Protesta Ciudadana en Chile
MAURICIO OLAVARRIA GAMBI
Centro de Estudios Democracia y Progreso
25 de Octubre de 2019
En los últimos días hemos observado un cúmulo de hechos que no ha dejado indiferente a ningún chileno. Por un lado, una protesta ciudadana pacífica, que interpela a los poderes públicos y, por otro, acciones vandálicas que han generado grave destrucción a la propiedad pública y privada y causado temor, zozobra y daño a la población. ¿Qué provocó esta situación? Un análisis de las discusiones e información que ha circulado por diversos medios y redes permite identificar cuatro hipótesis. ¿Cuál de ellas será la adecuada para interpretar lo que ha ocurrido y, así, encontrar caminos de solución?
Hipótesis 1: “La desigualdad provocada por el modelo”. La desigualdad en Chile es de larga data. El censo de 1778, realizado cuando aún éramos colonia española, muestra una estructura social altamente segmentada, en que la cuna determinaba las oportunidades de bienestar. Una estructura social encabezada por el hecho de ser español y que era seguida de manera descendentes por los criollos, mestizos, indios libres (como los denominaba el censo), indios encomenderos, mulatos y zambos libres, y, finalmente, negros y mulatos esclavos. Asimismo, Durán (2018) muestra que el Coeficiente de Gini (que mide la desigualdad de ingresos) estuvo permanentemente por sobre el 0,5, entre 1850 y 2010, y que sólo en dos oportunidades, en 1905 y 1975, se habría ubicado en 0,45. También muestra que en tres oportunidades esta desigualdad de ingresos habría tocado un techo de alrededor de 0,62 en 1870, 1930 y hacia fines de la década de 1980. Le Fort (2017: 82) expone que “ha habido una reducción de la desigualdad de cinco puntos (0,05 en el Coeficiente de Gini) … en los últimos 25 años … (y que) pocos países (comparables) superan a Chile en su ritmo de progreso e inclusión”.
Por otro lado, el mismo Le Fort (2017) estima que la pobreza extrema fluctuaba entre 83% y 70%, entre 1926 y 1940. Ahumada (2000) concluía que en 1955 el 58,6% de los chilenos vivía en pobreza. Luego, datos de la Encuesta CASEN – que no son comparables a las estimaciones anteriores – arrojaron que la pobreza era de 45,1% en 1987 y de 8,6% en 2017.
Esos datos muestran que, desde fines del siglo XX, ha habido un acelerado progreso social, caracterizado por el incremento en el bienestar material de un significativo grupo poblacional que anteriormente estaba en el segmento de la pobreza.
Quienes han estado protestando en las calles no son los proletarios, son personas de estratos medios, con una cuota importante de personas de los llamados sectores emergentes, que buscan asegurar las fuentes de acceso al bienestar y que, en ningún caso, aún en condiciones de crisis, estas se debiliten o eliminen. Del mismo modo, las imágenes muestran que los participantes en saqueos llegaban en autos, camionetas y hasta camiones, que no es el tipo de bienes en posesión de los pobres.
Así, lo que los datos e imágenes parecen insinuar es que el reclamo es, más bien, por afirmar y reforzar canales de acceso a oportunidades de bienestar, con especial énfasis en el establecimiento de mecanismos que permitan evitar el regreso a la pobreza. Aunque desde 1990 ha habido un notorio progreso social para vastos sectores de la ciudadanía, la protesta ciudadana parece sugerir que las expectativas de bienestar se fueron ubicando crecientemente en un nivel superior al alcanzado.
Capponi (2019) apunta que la ostentación que irradian los medios de comunicación genera una sensación de indignidad y humillación, que produce resentimiento y que puede llevar a la búsqueda de la destrucción “de lo que el otro tiene”. De este modo, siguiendo a Capponi, la falta de austeridad y ostentación de los más acomodados, de los rostros de TV, de la publicidad hacen sentir a las personas – particularmente de los sectores emergentes – que, aunque han tenido progreso social y material en sus vidas, no lograrán alcanzar el nivel de bienestar material del que otros hacen alarde, lo que genera frustración y genera una protesta (legítima) por distribuir más equitativamente las oportunidades de bienestar.
