La locura económica bolivariana: la antesala del fin.
Por Hugo Mena K.1
“Quien se erige como encarnación del bienestar del pueblo y en su nombre dice asumir el poder total, pero extingue el bienestar de éste, terminará expelido del poder por la fuerza de un pueblo traicionado.”
1. El contexto político-institucional.
Para poder comprender el comportamiento de una economía en particular es necesario incorporar la política económica específica que ha implementado su respectivo gobierno. A su vez, esto último no se puede entender de forma descontextualizada del escenario político–institucional en que se inserta. Lo anterior es particularmente válido para el caso de Venezuela.
Venezuela es una dictadura institucionalizada consolidada como régimen político totalitario2. Este régimen ha sido encabezado durante estos últimos cinco años por Nicolás Maduro, quien transformó al Estado venezolano en un Estado fallido, forajido, totalitario y criminal. Esta tiranía dejó de ser una dictadura convencional, cuyo único móvil sea imponer por la fuerza de las armas un determinado proyecto ideológico, como lo fuera en los inicios de la época de Hugo Chávez. Bajo Nicolás Maduro, el régimen se convirtió más bien en un exitoso proyecto de saqueo y dominación política, que utilizó el engaño populista de una supuesta “Revolución Bolivariana” la cual pretendía reivindicar el comunismo de la guerra fría a objeto de perpetuar en el poder una alianza cívico-militar corrupta conformada por un grupo reducido de mafias y criminales nacionales en cohabitación con otras mafias extranjeras enquistadas en el Estado. Lo anterior tenía como fin de enriquecer al dictador y a sus allegados incondicionales, sin importar los medios ni las consecuencias que acarrearían para el pueblo. La preservación del poder político se convirtió en un mero instrumento para el enriquecimiento ilícito y el bienestar del pueblo en algo residual, supeditado a lo primero.
Los principales instrumentos de control político hacia la población han sido: (i) la mentira, amparada en la censura de la prensa escrita, radial y televisiva; (ii) el miedo, inculcado a través de amenazas de agresión y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos; (iii) la represión, la tortura y el crimen, amparados en la fuerza de las armas; (iv) la compra de lealtades y el fomento de la corrupción; (v) el empobrecimiento del pueblo para así, por un lado, liberar recursos para el enriquecimiento de la cúpula gobernante, y, por otro, por otro incrementar la cobertura de la población con dependencia del Estado; y por último (vi) supeditar el ejercicio de los derechos a la alimentación gratuita, salud pública, pensiones, transporte público subsidiado, gasolina subsidiada y otros subsidios, a un sistema de identificación individual ad hoc (el “carnet de la patria”) que le permite al régimen obtener información ideológica y política de la población además de facilitar la discriminación en la provisión de servicios y subsidios públicos.
2. Aspectos centrales de la política económica y de la evolución de su economía.
El aspecto económico de la “Revolución Bolivariana” ha consistido, en lo fundamental, en un proceso de jibarización del rol del sector privado en la economía acompañado de una transición acelerada hacia una economía centralmente planificada y masivamente regulada. Esto último se ha ejecutado demostrando un profundo desconocimiento de cuestiones elementales del funcionamiento de la economía y de los mercados. Ello ciertamente ha contribuido a la crisis económica actual, tanto en su ámbito microeconómico – desabastecimiento agudo, proliferación de mercados paralelos para la compra de bienes de consumo y distorsiones generalizadas en el sistema de precios relativos – como en su faz macroeconómica: la hiperinflación y devaluación galopantes3 aunadas a una recesión histórica de 13 trimestres consecutivos que acumula un 45% de caída en el PIB (hasta segundo trimestre de este año), superada sólo por tres episodios similares en la historia moderna: Liberia (1980),Tayikistán(1991) y la Gran Depresión de 1870.
2.1 ¿Cuáles son las causas de la hiperinflación venezolana?
La impresionante hiperinflación venezolana – proyectada en 1.000.000% para este año, por el FMI – ha sido generada en virtud de un déficit fiscal sistemático y creciente financiado a través de la emisión monetaria del Banco Central. ¿Por qué se generó dicho déficit? Para responder esta pregunta es esencial incorporar el contexto político-institucional abordado anteriormente. En efecto, la contrapartida principal de dicho déficit fiscal ha sido el desfalco y corrupción del régimen. Ello ha incluido a las reservas internacionales del Banco Central, con las cuales se han financiado millonarias compras de diversos activos en el exterior por parte de altos funcionarios del régimen. Recientemente, estas comprar han podido ser detectadas con la ayuda de la comunidad internacional y se ha aplicado un embargo a los activos correspondientes4.
