Conversatorio Derecho a la Vida y Nueva Constitución
- A mediados del mes de marzo y con miras a la redacción de una nueva Constitución, el Centro de estudios Democracia y Progreso en conjunto con Progresismo con Progreso PCP, organizó un encuentro virtual sobre Derecho a la Vida y Nueva Constitución. En ella participaron como expositores, el Dr. Manuel Inostroza Palma, Candidato a Constituyente D-11 @Progresismo con Progreso; el Rector de la Universidad Católica de Chile. Ignacio Sánchez; la abogada, ex Ministra y Senadora, Soledad Alvear, actual miembro de Comunidad en Movimiento y el Arzobispo de Puerto Montt, Fernando Ramos.
La ronda de exposiciones fue iniciada por la abogada Soledad Alvear, quien indicó al inicio que lo que se juega en una nueva Constitución no es sólo el contenido de los derechos, sino esencialmente el modelo de sociedad que da orientación a dichos derechos y, con ello, la forma y límites de solucionar conflictos entre los mismos. “Muchos de los derechos, por estar contenidos también en las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, no corren un riesgo significativo de ser eliminados o ser reformulados. Precisamente, este es el caso del derecho a la vida. Sin perjuicio de lo anterior, si están en discusión concretamente, a lo menos, dos cuestiones significativas, que no se limitan a la discusión sobre el aborto, sino que tienen un efecto general. Esto es, en primer lugar, si todos los seres humanos deben ser reconocidos como titulares de derechos, entre ellos, del derecho a la vida, o en base a ciertas circunstancias particulares, es posible hacer una distinción entre seres humanos que son o no titulares del derecho a la vida, en razón de ser viables o inviables, haber nacidos o no, estar sano o enfermo, tener un origen racial o no, etc. Y en segundo lugar, en qué medida, la colisión de derechos e intereses de unos y otros – por ejemplo, la vida de un delincuente versus la vida de un policía, o la vida de un enfermo joven versus la vida de un enfermo mayor edad- puede ser solucionada legítimamente autorizando a un sujeto a eliminar a otro”.
En este punto, Alvear señaló que la verdadera discusión en torno al derecho a la vida no está vinculada sólo con el reconocimiento o no de dicho derecho en la Carta Fundamental o, al menos, a su forma de regulación. “En realidad, tiene que ver con la posición que la persona humana va a ocupar en el sistema social y jurídico y, en qué medida, se aceptarán niveles de instrumentalización del ser humano para la solución de conflictos particulares o sociales. En otras palabras, lo que está en juego no es cuán liberal puede llegar a ser nuestra sociedad, esto es, reconocimiento de espacios de libertad para emprender riesgos propios, sino esencialmente si nuestra sociedad le abrirá las puertas a criterios utilitaristas que permitan grados más o menos amplios de instrumentalización de seres humanos y, con ello, tendrá que abandonar un sistema construido desde la dignidad humana para sustituirlos por los vaivenes de las mayorías coyunturales”, planteó.
La abogada insistió que no se trata de una discusión meramente académica, sino de una discusión política muy actual. “La discusión ya se ha dado en nuestro país en torno al aborto, a la eutanasia, la legitima defensa – el caso del malabarista en Panguipulli – el Estado de Necesidad justificante – como en la posibilidad de seleccionar usuarios de camas Covid – o del uso de la fuerza policial como fue en el estallido social. Como es posible de advertir a primera vista, las mayorías políticas coyunturales no son necesariamente coherentes al momento de discutir o evaluar las soluciones en todos esos casos. No siempre son liberales o conservadoras o coherentes con el sistema de derechos humanos existente; más bien, las mayorías cada vez legitiman más soluciones ´utilitaristas´ como la de mejor sacrificar a 100 tripulantes de un avión, para evitar que este se estrelle en contra de un edificio de miles de personas; o, por ejemplo, opiniones como legitimar la tortura al delincuente para solucionar un grave caso de secuestro y violación de una menor. Esto es, por cierto, lo que ha estado en el tapete en las discusiones en torno a la lucha contra el terrorismo o la delincuencia asociativa en el mundo”.