Así, entonces, la protesta ciudadana parece demandar rectificaciones importantes a los mecanismos a través de los cuales las personas acceden al bienestar material, antes que “cambiar el modelo” de desarrollo por el que ha optado el país.
Hipótesis 2: “Los abusos”. Esta hipótesis es de amplio espectro. El reclamo por los abusos no tiene como destinatario un solo grupo social. De acuerdo a las encuestas de opinión y las imágenes de las protestas, los abusadores parecen ubicarse en la élite empresarial, en los poderes públicos, en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales. Al empresariado se le reclama su insensibilidad social y excesiva propensión a la codicia, que le lleva a coludirse, a alterar estados financieros y esquilmar a sus clientes, como en el caso La Polar, y a corromper al sistema político para favorecer sus intereses. Los ciudadanos no solo se sienten maltratados, sino que también cautivos y sin posibilidades de escape de los codiciosos. A los políticos se le ve como agentes que han capturado al Estado para sus propios intereses y que son sensibles al lobby, en vez de promover lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos, que han tomado a la Administración Pública y empresas públicas como botín a repartir entre sus cercanos, que utilizan los cargos en esas reparticiones para pagar favores políticos y mantener equipos para sus campañas electorales. A su vez, el generoso financiamiento público a los partidos políticos ha significado el surgimiento de burocracias partidarias, lo que incentiva la perpetuación en esas estructuras y pone en duda su representatividad. Los parlamentarios son vistos como un grupo privilegiado, que no solo recibe altas dietas, sino a los que los ciudadanos debemos financiar sus oficinas, grupos de asesores, bencina de sus autos, celulares de ellos y grupo de activistas, que adicionalmente cobran viático por ir a hacer su trabajo, al que con frecuencia faltan, que – con más frecuencia de la quisiéramos los ciudadanos – exhiben transgresiones a las normas éticas que guían al servicio público. También, un sector de ellos, que dice representar a sectores populares, se niega a reducir el número de ellos, con lo que levantan la sospecha acerca de si la real razón es no abandonar privilegios y financiamientos para sí y su grupo de activistas, que de otra manera no tendrían. En contraste la ciudadanía advierte que temas de alto impacto para sus vidas permanecen sin solución, lo que es achacado a falta de empatía con los ciudadanos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo.
La ciudadanía también ha ido expresando, desde hace largo tiempo, repulsa a otros personajes públicos. Las encuestas de opinión muestran el descrédito en que ha caído el poder judicial, al que se le achacan conductas de patronazgo en que con reiterada frecuencia parientes de jueces acceden a cargos de notarios, cargos en el propio poder judicial y conductas abiertamente corruptas, como las evidenciadas en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Aunque en este caso hubo severo castigo, la ciudadanía se pregunta insistentemente si ese es un caso único en el poder judicial y si se sancionó a todos los involucrados. El caso de Rancagua también ha reafirmado percepciones de abuso de fuero por parte del Ministerio Público. Junto a ello, se le reclama el trato desdeñoso hacia las víctimas, quienes – de acuerdo a reiterados testimonios recogidos por los medios de comunicación – sienten que son ellos los que deben proveer todos los medios de prueba para que la fiscalía tramite la causa, pero reiteradamente con bajos grados de efectividad. Igualmente severo es el juicio ciudadano hacia los altos mandos del Ejército y Carabinero, al conocerse variados casos de corrupción en esos círculos, lo que contrasta con la apreciación ciudadana hacia el Carabinero de a pie.
