Seguridad Ciudadana: ¿Control v/s prevención?

       De acuerdo a cifras entregadas por el INE, la tasa de victimización del 2018 es menor que el 2017 y mucho menor que hace 10 años. Es decir, y pese a que casi un 80% de la población percibe que la delincuencia aumentó, los indicadores muestran que han ocurrido menos delitos. Así y todo, el problema de la delincuencia y su abordaje sigue siendo un tema relevante, cuyas estrategias en los últimos años y Gobiernos no han considerado una mirada amplia e integral de este problema social.

       Una mirada sobre la problemática de la delincuencia hoy en día en Chile y sobre los desafíos para la política pública en esta materia, es la que compartió el investigador y académico de la USACH y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland at Collage Park, EEUU, Mauricio Olavarría, durante el Conversatorio Seguridad Ciudadana: ¿Control v/s prevención?, organizado por el Centro de estudios Democracia y Progreso el pasado mes de mayo.

       El experto en materias de Políticas Públicas, Pobreza, Desigualdad y Criminalidad, comenzó su exposición haciendo referencia sobre los números de la delincuencia presentados por el INE y los delitos más recurrentes en el país, como son robo con violencia e intimidación, robo con sorpresa, robo con fuerza en la vivienda, hurto, lesiones, robo o hurto de vehículos, entre otros, todos los cuales muestran el 2018 una baja en la tasa de victimización respecto al 2017.

       Explicó sin embargo que los indicadores de la percepción de la delincuencia, aumentó. “Hoy casi un 80 % de la población percibe que aumentó, a pesar de que hay una baja en relación al 2017. Y es una opinión influida por los medios de comunicación porque los encuestados manifiestan que es ahí donde se informan, desde TV y radios, tanto a través de noticiarios y reportajes”, señaló.

       Como parte de la problemática, el académico se refirió a la reincidencia delictual y los efectos de las políticas de reinserción social. “Los programas de reinserción han tenido efectos, aunque la ciudadanía espera que ellos sean mayores, porque los datos dan cuenta que personas que se someten a programas intracarcelarios de capacitación y empleabilidad tienen una tasa de reinserción social mayor de aquellos que no se incorporan a estos programas de capacitación y educación.  Por otro lado, se deduce que las personas que cumplen sus penas en medios abiertos o libertad condicional, tienen tasas de reincidencia delictual más bajas y los que cumplen en medios cerrados es más alta.”

       Mauricio Olavarría, indicó además que aquellas personas que cumplen sus condenas completamente en el sistema cerrado  tienen más alta probabilidad de reincidencia que aquellos que les ha sido conmutada la pena o tienen algún beneficio de reducción de penas. “Esto está asociado a que aquellos que cumplen completamente su condena, tienen más mala conducta al interior de los penales  y más compromiso delictual que otros”, aseguró. También señaló que la reincidencia delictual es más recurrente entre los presos más jóvenes.

       Los indicadores de la Unidad de Estudios de Gendarmería de Chile, también muestran tasas de reincidencia según causal de egreso, tanto en el subsistema cerrado como abierto, donde también las tasas de reincidencia serían menores en aquellos que cumplieron su condena en el subsistema abierto más que en el cerrado.

       Mauricio Olavarría hizo mención además al costo del crimen, haciendo una comparación entre los costos en Chile como otros países latinoamericanos. “Un estudio realizado el 2015 arroja que el costo del delito en Chile es del 2.42 del PIB, donde el caso chileno es equivalente al de Uruguay, más alto que Costa Rica y más bajo que el de Paraguay. Un costo que incluye los costos de la anticipación del delito, como todo el conjunto de medidas que toman los ciudadanos  para evitar ser víctimas de delitos, ejemplo alarmas, guardias, organizaciones, transporte de valores, circuitos cerrados de tv, entre otros. Y son costos porque son gastos que de otra manera las familias las habrían invertido en cosas que les dan mayor bienestar.  Y costos en el ámbito público como gastos en presupuesto público en policías, en poder judicial  y defensoría pública, en administración penitenciaria y gastos de la subsecretaria de prevención del delito. El costo de este mal social es mayor que lo que se invierte en un bien social, como es la ciencia y tecnología, que alcanza a un 0,37% del PIB”, destacó.