Como primera conclusión, entonces, Alvear señaló que la garantía del derecho a la vida no depende de la discusión constitucional en torno a su reconocimiento. “Ya que se da por descontado su inclusión, sino esencialmente de la posición jurídico-social que en la Constitución se le otorgue al ser humano, y con ello, el estatuto jurídico que se le dé o reconozca. Para avanzar en una tesis: La incorporación de una bien redactada cláusula de ´dignidad humana´, por un lado, y cláusulas de esencialidad y de reserva de ley´, por otro, resultan ser esenciales para quienes, como nosotros, hemos propuesto defender una posición humanista”.
Sobre la necesidad de una cláusula de dignidad humana, la expositora indicó que Comunidad en Movimiento apoya un documento preparado por un grupo de expertos, que incluye la idea de que la nueva Carta Fundamental deba establecer una cláusula de dignidad humana que cristalice la idea ´del valor inalienable de todos los miembros de nuestra especie´. “Se trata de elevar como criterio base de la institucionalidad y de la construcción social, la valoración moral de la dignidad humana; vale decir, a aquella valoración moral y jurídica que ubica al ser humano por sobre el resto de las especies y cosas y que reconoce su inviolabilidad – esto es, prohíbe su instrumentalización – y, al mismo tiempo, reconoce dicho estatuto por su valor intrínseco atendido las cualidades esenciales del mismo y no de sus características accidentales. El reconocimiento de dicha cualidad común nos obliga a procurar que todos los individuos de la especie humana – nacidos o no nacidos, sanos o enfermos, así como cualquiera sea su condición, sexo, raza, etc. – reciban el correspondiente reconocimiento como titular de derechos y se respete y garantice dicho estatuto, ya sea en el reconocimiento y garantía de derechos como en la forma de solución de las controversias sociales, específicamente, en la solución a situaciones de colisión de derechos”.
La abogada señaló que esta cláusula no es meramente ornamental o discursiva, sino que tiene efectos jurídicos operativos. “Por ejemplo, cuando por su contenido sustancial impide soluciones utilitaristas, basadas en la instrumentalización de un ser humano para mejorar la situación de otro, posibilitada por el desconocimiento de la calidad de persona o por el razonamiento economicista del número de personas favorecidas con la instrumentalización. Soluciones o compensaciones a los intensos costos personales que implica el embarazo para la mujer, o la lucha contra el terrorismo o la necesidad de seguridad ciudadana, aun cuando son necesarias, no pueden pasar por el desconocimiento de este estatuto jurídico social de sujeto de derecho o su cosificación o instrumentalización: el ser humano debe ser elevado a ´fin en sí mismo´ y no cosificado a fin de que sirva a los intereses de otros”, agregó.
A su planteamiento, agregó que no sólo se propone su inclusión, sino también una fórmula distinta a la actualmente vigente. “La frase ´nacen iguales en dignidad y derechos´ presenta a primera vista el problema de que pone en una relación de equivalencia a la dignidad con los derechos, cuando la dignidad en general ha sido entendida como el fundamento de los derechos o al menos como de jerarquía superior a ellos, ya sea se le considere solo un principio ya también un derecho, en el orden jurídico correspondiente. Luego, el verbo ´nacer” introduce también otras dificultades interpretativas innecesarias. Así, ¿antes de nacer los seres humanos serian desiguales en dignidad y derechos? o ¿no tienen dignidad?). Finalmente, la reforma que modificó el precepto ´hombres´ por ´personas´”, aun posiblemente con buena inspiración, es cuestionable, pues agrega otra dificultad interpretativa: ¿quiénes son personas? que es justamente la que el concepto de dignidad quiere resolver (todos los seres humanos son titulares de derechos, es decir, personas). Por otro lado, la igualdad entre los seres humanos se asegura con la garantía de la igualdad ante la ley”, aclaró.
En conclusión, indicó, una redacción en la línea de la que propuso el proyecto constitucional presentado por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet parece más razonable. “En el sentido de hablar de ´seres humanos´ y, al mismo tiempo, incluir una cláusula que declare que el Estado está al servicio de la persona humana.”, señaló.
En este punto propone incluir:
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
La dignidad del ser humano es inviolable. A su respeto y protección está obligado el Estado, así como todas personas y las diversas formas en que las mismas se agrupan.
