Sobre la Ley de Educación Superior

Por Hugo Lavados

       El Proyecto de Ley sobre Educación Superior aprobado en enero del presente año por la pasada administración contenía objetivos generales que son muy loables y compartidos. Sin embargo, adolecía de serios errores en su diagnóstico, lo que llevaba a hacer planteamientos que atentan contra esos mismos objetivos generales. Las iniciativas impulsadas por dicho gobierno no apuntaban a revisar los temas de fondo que era necesario corregir. Más bien, constituían una respuesta a algunos planteamientos de las universidades del CRUCH, especialmente las que integran el CUECH. Por lo mismo, cabe recapitular sobre dicha propuesta para sacar provecho de las lecciones que pueda enseñarnos para futuras reformas.

       Del proyecto no se desprendía un mayor reconocimiento de los avances hechos en las últimas dos décadas en términos de ampliación de cobertura, mayor equidad ni del aporte de las instituciones, independientemente de si son públicas o privadas. Lo anterior nos impulsa a plantear que se requiere diseñar una política pública que impulse el conjunto del sistema y aborde su complejidad, tal como lo hacen los países que progresan.

Calidad.

       La iniciativa no abordaba el tema de la calidad en la formación, ni tocaba cómo mejorar la retención, ambos asuntos clave para tener un proceso formativo con mayor equidad. La calidad de la formación profesional, los recursos de apoyo y los procesos de nivelación son fundamentales, especialmente para las instituciones que reciben a los alumnos más vulnerables. Esto no se refleja en las políticas públicas conocidas, más allá de los programas PACE, los cuales son muy caros y reducidos en su cobertura.

       Por otra parte, era necesario revisar las categorías de acreditación universitaria del Proyecto en cuestión dadas sus implicancias. Simulando de acuerdo a lo que establecía la propuesta, tendríamos a un 30% de los estudiantes cursando estudios en una entidad con acreditación condicional o sujeta a un interventor. ¿Cómo se resuelve un problema de esa magnitud?

Financiamiento para la calidad y la Equidad.

       Independientemente de la evaluación sobre su valor como política pública, el hecho es que los recursos fiscales son limitados y que, por un largo tiempo, aún cuando se deseara, no alcanzarán para financiar la gratuidad completa. En el intertanto, es indispensable establecer criterios claros y estables para definir qué instituciones pueden acceder a la gratuidad y que estos no se cambien de acuerdo a las variaciones presupuestarias o a acomodos que pretenden ser objetivos. Los requisitos debiesen basarse en los objetivos de resguardar la calidad y promover la equidad, usando evidencia factual y no ideas preconcebidas. Además, ha resultado extremadamente negativo que este mecanismo haga bajar los ingresos de las instituciones que hacen actividades además de la docencia de pregrado.

       Se debe garantizar diversidad en las fuentes de financiamiento dado que los estudiantes necesitan el apoyo de la comunidad frente a los bajos niveles de ingresos promedios. Lo anterior, unido a una muy mala distribución del ingreso, impide que la gran mayoría de las familias puedan financiar los aranceles en su totalidad.

       Según datos de la encuesta CASEN del año 2015, de entre los jóvenes que están en alguna universidad y que provienen de familias de los cinco primeros deciles encontramos que el 51% cursa estudios en una universidad privada y el 49% en una institución del CRUCH. Existen entonces criterios poco explicables con la asignación de algunos beneficios, como por ejemplo las becas del Estado en las que se privilegia a las instituciones del CRUCH, lo cual no guarda relación con el perfil socioeconómico de los estudiantes ni con la calidad de las instituciones.

       Se necesita diseñar un mecanismo para que la deuda del Fondo Solidario y CAE actual no sea considerada deuda bancaria en tanto que limita a quienes utilizaron este mecanismo para algunos efectos, como la obtención de un crédito hipotecario.

       Es sabido que a mayor dependencia de los recursos estatales mayor es la inestabilidad de los recursos transferidos a las instituciones. Esto les genera a los planteles dificultades para poder cumplir con sus planes de desarrollo institucional. Si a ello le sumamos los eventuales períodos de restricción presupuestaria en los que no crece el monto total que el fisco destina a Educación Superior, el aumento para algunos necesariamente significa disminución para otros.

Apoyo a las Universidades Regionales.

       Es menester considerar un criterio de discriminación positiva para las zonas extremas, dadas las dificultades que tienen en la contratación de académicos y de selección de alumnos con altos puntajes. Se trata de un tema geopolítico que debe ser considerado por el Estado: las regiones y macro-regiones deben ser analizadas para diferenciar apoyos desde el punto de vista del desarrollo productivo, considerando los ciclos completos de las carreras vinculadas a estas áreas y las proyecciones regionales. La educación debe responder e ir de la mano con las tendencias que se postulen para el desarrollo regional.

       Definir qué es una universidad regional es importante, pero usar como criterio que la casa central esté en una región es muy parcial e insuficiente. ¿Por qué en cada región no se buscan mecanismos para identificar qué universidades contribuyen su desarrollo regional? No es sensato hacer definiciones legales sobre la base de restricciones puramente financieras o usando criterios que no consideran la opinión de los interesados.

Mirada a Futuro.

       La situación actual se caracteriza por una provisión mixta, por asimetrías en la calidad de la formación ofrecida, coexistencia del financiamiento estatal y privado, al que se una la introducción de la gratuidad y una creciente internacionalización. Frente a esta realidad, si se continúa este debate centrado en los recursos y su distribución, seguiremos teniendo miradas parciales que no se elevan al futuro.

       Con un enfoque que eleva los recursos a unas instituciones a costa de reducir los de otras se obtiene un resultado de suma negativa; no es posible pensar en avanzar en una complejidad institucional que mejore la calidad en el conjunto del sistema, como se requeriría con una mirada país.

       Resulta inexplicable la completa omisión de políticas respecto a las actividades de investigación y desarrollo que realizan las universidades. Estas constituyen la gran mayoría de actividades de este tipo que se realizan en Chile. Lo anterior tiene efectos sobre el desarrollo del país que no se han aquilatado.

       El cambio es una certeza; hacia dónde va ese cambio no es posible identificarlo con precisión. No obstante, podemos influir sobre sus tendencias y el impacto en nuestro país.  Para eso las universidades son indispensables en la medida que puedan trabajar en esa dirección, con miradas de largo plazo. Este proyecto de ley no incentivaba dicha perspectiva; nos ha hecho focalizar nuestros esfuerzos en lo que ocurrirá en tres meses, cuando deberíamos estar pensando en que haremos las próximas tres décadas.

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