       Como parte de la problemática delictual, el presentador del Conversatorio incluyó un estudio sobre los costos de la droga en Chile, indicando que el costo del Alcohol y Droga en Chile en el 2006, implica un 1.3 PIB de Chile, donde los mayores costos se asocian a pérdida de productividad relacionado al consumo excesivo de alcohol (62.8%).

       Con todo estos antecedentes, Mauricio Olavarría se refirió a algunas estrategias que abordan el tema delictual desde diferentes corrientes y de cómo éstas sirven de base en el desafío del desarrollo de políticas públicas para este fenómeno.

       Así hizo alusión a enfoques marcados por el modelo racional, la corriente sociológica como la corriente psicológica, y cómo de acuerdo a cada uno de ellos se establecen ciertos criterios para combatir la delincuencia, que van desde el aumento de penas, reforzamiento del sistema de control, estrategias de prevención con mayor inteligencia policial, vigilancia y control a estrategias de prevención social del delito con acciones que abordan en forma focalizada y en ciertos grupos de riesgo por medio de la educación, apoyo a la no reincidencia, reforzamiento del orden social, trabajo con comunidades y barrios, creación de espacios de confianza y encuentro, entre muchos otros.

       Específicamente sobre las Opciones de Política Pública, el experto indicó que los pilares de una Política de Seguridad Ciudadana, deben construirse sobre la base de tres pilares, como la Estrategia de prevención social del delito, Estrategia de prevención situacional y Política carcelaria.  “Lo que muestra la evidencia es que estas tres estrategias necesitan conversar y vincularse.  Se requiere de integralidad, coherencia, coordinación y adaptabilidad.”

       Mauricio Olavarría agregó que la Política de Seguridad Ciudadana debe incluir tres niveles de intervención. El primero a nivel macro que implique el fortalecimiento institucional y capacidades del aparato público. “Acá la política social debe generar capacidad para cambiar el destino probable de un conjunto de personas que de otro modo optarán por la delincuencia. Lo que muestra la evidencia es que la escuela es un preventivo de la criminalidad como también el reforzamiento familiar, y en la medida que las personas obtengan acceso a un empleo y estabilidad laboral también es preventivo.”

       Otro nivel es el meso. “Es decir intervenciones de política social con efecto sobre la prevención del crimen, como la reducción de la probabilidad de involucramiento criminal en personas en riesgo socio-delictual, la expansión de capacidades y oportunidades, la promoción de valores y respeto a normas sociales democráticas, como es el evitar el abandono escolar; ampliación de la cobertura y calidad de servicios sociales, mejoramiento de la habilitación y reinserción laboral, empleo decente y emprendimiento, apoyo psico-social a jóvenes infractores de ley.”

       Y en el nivel micro, está la Prevención Situacional del Delito. “En donde se requiere fortalecer capacidades para un mejor funcionamiento de policías, tribunales y sistema carcelario y que implica, además, mejorar la inteligencia policial, capacidad de disuasión y control del delito, de una política carcelaria que además de aplicar castigo, busque evitar el contagio criminógeno y establezca mecanismos efectivos de reinserción social y desistimiento, ello porque los datos muestran además que los que pasan  en programas de reinserción social en las cárceles a través de la capacitación y educación, tienen más baja reincidencia de los que no la vivieron. Y ahí hay una buena señal. Así mismo de una política carcelaria que dialogue con política de fortalecimiento institucional y política social”, comentó.

       Olavarría sacó al pizarrón también los Planes de Seguridad Pública de Bachellet 2 “Seguridad para Todos” y el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública del actual Gobierno de Sebastián Piñera. Sobre el primero señaló que hubiera sido deseable una política de seguridad ciudadana más concreta, clara y basada en evidencia. Agregó que las políticas de control y prevención social no son contradictorias, que ambas se necesitan y que deben complementarse para generar espacios más seguros para los ciudadanos. Sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública del actual gobierno, extrañó que en sus focos no se incluya nada acerca de Política Carcelaria, Prevención Social, Reinserción Social. “La inversión más rentable en la prevención social del delito es la intervención temprana, ello porque hay evidencias de que la intervención en segmentos más jóvenes, con bajo contagio criminógeno, se puede ser exitoso. Y es ahí donde hay que apuntar y desafortunadamente lo que muestra este acuerdo es que está ausente y es un modelo que sólo apunta al control, persecución y sanción”, finalizó.

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