Artículo 3.- El Estado está al servicio de las personas y su finalidad es el bien común, para lo cual debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral y sostenible de la comunidad y de sus integrantes, respetando plenamente, y con responsabilidad fiscal, los derechos y garantías que esta Constitución consagra.
En sus planteamientos, la expositora indicó que le parecía que, fruto de la dignidad en que está investido el ser humano, no debieran permitirse excepciones. “Y las excepciones que se plantearon anteriormente con la ley de aborto terapéutico, la verdad es que, a mi juicio, y es lo que sostuve permanentemente, no era necesaria la ley porque ya estaba regulado en el código sanitario en caso de peligro de la madre y un médico tiene que salvar vidas. Y en ese contexto no había una discusión médica. Y para los casos de violación, para remediar ese tremendo dolor de la madre ¿es necesario matar a ese ser humano que está en el vientre materno? ¿podemos como sociedad permitirnos matar al ser humano más inocente de todos? Creo que debemos en una sociedad humanista plantearnos la necesidad de tener otras respuestas como el acompañamiento de mujeres que están en este tipo de situación. O, ¿debemos plantearnos como sociedad que matar a otro ser humano sea la respuesta que queremos entregar? Y en ese contexto, es que el plantear que la dignidad humana está por sobre incluso que el derecho a la vida y los derechos propiamente tales, esto nos hace pensar que este es un principio muy sustantivo que tenemos que consagrarlo en la Constitución Política y que debemos respetarlo y buscar soluciones adecuadas”.
En este sentido, agregó estar de acuerdo en la existencia de una deuda como sociedad para enfrentar el tema de la eutanasia, lamentando que los cuidados paliativos no estén al alcance de todos. ”Esa es una deuda pendiente que tenemos como sociedad y son los temas que tenemos que plantearnos. Si vamos a construir una sociedad humanista, solidaria y que respete a la persona humana, los derechos humanos y la inviolabilidad de los mismos, tenemos que aceptar el día de hoy el hecho que ¿se mate a un ser humano? Ya sea porque está viejo, o porque está en el vientre materno con una dificultad o por problemas psicológicos o psiquiátricos de una mujer. Yo planteo una solución que responda a este principio”, insistió.
El segundo turno fue para el Arzobispo de Puerto Montt, Fernando Ramos, quien expuso la presentación El Aborto desde el cristianismo, cuya primera definición fue hacer una distinción entre aborto y aborto procurado, siendo este último una acción que busca el fin del embarazo, tanto en la finalidad como en la consecuencia.
Luego de un preámbulo sobre los principios fundamentales sobre la vida en el cristianismo y el aborto en la tradición cristiana, el representante de la iglesia católica se refirió a ¿Por qué el pensamiento cristiano se opone al aborto? “En primer lugar, porque el derecho a la vida, siendo un don, es el primero y más fundamental de los derechos humanos. Es un derecho inalienable, no subordinado al Estado o a otra persona. Y acá está el punto central de por qué dentro del cristianismo no se acepta el aborto, y es porque se empieza a poner en tela de juicio este derecho a la vida. Por consiguiente, la vida, especialmente la vida humana, hay que protegerla y permitir su desarrollo”, indicó.
Y ¿Cuándo comienza la vida humana? se preguntó. “Sabemos por la ciencia, que en el momento que se produce la fecundación de un espermatozoide en un óvulo, al poco tiempo encontramos una célula con nombre cigoto y viene un desarrollo, pasando al embrión, feto y nacimiento de la persona humana. Pero desde el momento que es cigoto, encontramos dos características: tiene una información genética propia, distinta a la de la madre y a la del padre y segundo, empieza a comportarse como un organismo propio, dependiente pero distinto de la madre. No es ´una especie de tumor en el vientre´”, indicó tal como lo señalaron en una declaración algunos intelectuales franceses proaborto.
Y ante la consulta ¿Desde cuándo es persona humana? el Arzobispo Ramos planteó que ésta es una pregunta filosófica y no de las ciencias exactas. “Sin embargo, hay continuidad de un proceso que comienza con la fecundación. Es decir, nadie puede nacer si antes no pasó por estos estadios posteriores a la fecundación”, agregó.