Más que “gasto público” propiamente tal, lo que ha existido en Venezuela son transferencias a la élite gobernante provenientes de la Tesorería General de la República y del Banco Central, en moneda nacional y en moneda extranjera. Este desfalco ha financiado una cantidad muy significativa de compras de bienes raíces y otros activos en el extranjero, negocios vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas, así como la compra de lealtades políticas al interior de las fuerzas armadas y de otras instituciones públicas. El “impuesto inflación” ha financiado semejante carestía de fondos.
A dicho déficit fiscal también ha contribuido una caída persistente en los ingresos tributarios, agravada durante la gestión de Nicolás Maduro. Ello tiene dos corolarios. Por una parte, una tendencia decreciente en la recaudación tributaria proveniente de las numerosas empresas públicas venezolanas, en particular PDVSA, otrora proveedora de cerca del 80% de los ingresos públicos. Las empresas públicas han sido gestionadas de forma muy ineficiente; su función productiva ha estado crecientemente supeditada a la de proveedora de empleos políticos para la compra de lealtades al régimen. Por otra parte, en relación a los ingresos tributarios provenientes del sector privado, estos también han tenido una tendencia decreciente en tanto que la política económica del régimen ha conducido a reducir sistemáticamente la base tributable tanto de las empresas privadas como de las familias.
Finalmente, la inflación se ha ido retroalimentando a sí misma a través de dos canales. Por un lado, reduciendo sistemáticamente el poder adquisitivo de los ingresos tributarios, lo cual contribuye a acentuar el déficit fiscal en términos reales y su monetización. Por otro lado, la coexistencia simultánea de una tendencia decreciente en el ingreso real de la economía, aunada a una tendencia creciente en las expectativas inflacionarias del sector privado, ha reducido progresiva y sistemáticamente la demanda por dinero en el país, algo característico de los episodios hiperinflacionarios acompañados de recesión.
3. Determinantes económicos de la crisis humanitaria.
La caída sistemática y muy significativa en la producción petrolera (en lo cual han incidido la ineficiencia en la gestión de PDVSA, la corrupción y el desfalco) se ha traducido en menores retornos de por concepto de exportaciones5. Lo anterior ha generado una aguda escasez de divisas lo cual ha tenido dos consecuencias. Por una parte, una trayectoria de alza sostenida en el tipo de cambio – más acentuada en el mercado paralelo, en virtud de los controles gubernamentales a las operaciones de cambio – que de paso ha contribuido a retroalimentar la inflación. Por otra, dicho costo de importación creciente, sumado a un sistema de racionamiento gubernamental en la venta de divisas por parte del Banco Central, han debilitado la capacidad importadora de la economía venezolana: El 2017 el porcentaje de importaciones de bienes sobre el PIB fue de alrededor de 6%, el segundo más bajo del mundo después de Sudán. La escasez y racionamiento gubernamental de divisas para importar combinado con la acelerada y sistemática depreciación de la moneda venezolana, conllevan a una persistente caída en la demanda por bienes intermedios y bienes de capital importados, no tanto por parte de las empresas públicas como por las privadas lo cual ha estrangulado estructuralmente la actividad productiva, tanto de bienes como de servicios, privados y públicos. Lo anterior se ha manifestado en:
(i) Una aguda crisis agroalimentaria y escasez de alimento, que ha generado una situación alarmante en materia de desnutrición. Según Caritas de Venezuela, el nivel de desnutrición infantil grave alcanzará 25% este año, en virtud de lo cual 280.000 niños podrían morir por desnutrición. Mientras tanto, un 35% de la población venezolana presenta algún retardo en su crecimiento, por déficit alimentario.
(ii) La escasez de medicinas e insumos hospitalarios importados, generando una aguda crisis en el sistema de salud pública. La mayoría de los medicamentos, vacunas e insumos hospitalarios son importados por el Gobierno, bajo un férreo control cambiario. Según una encuesta difundida por la Asamblea Nacional el 19 de marzo del presente año (comentada en periódico El País, el 20 de marzo), todos los indicadores de salud empeoraron en el 2018, incluso en los servicios de salud privados6. El 80% de los hospitales tienen fallas en servicios de agua (dicho porcentaje era 63% en el 2017). De aquí el incremento en las muertes de pacientes en tratamientos como la hemodiálisis sin contar con la escasez de otros insumos médicos requeridos para tales tratamientos. Más de la mitad de los pabellones no funcionan o lo hacen en forma intermitente y sólo el 7% de los servicios de emergencia están completamente operativos. Existe escasez de un 88% de las medicinas más esenciales (casi 100% de las más especializadas y caras) y del 79% de los insumos médicos. Han resurgido enfermedades otrora controladas, como la difteria, el sarampión y la malaria.
