamos Bienes Públicos con Bienes Libres

Guillermo Le Fort V.
Profesor UCH, socio de LE&F

Los insistentes pedidos de los estudiantes por una educación pública de calidad, universal y gratuita, encuentra eco en muchos sectores de la sociedad. El acceso a una educación de calidad es un asunto de justicia y movilidad social ya que esta abre oportunidades para que cada uno, sobre la base de su propio esfuerzo y capacidad de superación, llegue a realizar sus sueños. ¿Quienes son los que tendrán acceso a una educación de calidad, sólo los que tiene padres que pueden y están dispuestos a financiarlos, o todos? ¿Quiénes son los que accederán a los tramos más altos de la Educación Superior, los que tienen familias con ingresos para mantenerlos en el sistema, o los con mayor capacidad, esfuerzo, mérito y excelencia académica? Mucho del tipo de país que queremos se define en la respuesta a estas preguntas, y esperamos que la mayoría se pronuncie porque todos tengan acceso a la educación de calidad y que sean los con más mérito y excelencia académica, los que completen las mayores especializaciones.

Que la educación de calidad sea además universalmente gratuita es más discutible. ¿Porqué va a ser aceptable que los sectores con mayores ingresos vuelquen al Estado sus cargas y responsabilidades? Que pague Moya puede parecer atractivo, pero también puede llevar al desperdicio de recursos y a la redistribución regresiva de las rentas. Al desperdicio porque cuando algo no cuesta no importa como se usa, o si se destruye, total siempre es posible conseguirlo de nuevo gratis. Puede llevar a la redistribución regresiva, haciendo que el Estado subsidie a los grupos de mayores ingresos, como en el caso de las carreras universitarias tradicionales, a las que acceden principalmente los estratos de ingreso medios y altos, y que en todo caso dan elevados retornos pecuniarios a muchos de los que se educan en ellas. El uso reiterado de ese principio de subsidiar al voleo y que pague Moya, trasladado a distintos servicios como la educación, la salud, la previsión, la seguridad, la vivienda, y otros termina por llevar a enormes déficit públicos, el sobre endeudamiento y la quiebra de los Estados. Ejemplos sobran en Europa hoy día. Debemos cuidar los recursos del Estado y focalizarlos hacia dónde su uso es más eficiente para solucionar los problemas sociales.

El problema no es el ideal de justicia, es tratar de alcanzarlo pretendiendo que la Educación pueda ser un bien libre, es decir abundante hasta la saciedad, con precio cero, o gratuito. Los bienes libres son una construcción teórica que en la práctica sólo existen como fenómenos locales o transitorios, como el buen aire de la costa central, o la vista de Santiago después de una lluvia con la Cordillera nevada de telón de fondo. La educación nunca va a ser un bien libre, siempre va a tener costos producirla que alguien va a tener que pagar y, si es de calidad, va a tener un valor alto para quienes la reciban y bien aprovechen.

El acceso universal a una educación de calidad es un bien público, que genera externalidades positivas para toda la sociedad: desarrolla valores y cultura, promueven la integración, mejora la productividad y favorece la movilidad y la justicia social. Esto es lo que justifica la intervención del Estado para asegurar su provisión eficiente, y que no sea el precio del servicio el elemento de exclusión. Todos los niños chilenos deben tener acceso a una educación de calidad, preescolar, básica, media e incluso técnico profesional. Pero para esto no es necesario ni conveniente que la educación sea gratuita para todos. Lo necesario es que sea subsidiada para quienes provienen de familias sin ingresos suficientes para pagarla o financiada cuando su retorno principal es privado.

Para que la educación subsidiada por el Estado sea de calidad comparable con la que se provee sin subsidio se deben remunerar a los recursos que intervienen en este proceso productivo de manera competitiva. Así buenos profesores, gestores y también instalaciones y equipamientos adecuados pueden ser atraídos al sistema que funciona con subsidios del Estado. También es necesaria la fiscalización, para que los recursos del Estado se utilicen bien y no sean malgastados por inescrupulosos que se enriquecen ilícitamente con ellos, sin entregar un servicio de calidad al educando; incluyendo a los que cobran un sueldo y sacan la vuelta, o no tienen las calificaciones requeridas para educar con los estándares de excelencia que buscamos.

Seamos prácticos, evitemos la ideologización del debate planteando que la burocratización de la educación en grandes instituciones públicas permitirá hacer de ella un bien libre. Para una educación de calidad con acceso universal se necesitan más recursos aportados por el Estado, pero también su uso eficiente y bien focalizado.

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