En este punto citó un texto del Papa Juan Pablo II, de la Encíclica Evangelium vitae: ´Algunos intentan justificar el aborto sosteniendo que el fruto de la concepción, al menos hasta un cierto número de días, no puede ser todavía considerado una vida humana y personal. En realidad, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia de siempre… La genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese viviente: una persona, un individuo con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. Aunque la presencia de un alma espiritual no puede deducirse de la observación de ningún dato experimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana: ¿cómo un individuo humano podría no ser persona humana?´
El Arzobispo Ramos agregó que en consideraciones de que las leyes deben estar orientadas a resguardar el bien común, con una Ley de Aborto, sólo se estarían protegiendo aquellos bienes que beneficiarían solo un aspecto de lo que está en juego, que es el de la madre y donde lo que nos debe motivar a custodiar, es a la protección e incentivo del bien común, es decir que es aquello que a los ciudadanos o comunidad los hace crecer como personas.. “Y habría que preguntarse si ¿vale la pena atentar contra otro principio para resguardar estos fines? Porque con una ley del aborto, ¿qué bien se ve amenazado? En primer lugar, el Derecho a la vida: unos pueden vivir, otros no. ¿quién se puede arrogar ese derecho a decidir y actuar en esa línea? ¿El Estado puede ofrecer los medios para ir en contra del derecho a la vida?”, cuestionó.
Y agregó que creía que esto es un elemento fundamental. “Y nosotros los cristianos lo proponemos no solo desde el punto de vista religioso sino desde el punto de vista racional, donde la custodia del derecho a la vida es porque protege el bien común. Y el día que no estemos de acuerdo los seres humanos de que la vida es un derecho y hay que custodiarlo y entonces pasamos a la segunda etapa que es la discriminación, quien puede vivir y quien no, ya sea por razón ética, étnica, económica, o de cualquier tipo. Y eso en la historia de la humanidad tenemos una serie de experiencias terribles y trágicas que no nos ayudan en este camino. Y esto es válido, el derecho y la dignidad de la vida, vale para el tema del aborto, de la eutanasia, y de la pena de muerte, donde recientemente el Papa Francisco pidió que se modificara el catecismo de la Iglesia Católica sacando cualquier elemento donde se pudiera soportar éticamente la pena de muerte. Y aspiramos que esto sea abolido en todos los países y no sólo por temas religiosos, sino por un motivo de la dignidad humana”, remarcó.
Y en el mismo plano, agregó ¿qué pasa con la Protección a los más débiles? “Ya que el embrión que está por nacer no se puede defender. ¿qué pasa con la protección a los inocentes?, ¿qué pasa con el abandono de la madre en su dolor y soledad?, es otro principio que se ve amenazado porque con esto hay una ruptura o debilitamiento de redes de relaciones interpersonales: sentido de comunidad, fraternidad, solidaridad, por un enfoque individualista/mercantilista”, aseveró.
Para concluir citó nuevamente parte de la Encíclica Evangelium vitae: ´La gravedad moral del aborto procurado se manifiesta en toda su verdad si se reconoce que: quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir, es decir, lo más inocente en absoluto que se pueda imaginar: ¡jamás podrá ser considerado un agresor, y menos aún un agresor injusto! Es débil, inerme, hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido´.
En el turno del Rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, inicia su intervención con la pregunta ¿Cómo promover una cultura de la vida? Tanto para referirse a los proyectos de ley de aborto y de eutanasia. “La dignidad y la vida humana suponen el reconocimiento de su igualdad en respeto y derechos. La primera reflexión es que la dignidad humana es una propiedad intrínseca de toda persona, independiente de sus capacidades y etapas de su vida, lo que supone reconocer su igualdad y libertad en toda circunstancia. Así, los más frágiles y vulnerables requieren una mayor protección y apoyo. Es evidente que en una sociedad que quiere avanzar hacia el desarrollo integral, el valor de la vida debe estar en el centro de la dignidad de la persona. La vida humana es gratuidad, es un acto de generosidad, un proyecto y una responsabilidad. La defensa y protección de la vida humana es un objetivo que los pueblos y las culturas han concebido y realizado de modos diferentes. Por esto la defensa de la vida es algo que va más allá de las creencias de cada uno”, indicó.
