COP 25, reducción de gases de efecto invernadero y la integración energética

Juan Pablo Glasinovic Vernon

       Entre el 2 y 13 de Diciembre del presente año, se desarrollará en Chile la vigésima quinta conferencia de las partes, o COP 25, el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), creada en mayo de 1992, en la “Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro”. Su objetivo principal, como sabemos, es mitigar el impacto del cambio climático, principalmente a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

       En 2015 (COP 21 de París) se estableció como meta impedir que el calentamiento global supere los 1,5º C en 2050. Sin embargo, un estudio de las Naciones Unidas dio cuenta de que este umbral podría cruzarse incluso desde 2032 en adelante.

       Según indica el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), un alza superior a 1,5°C pondrá en riesgo la habitabilidad de la tierra, al desatar una serie de fenómenos como el aumento de los océanos por deshielos masivos, sequías prolongadas, desaparición de flora y fauna, entre muchos otros, lo que implicará grandes movimientos de población, hambrunas, recrudecimiento de enfermedades y epidemias, además de muchas otras penurias.

       Por primera vez en su historia, la actividad humana está impactando de tal manera en su hábitat, que pone en riesgo su supervivencia. Por ello este es el asunto multilateral más urgente, literalmente de vida o muerte, que requiere del concurso de todos sin excepción, bajo la premisa de que nadie se salva solo.

       Debido a la gravedad de la situación, el mismo IPCC informa que cumplir con el objetivo de reducir el aumento de la temperatura a 1,5°C desde su nivel preindustrial, requerirá cambios sin precedentes a nivel global. Ello teniendo a la vista que nos queda un plazo de 12 a 13 años antes de que entremos en una vía de no retorno. Esto en la práctica implica medidas de fuerte impacto económico e inversiones cuantiosas y sostenidas a nivel público y privado, amén de cambios profundos en los patrones de consumo y modos de vida de las personas. Lamentablemente, el monitoreo de este mismo grupo científico, así como numerosos otros estudios, indican que el objetivo no se está logrando en el plazo considerado y, por el contrario, la temperatura arriesga con subir sobre 3°C de aquí a la segunda mitad del siglo.

       De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los últimos 4 años han sido los más calurosos desde que se tenga registro y 20 de los últimos 22 años califican en esa categoría.

       Por ello, COP 25 y las conferencias que sigan, son dramáticamente relevantes. Es necesario avanzar muy rápidamente hacia sistemas productivos y sociales neutrales en emisiones de gases de efecto invernadero. Y tan importante como ello, es que los países se comprometan con objetivos ambiciosos y exigibles, que además puedan ser monitoreados en forma efectiva.

       Considerando entonces la urgencia del tema y la condición de anfitriones que tendrán Chile y Costa Rica (en este país se realizarán las reuniones preparatorias de la COP 25) creemos que es una buena oportunidad para que América Latina (o en su defecto algún subgrupo de la misma, sea instrumental, como la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe – AILAC, o geográfico como Sudamérica y/o Centroamérica) presente una propuesta común que marque un paso decisivo en la carrera para evitar la catástrofe.

       Desde la perspectiva del suscrito, un área en la cual se podría generar un impacto positivo en el corto plazo es en materia energética. En efecto, en la región encontramos una serie de condiciones que podrían aprovecharse de modo de descarbonizar a la mayor velocidad posible las matrices nacionales, haciéndose cargo de esa manera, de una fuente muy importante de gases de efecto invernadero.

       Según el informe “Renewable energy country attractiveness index” (RECAI 2018) de la empresa Ernst & Young Global Limited (EY), 5 países de Latinoamérica se encuentran entre los 40 mercados más atractivos para la inversión en energías renovables. Se destacan Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Esto ha sido visible en los últimos años, en los cuales hemos sido testigos de un espectacular desarrollo, principalmente de plantas generadoras solares, eólicas o hidráulicas de pasada, las que han incrementado su participación en sus respectivas matrices, desde porcentajes residuales a cifras de dos dígitos en algunos casos.

       Junto a lo anterior, y revisando el contexto sudamericano, en la mayoría de los países la generación hidráulica es la predominante. Es el caso de Paraguay, Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Brasil y Perú. En el resto, el sector representa entre un 25 y 30%. Si miramos el conjunto de América Latina y el Caribe, la generación hidráulica alcanza al 50%, seguida por el gas natural.

       Este predominio de la generación hidráulica, y en consecuencia su aporte a la descarbonización de la producción eléctrica, podría verse comprometido si no se toman acciones coordinadas.

       Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que para el año 2030, la demanda de energía eléctrica en América Latina aumente un 70%.

       Ante ese escenario, la estrategia para hacer frente a la demanda y al mismo tiempo reducir la huella de carbono en materia de generación eléctrica, debiera considerar la interconexión entre los países, además de seguir aumentando la participación de las ERNC. Ambas acciones deben ser complementarias para generar un efecto significativo (por economías de escala y mayor eficiencia económica).

       Debe señalarse que en materia de interconexión, existe un vasto espacio de cooperación, totalmente subutilizado en relación a otras áreas geográficas como América del Norte y Europa, sin perjuicio de casos notorios, como la vinculación de Paraguay con Brasil y Argentina.

       Volviendo al tema del aporte común para esta COP 25, la región debiera comprometer un plan de interconexión eléctrica con acento en la generación limpia. Ello supone en primer lugar la voluntad política de adecuar las normas legales y reglamentarias nacionales, para generar una regulación capaz de sustentar un proceso de interconexión de manera viable. Supone también tener una visión del conjunto, que trascienda las iniciativas bilaterales y piense en transferencia de energía de países que no tengan frontera entre sí.

       El plan en cuestión debiera considerar hitos concretos que incluyan la construcción de líneas de interconexión, reglas claras para la formación de precios y mecanismos institucionales que permitan respuestas rápidas y efectivas ante problemas técnicos y diferencias entre las partes involucradas.

       El incremento de plantas de ERNC en varios de nuestros países están produciendo durante ciertos horarios, situaciones de superávit de generación, que no se pueden aprovechar, al no existir demanda interna suficiente y tampoco interconexión transfronteriza (o si la hay no hay regulación para su transferencia).

       Varios organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), han realizado estudios e incluso financiado proyectos e infraestructura relacionados con la integración energética. Por tanto, existe un importante sustento técnico y teórico para la integración y lo que falta, fundamentalmente, es voluntad política.

       COP 25 aparece como la ocasión propicia para cambiar esa situación y comenzar a construir un sistema eléctrico interconectado en la región, con énfasis en la generación limpia, como un importante aporte al mundo y signo concreto del compromiso de América Latina en la lucha contra el calentamiento global. Nuestros negociadores deben lograr logros concretos en esta y otras materias. Es un imperativo vital.

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