A los funcionarios públicos se les reprocha su actitud excesivamente burocrática y tramitadora, su falta de sensibilidad con los dolores y necesidades ciudadanas, sus continuos paros y huelgas, que sus denominados turnos éticos es un eufemismo para ocultar sus demandas egoístas y que un buen número de ellos ha llegado a los cargos como consecuencia directa del patronazgo político sobre la Administración Pública.
La dirigencia sindical es vista también con recelo por parte de la ciudadanía, como muestran también las encuestas de opinión. Ello se refleja en la tasa de sindicalización, que en 1973 era de 34%, a 1991 era de 18,2% y a 2013 se había reducido a 14,2% (Sanhueza y Kremerman, 2015). A contrario sensu, aunque todavía la tasa de participación en organizaciones de la sociedad civil es inferior al 5% de los ciudadanos (Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 2017), el número de organizaciones ciudadanas formalmente creados se ha incrementado exponencialmente desde la década de 1990 (Universidad Católica de Chile, 2016). Así, entonces, los ciudadanos parecen estar optando por crear organizaciones que defiendan causas más directamente relacionadas con sus motivaciones comunitarias y solidarias.
De este modo, la hipótesis de abuso parece estar encarnada con profundidad en las percepciones ciudadanas. El abuso lleva a una falta de efectividad del Estado, toda vez que habría intereses que se anteponen a los propiamente ciudadanos, y que, como consecuencia de ello, oxida los engranajes que permiten un acceso más fluido a las oportunidades de bienestar.
Hipótesis 3: “Debilitamiento institucional”. Esta hipótesis recoge percepciones que han ido surgiendo en el tiempo acerca de la capacidad y voluntad de agentes del Estado para detener la ocurrencia de incivilidades y sancionar conductas delictivas. Áreas de la criminología muestran que la falta de sanción o carencia de acciones que inhiban conductas que desbordan el orden social aceptado, generan una señal de falta de control y un incentivo al desarrollo de actos vandálicos y delitos contra las personas y la propiedad publica y privada.
En este marco, una línea de crítica se ha centrado en que el sistema de justicia surgido de la reforma procesal penal, hace 20 años, sería excesivamente garantista, lo que generaría altas dificultades para sancionar hechos delictivos. A ello se añadiría el llamado “activismo judicial”, que lleva a que jueces, por convicciones ideológicas, dejen de sancionar, rebajen las penas o apliquen medidas cautelares nimias ante la comisión de delitos e incivilidades.
En este mismo marco, se reprocha al Ministerio Publico su falta de efectividad. Datos de la propia Fiscalía, reportados por Radio Biobío (2019), muestran que el sistema antiguo sistema de persecución penal lograba condena en el 17% de los casos, mientras que el sistema actual, a 20 años de su instalación, logra condenas en solo el 13,54% de las causas, que los archivos provisionales, que en 2009 eran 45,78%, al primer de 2019 eran 52,43%. Otros datos estadísticos corroboran la falta de efectividad del Ministerio Público, no obstante el significativo incremento de recursos que ha recibido.
Entre las incivilidades mas reiteradas se cuentan las tomas de establecimiento educacionales, interrupción del tránsito y alteración del orden público – como consecuencia de esas tomas –, las evasiones masivas ocurridas en el metro en los últimos días y las evasiones en el Transantiago desde los inicios de este sistema. A ello se suma las continuas presencias de encapuchados y overoles blancos en acciones en liceos y universidades, agresiones a Carabineros y autoridades civiles – como el hecho que una adolescente de 14 años arrojara agua en la cara a la Ministra de Educación Mónica Jiménez, en 2011, sin recibir sanción –, funerales narcos con aceptación policial y otros hechos de similar naturaleza (ver De la Maza, 2019). En el mismo tenor, un reportaje de la Revista Que Pasa (2009) mostraba que en 80 poblaciones de Santiago el orden no era impuesto por el Estado, sino por bandas delictuales. 10 años después la situación parece haber empeorado. El poder que han alcanzado las bandas delictuales, de narcotraficantes, de contrabando de cigarrillos y otras especies, grupos que lucran con maquinas de juego disfrazada de habilidades están, hace ya tiempo, desafiando al Estado.