También luego de algunas definiciones acerca de la vida, desde diversos planos, como el biológico, filosófico e incluso artístico, el Rector Sánchez planteó que la vida humana es gratuidad, es un acto de generosidad, un proyecto y una gran responsabilidad. Y la defensa y protección de la vida humana es un objetivo que los pueblos y las culturas han concebido y realizado de modos diferentes. “Para los que tenemos la gracia de la fe y creemos en un Dios, en un mundo que trasciende y se proyecta, la vida adquiere otro significado. Es la protección de la dignidad de la persona, que comienza en la gestación, lo que nos mueve en su defensa, ´la vida ha de considerarse como algo sagrado, ya que desde su mismo origen exige la acción creadora de Dios´”, tal como se plantea en la Encíclica Humane Vitae.
En su exposición, el Rector de la PUC hizo la pregunta de si ¿Necesita Chile una ley de aborto libre? “La defensa y protección de la vida humana es un objetivo que los pueblos y las culturas han concebido y realizado de modos diferentes. La defensa de la vida es algo que va más allá de las creencias de cada uno. Lo que requiere Chile es proteger a sus habitantes, y dentro de ellos a los niños y a los que están por nacer. En una sociedad que quiere avanzar hacia el desarrollo integral, los más frágiles y vulnerables requieren una mayor protección y apoyo. Esta ley que se está proponiendo, -como ya lo hizo la Ley 21.030 que aprobó el aborto en tres causales en el año 2017- busca instalar el aborto como un derecho de salud y por eso, más que despenalizarlo, pretende legalizarlo e instalarlo en todos los hospitales de las diferentes regiones del país”.
En este sentido, agregó, el niño que está por nacer requiere una especial preocupación, ya que es el más indefenso. “Es una criatura que al nacer va a tener un destino trascendente, por lo que el derecho a la vida debe ser garantizado en nuestro país desde la fecundación hasta la muerte natural. La iniciativa parlamentaria propuesta, atenta contra el primer derecho humano: la vida. Y se hace con el más desvalido e inocente de todos, el que no se puede defender, el que está por nacer. De hecho, las parlamentarias autoras del proyecto han expresado su voluntad de avanzar hacia ´un aborto libre, gratuito y seguro´, y refieren que no lo han hecho en este proyecto, sólo ya que no tendrían las facultades descritas en la Constitución para impulsar sus prestaciones”.
En esta línea puntualizó que el aborto es un crimen que atenta contra la vida. “Por esto, es la sociedad la que retrocede. Hoy, debiéramos proteger ambas vidas, la de la madre y la del niño por nacer. En este sentido, y hay que resaltarlo de manera especial, en relación con lo que ya se aprobó en la despenalización del aborto en tres causales en el año 2017 –y lo indicamos en esa fecha–, la madre en gestación requiere del compromiso decidido de la sociedad, así como de nuevas políticas públicas de salud que representen un real apoyo, que permitan apoyarla de manera significativa e integral y evitar el estado de abandono y desesperanza que habitualmente se presenta al plantearse la alternativa del aborto en la madre”.
El Rector Sánchez agregó que ese ´alguien´ en un embarazo, tiene un código genético diferente al de su madre, es una nueva criatura que irá manifestando su vitalidad. “Crece, se mueve y madura. Es una persona con características propias, heredadas de sus padres, para constituirse en un ser humano, único e irrepetible. Proteger ambas vidas no es un tema de fe o de carácter religioso, es cuidar un derecho esencial. Una sociedad desarrollada se reconoce por respetar la vida, el primer derecho humano”.
En este plano, hizo un llamado a afianzar el carácter social y comunitario de nuestra sociedad, a través del cuidado de otros. “Cuidemos a la madre y respetemos el derecho a vivir del niño que está por nacer, el más inocente y vulnerable de todos. Proteger a ambos es cuidar un derecho esencial y principal: la vida. En este derecho el país ha estado trabajando con gran entrega durante la actual pandemia que nos afecta, por lo tanto, parece un contrasentido abordarlo de otra manera”.
Ignacio Sánchez Frente a una consulta sobre la Ley de 3 causales y el proyecto de Ley de aborto, Ignacio Sánchez, hizo hincapié en lo que se debatía en ese entonces, donde se planteaba la existencia de cientos de miles de mujeres que podían morir sin esta ley´. “Y entonces, acá cuando muchas veces se discuten políticas públicas, muchas veces se adolece completamente de un análisis científico de los casos y casuísticas. Porque a 4 años de esta ley, más o menos son 1500 casos que se han visto por año, cerca de la mitad en la primera causal. Y siempre dijimos que la primera causal en todas las clínicas y hospitales se hace la evaluación de lo que necesita esa madre y si por segundo efecto no deseado, ese niño fallece, eso no es un aborto. El aborto, y hay que tenerlo claro, es un procedimiento que tiene un objetivo que es la eliminación del niño que está en el vientre materno. Muy distinto es una neoplasia en el primer trimestre que requiere de un tratamiento y que, por efecto colateral, ese niño que está en el vientre fallece”.
En referencia a la segunda causal, el Rector planteó la respuesta que la Universidad tiene frente a esos casos, con el proyecto Acompañares, de acompañamiento perinatal. “Es bien emocionante los testimonios existentes, de niños que tienen una enfermedad grave que vivirán sólo unas horas, días o semanas, en donde se acompaña a la madre y a la familia en ese duelo y pérdida. Y el seguimiento es muy satisfactorio, en el sentido de los testimonios que esas mismas madres cuentan de cómo fueron cerrando ese duelo tan difícil”.
Y en referencia a la tercera causal, indicó que la UC ha tenido una propuesta para ser un centro evaluador en agresiones sexuales. “y así escudriñar un poco donde están estas causas, ya que muchas de ellas están a nivel intrafamiliar, con agresiones a adolescentes y en ese sentido entonces, buscar una prevención”.
Planteo que, en estos cuatro años, no ha llegado ninguna madre a dependencias de la UC solicitando un aborto. “Nosotros siempre estamos disponibles para hacer un traslado seguro para quien lo necesite, pero no ha sido necesario. Creo que la población se da cuenta de cuáles son en términos generales los valores de las instituciones en nuestro país, y en ese aspecto también se habló mucho de qué pasaría frente al riesgo en el traslado. Y eso no ha ocurrido”, afirmó.
Sobre la pregunta de si ¿Necesita Chile una ley de Eutanasia? La máxima autoridad de la PUC, indicó que lo que requiere hoy nuestro país es cuidar la vida de todos sus habitantes, en particular de los que están en mayor riesgo. “En esta pandemia, las personas mayores han tenido mayor riesgo de enfermar y morir, y por ende han sido los que han debido permanecer con mayor grado y períodos de confinamiento. La reciente aprobación en general en la Cámara de Diputados del proyecto de ley ´Muerte digna y cuidados paliativos´ ha puesto en el debate diferentes aspectos del tema y sus repercusiones. Por una parte, estamos quienes pensamos que la vida es un bien superior, un derecho humano fundamental, indisponible, el cual se debe cuidar independiente de las características del paciente. Por supuesto entregando todas las condiciones para acompañar de manera integral a esa persona en el dolor, sufrimiento, físico, psicológico y espiritual. Por otra parte, hay posiciones que ponen el acento en la autonomía del paciente, dejando la decisión a la propia persona, quien, de manera informada, podría solicitar la eutanasia, -o muerte asistida-, a un médico en condiciones previamente determinadas y aceptadas en la ley”.
Indicó que llama la atención que el actual proyecto de ley no lleve en su título la palabra eutanasia. “Esta se define como el acto de provocar de manera intencionada la muerte de una persona, a solicitud de ésta, y debido a una enfermedad terminal e incurable. Sin embargo, se utiliza el término ´muerte digna´ que no se define y es el concepto primero y principal del título del proyecto. En este aspecto, quiero volver a recordar los fines de la medicina es fundamental, ya que ésta se orienta a prevenir las enfermedades, promover la salud, asistir a los enfermos, aliviar el dolor y a cuidar a los incurables. Desde sus inicios nunca la medicina se ha orientado a terminar con la vida del paciente, por lo que no debiera ser este el momento de cambiar sus objetivos en nuestro país”.