Asimismo, la falta de atribuciones de la policía para controlar incivilidades, como control de identidad a adolescentes, registro de pertenencias y automóviles en situaciones que puedan derivar en hechos vandálicos y delictivos, y decisiones de tribunales que declaran ilegales las detenciones, aunque exista abundante evidencia de preparación de delitos – como el caso de personas que transportaban gran cantidad de armas en su vehículo en San Antonio fueron liberadas por los jueces –, también puede ser vista como un debilitamiento de la capacidad del Estado para generar y mantener el orden público. También puede estar mostrando que habría una captura del poder judicial por intereses distintos a impartir justicia.
A lo anterior, se suma la ya señalada mala percepción ciudadana hacia el Congreso, el Poder Judicial, Ministerio Publico, Partidos Políticos y otros actores del escenario nacional por los abusos que han cometido.
Hipótesis 4: “Acciones concertadas”. Esta hipótesis surge de la profusa divulgación de mensajes llamando a la evasión (antesala del clima que por estos días se vive), del hecho del vandalismo y quema simultanea de varias estaciones de metro, de los mensajes en redes sociales de grupos anarquistas y anti-sistema reivindicando participación en los hechos, comunicado de la Secretaría General de la OEA (2019) asignando responsabilidad al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba en “las corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente”, la profusa divulgación en redes sociales de videos del presidente venezolano y del Presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Sr. Diosdado Cabello, y, finalmente, de la ocurrencia de saqueos – particularmente los acaecidos en la tarde y noche del 18 de Octubre de 2019 – que llevó al Presidente de la República a declarar el Estado de Emergencia.
Aunque mayor y más precisa información es necesaria para confirmar o refutar esta hipótesis, la simultaneidad y rápida propagación de los hechos hace que esta hipótesis se instale en el análisis.
Respecto de la ocurrencia de saqueos, es conveniente tener presente las lecciones y conclusiones del experimento social realizado por Phillips Zimbardo en 1969. Zimbardo (2013) argumenta que contextos de falta de control estimularían una sensación de anonimato entre grupos minoritarios (mujeres y hombre invisibles), lo que contribuiría a que se convirtieran en potenciales vándalos y perpetradores de actos delictuales contra la propiedad y las personas, actos que, en otras circunstancias, no cometerían. Sobre ello, en entrevistas en medios de comunicación, Alcaldes de la Región Metropolitana de Santiago reportan haber recibido denuncias de vecinos que señalan que bandas de narcos y delincuentes serían quienes descerrajarían cortinas y acceso a locales de comercio, iniciando con ello saqueos, seguidos luego por grupos de personas que, en otras condiciones, no habrían actuado de la manera en que lo hicieron.
Visto en perspectiva, lo que la protesta ciudadana estaría expresando una fuerte y potente demanda por mejorar los canales de acceso a las oportunidades de bienestar, una distribución más equitativa de ellas, un fuerte rechazo a los abusos y un reforzamiento del Estado. La violencia ejercida por grupos que buscan aprovechar e instrumentalizar la protesta ciudadana da cuenta de la necesidad de mejorar los mecanismos de información destinados a anticipar la ocurrencia de esos hechos, de preservar el orden público y hacer mantener el Estado de Derecho como mecanismos de defensa de la institucionalidad democrática.
Caminos de salida
Dadas estas hipótesis, ¿Qué hacer, entonces?, ¿Qué opciones de política pública hay para poder responder eficaz y eficientemente a las aspiraciones ciudadanas?