Así, agregó, los pacientes y sus familiares deben conocer cuáles son los principios que rigen el actuar médico de los profesionales que serán sus tratantes. “La libertad para tomar la decisión, la autonomía del paciente, la presión familiar y del entorno es un aspecto por analizar en detalle. Por otra parte, un aspecto fundamental es considerar el ideario institucional de los hospitales y clínicas a los cuales los pacientes y sus familiares acudirán a solicitar las prestaciones de salud. A fin de cuentas, será el acto médico el responsable final del término de la vida y un centro hospitalario destinado a cuidar la vida el lugar físico donde esto se produzca”.
Es evidente mencionó que, si el texto referido a la eutanasia avanza en su trámite legislativo, debe respetarse claramente tanto la libertad de conciencia personal de todos los miembros del equipo de salud, como el ideario institucional para oponerse a realizar este acto que no es parte de la medicina. “Así también, va a ser imprescindible evaluar su impacto futuro en el desarrollo de la medicina de nuestro país. Una medicina que debe seguir estando orientada a cuidar la vida de las personas. Este es nuestro desafío y por lo cual estamos trabajando fuertemente en nuestra Universidad, por trabajar en cuidados paliativos e integrales, por acompañar a estas familias y demostrar una vez más, que tenemos que tener centros hospitalarios en nuestro país que cuiden la vida y que los familiares y los pacientes que ingresen a ellos tengan claridad en ese respeto”.
Una ley como esta indicó no puede ser más retrógrada. “Y a diferencia de quienes la proponen que dicen que es tan liberal y de futuro, y me parece que es muy retrógrado plantear algo, cuando a un porcentaje cerca del 80% de la población le estamos dejando una capacidad de elección muy baja. Porque para las personas que tienen los recursos para solventar prestaciones de salud, son personas que pueden tomar su decisión con mucha mayor libertad. Y ¿qué pasa con aquellos a lo largo y ancho de nuestro país, sin la capacidad de recibir cuidados paliativos adecuados o de recibir un apoyo psicológico o de salud integral adecuado? Entonces los estamos dejando con un grado de libertad de decidir muy pequeño. Y eso claramente no es liberal. Y en lo que tenemos que avanzar es en una igualdad en el ámbito de derechos de la salud”, finalizó.
En el turno de Dr. Manuel Inostroza Palma, Candidato a Constituyente D-11 @Progresismo con Progreso, realizó una exposición en donde desarrolló algunas vinculaciones entre derecho a la vida y derecho a la salud y reflexionó sobre temas de aborto y eutanasia desde la mirada de médico salubrista.
La primera reflexión estuvo referida al derecho de la salud y cómo este derecho se ve reflejado en la actual Constitución política de Chile. “Si uno mira la Constitución del ´80, ve que en el caso del derecho a la salud no ha sido modificada en ninguna de las reformas realizadas luego en democracia. El derecho a la salud aparece referido básicamente en su esencia al derecho en la capacidad de elección y no está garantizado constitucionalmente el derecho a la salud. Y por eso es interesante saber qué han hecho los abogados que han buscado la defensa del derecho a la salud en este actual marco institucional que tenemos: y es su vinculación con el derecho inalienable a la vida”, señaló.
Y ha sido esa vinculación, agregó, que parece natural y obvia para quienes trabajan en el sector salud, lo contradictorio que resultan proyectos que atenten contra este derecho. “Y lo que han hecho los juristas y abogados que han defendido el problema de acceso y de falta de cobertura, es ligar el derecho a la salud en su correlación jurídica con el derecho a la vida. Y por esa vía, se ha permitido obligar al Estado o al sector privado a cubrir ciertas prestaciones de salud que no están garantizadas o no tienen una definición explícita de cobertura en el sistema de salud chileno. Y por lo tanto, creo que ahí hay un tema a rescatar, respecto a la coherencia y consistencia porque hoy en día la demanda al derecho a la salud asociada al derecho a la vida. Nos debiera hacer reflexionar respecto a que tan coherente y consistente somo los chilenos hoy respecto a la valoración al derecho a la vida en la Constitución y la cotidianidad”, indicó.
Respecto al tema del aborto, señaló que para él fue importante hacer una distinción entre la visión personal como católico y las consecuentes convicciones éticas, morales y religiosas, de lo que son las vivencias cotidianas del resto de la sociedad que pueden no compartir estas visiones. “Y eso me hace distinguir entre ser contrario al aborto, y por ende si me tocara tener que aconsejar a alguien, siempre será rechazar la posibilidad del aborto desde mi convicción, pero tratando de empatizar y entregar un mensaje a la persona que está pidiendo un consejo médico, respetando su propia autonomía y reflexión personal. Pero otra cosa, a mi juicio, es llevar eso a la imposición de mis convicciones. Por eso para mí, ha sido una reflexión muy difícil, y me llevo a aceptar que, no siendo un promotor del aborto libre, si me parecía que como ciudadano y viviendo en una sociedad plural, era posible aceptar la existencia de un marco legal que permitió la ley del aborto en 3 causales. Es una búsqueda de equilibrio entre las ideas que promueves bajo tus convicciones y al entorno en que te desarrollas, y las elecciones de otros bajo la legislación vigente. En otras palabras no se trata de aceptar el aborto pero si de aceptar al otro que decide frente a estas tres causales, en respeto a su dignidad y autonomía”, explicó.
En seguida, el Dr. Inostroza se refirió a la actual idea de legalizar el aborto libre. Indicó que ni antes ni en este último periodo, hay nada que justifique el argumento de un aborto libre en base cifras de abortos ocultas y su relacion con la mortalidad materna. “Recordemos que cuando se aprobó la ley de aborto en 3 causales, muchos hablaban de las cifras ocultas del aborto en Chile. Se hablaba, que podría haber sobre 150 mil abortos y eso nunca ha podido ser demostrado. Y técnicamente sólo para recordar, en Chile la tasa de mortalidad materna, según el último informe de la OCDE del 2020, nos sitúa en la región de las Américas junto a Canadá, como el país que tiene la más baja tasa de mortalidad materna. Nosotros tenemos, según el último dato disponible, solo 1.3 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. Eso nos da una tasa bajísima. Y de esos 13 casos, la estadística es que solo 4 casos se asocian a situación de aborto. Y otro dato es que, del 2000 a la fecha, la tasa de mortalidad materna y consecuentemente, la tasa asociada a la causa de aborto se ha reducido en un 58%”. Ahora, esto no quiere decir que no haya casos o alguna casuística, pero en ningún caso basadas en base a informes técnicos que hablen de estas cifras ocultas señaladas”, indicó.
En cuanto al tema de la eutanasia, comentó que la profesión médica desde años inmemoriales y retomando su vinculación del derecho a la vida y el derecho a la salud, es que generalmente la profesión médica se ha opuesto a la ley de eutanasia como se plantea. “Sin embargo, creo que si seguimos estando al debe como sistema de salud respecto al tema de la garantía efectiva al acceso a la salud, que permita evitar situaciones que pudiesen obligar en situaciones muy extremas a personas a plantearse el tema de la esutanasia por el dolor y sufrimiento. Y creo que si bien el AUGE o GES introdujo la garantía de derecho a cuidados paliativos para el cáncer – y que sin duda ha sido un gran avance – creo que, si nosotros avanzamos profundamente en garantizar el derecho a la salud con su vinculación natural con el derecho a la vida, deberíamos extender esta garantía de manejo del dolor y de cuidados paliativos a toda condición de enferemedad. De este modo, con este tipo de garantías y situaciones muy concretas y específicas, vamos a estar ayudando a muchas más personas y evitar que efectivamente se tenga que plantear esta reflexión”, argumentó.
En su exposición y respondiendo a consultas, se refirió al tema de la pena de muerte. “Soy contrario porque precisamente nosotros debemos promover una cultura de la vida y su dignidad, vinculado fuertemente al derecho a la salud, y creo que la pena de muerte va en la misma dirección de una ley de aborto libre, al ser contraria a una cultura de la vida”, finalizó.
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