Dos condiciones, que estarán en permanente tensión entre si, deberán darse para dar adecuada satisfacción a esas aspiraciones. La primera, es que se requerirá tiempo. No será posible resolver en pocos días, aquellas angustias ciudadanas que se han acumulado durante tanto tiempo. Respuestas instantáneas pueden agravar la crisis. La segunda, que es más importante y que determina los plazos de la primera, es que los diseños de políticas publicas sean integrales e interconectados. Así, la urgencia del momento es que los poderes públicos identifiquen las avenidas por donde transitarán las respuestas a las aspiraciones ciudadanas. Cuatro caminos que converjan a la plaza de las soluciones aparecen en el horizonte.
Avenida 1: “La política”. Aunque la política es la gran damnificada de la protesta ciudadana, son los poderes públicos los que deciden sobre las políticas públicas que se implementan en el país. En un escenario en que demandas ciudadanas se expresan a través de las redes sociales, sin mediación de las estructuras de representación, la política debe retomar su capacidad de conducción social y de articulación de visiones e intereses: lo propio de la política. Ese es el espacio donde deben converger las propuestas, generarse un diálogo y adoptarse las decisiones sobre la base de acuerdos amplios, en un ambiente de responsabilidad republicana.
Sobre ello, es necesario recoger las lecciones que dejó el quiebre institucional de 1973, en el que la extrema rigidez de los actores políticos los llevó a perder capacidad de articulación de intereses y negociación, generando un vacío de poder, que fue llenado por agentes que estuvieron 17 años en el poder.
Avenida 2: “Orden público”. El orden público debe ser restituido a la brevedad, pues sin él difícilmente la política podrá operar. La paz social es una condición necesaria para abordar las demandas ciudadanas. El Estado debe imponerse a los grupos violentistas y vandálicos. El Estado de Derecho debe operar, imponer la paz social y hacer efectiva las responsabilidades de quienes lo desborden.
Avenida 3. “Avanzar en equidad en las oportunidades de bienestar”. En este contexto, el ámbito de intervención más urgente es el de la política social, que deberá abordar las demandas por mejoramiento y reforzamiento de los canales de acceso a las oportunidades de bienestar. Intervenciones específicas en las áreas de pensiones, salud, calidad del empleo y remuneraciones deberán ser las que ocupen los primeros esfuerzos. Deberán hacer coincidir dos condiciones difíciles de compatibilizar: satisfacción ciudadana y responsabilidad fiscal.
Avenida 4: “Reforzamiento del Estado”. Otro ámbito de intervención, de igual importancia, y que requerirá un arduo trabajo, complejos análisis y extendidos consensos es el de reforzamiento institucional. Ello implicará mejorar las capacidades regulatorias del Estado para evitar abusos, tanto en la provisión de servicios básicos, financieros, de transportes y telecomunicaciones, servicios humanos (educación, salud, pensiones); pero también retomar la modernización de la Administración Pública, de modo de superar los excesos burocráticos de los funcionarios públicos; incrementar los niveles de efectividad del sistema de justicia penal y civil, y de responsabilidad de estos ante los ciudadanos, dotar de mayores elementos a los órganos de control de incivilidades y delitos; mejorar la representatividad, funcionamiento, efectividad y responsabilidad del Congreso.
También será necesario mejorar sustantivamente la capacidad de inteligencia policial, de modo de poder anticipar graves hechos delictuales y de alteración del orden público. Ello también implica que los organismos de inteligencia del Estado deben mejorar sus capacidades para ubicar y aportar pruebas para que los tribunales puedan sancionar a los responsables de los actos delictuales ocurridos no solo durante la crisis social vivida, sino también de los hechos que la antecedieron.
En suma, será necesario reforzar al Estado, lo que no significa agrandarlo, sino hacerlo más efectivo, para que pueda cumplir el anhelo básico de la ciudadanía: reforzar y mejorar los canales de acceso a las oportunidades de bienestar.
Todo lo anterior requerirá que la élite política – poderes ejecutivo y legislativo principalmente, aunque no exclusivamente – puedan entender el desafío histórico que enfrenta Chile y pongan en el centro de su preocupación los intereses ciudadanos. Ojalá lo puedan comprender.
REFERENCIAS
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