(iii) La paralización del 92% del transporte público, ante carencia de repuestos importados y costos de importación que suben más rápido que las tarifas del servicio de transporte. Dicho transporte ha sido sustituido por las llamadas “perreras”, e.g: camiones acondicionados para el transporte de animales. Algunos, pasajeros han muerto por accidentes asociados a la inseguridad de dicho tipo de “transporte público”, sobre todo niños y adultos mayores.
(iv) Cortes prolongados de energía eléctrica y en el suministro de agua potable en vastos territorios los cuales afectan a hogares, empresas, hospitales e instituciones educacionales. Estos se producen en virtud de la falta de mantenimiento de la capacidad instalada (por carencia de insumos importados) y por la desinversión en bienes de capital importados por parte de las empresas públicas correspondientes.
A lo anterior se agrega el drenaje ilícito de recursos en empresas e instituciones del Estado, que también ha contribuido a la crisis de tales servicios públicos. Esta es la explicación económica de la aguda crisis humanitaria en Venezuela, por el lado de la oferta. A lo cual se suma, por el lado de la demanda, la caída sistemática del ingreso disponible del sector privado en términos reales, producto de la recesión y de la hiperinflación.
En el ámbito educacional se mezclan algunos aspectos anteriores. Transcribo un tuit alusivo a ello:
“Los niños se desmayan de hambre en las escuelas, la matrícula escolar está por el suelo, los padres no tienen las condiciones básicas para comprar un cuaderno y los niños no se han incorporado a clases”, así lo denunciaron docentes del estado Zulia. #TVV Noticias
Esta crisis humanitaria ha estado inserta en un ambiente de creciente inseguridad familiar en virtud de una delincuencia rampante y atentados a la vida en la vía pública y en viviendas residenciales. El año 2017 Venezuela fue el segundo país del mundo con mayor tasa de homicidios sólo detrás de Siria, una nación en guerra desde hace siete años.
4. El “plan económico” de agosto: presagio de una muerte autoinflingida.
El 17 de agosto marcará un punto de inflexión en la economía venezolana. El “plan de estabilización y recuperación económica” anunciado el 17 de agosto por Nicolás Maduro en Venezuela pasará a la historia como el mejor plan de desestabilización y colapso económico garantizado. Como veremos, se acelerará la hiperinflación mientras que la caída en la producción, empleo y consumo serán aún mayores que en los ya alarmantes periodos anteriores. El punto de partida en el cual se enmarca dicho plan podemos resumirlo en dos cifras macroeconómicas proyectadas por el FMI para el 2018: una tasa de inflación anual de 1.000.000 %, y una caída en el PIB de 18%. Después de este nuevo plan de Maduro, ambas proyecciones quedarán cortas, particularmente la caída del PIB.
4.1 El primer “tiro a los pies” de Nicolás Maduro.
Ante tal escenario hiperinflacionario se inserta el reciente cambio en la moneda venezolana, que sustituyó su unidad de cuenta por una que tiene cinco ceros menos que la anterior. Dicha medida fue parte del “plan económico” del 17 de agosto. La instauración del nuevo cono monetario, denominado bolívar soberano, no es más que el reconocimiento explícito de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda producto de la hiperinflación. Obviamente, este cambio de unidad de cuenta no tiene efecto alguno sobre la inflación (salvo por un efecto menor, que la incrementa transitoriamente, producto de una probable caída en la demanda por dinero inducida por mayores expectativas de inflación).
A dicho anuncio se le puso la guinda a la torta: una increíblemente ineficiente implementación. Algo relativamente sencillo de implementar, que se ha hecho numerosas veces en distintos países a lo largo de la historia, tanto en episodios hiperinflacionarios como por simple acumulación de inflación a través de largos períodos de tiempo. Esta reforma se tradujo en un caos nunca antes visto[7]. Por materializar dicho cambio de cono monetario antes de tener completada la logística para su implementación, el gobierno generó una crisis de liquidez de proporciones gigantescas. En efecto, ante la escasez generalizada de dinero en efectivo denominado en la nueva moneda, los bancos se vieron forzados a racionar dicho efectivo y posponer pagos en efectivo, forzando a que sus clientes hagan uso de transacciones electrónicas, algo que no es de uso masivo en Venezuela y que está perjudicando particularmente a la población de menores ingresos8. De facto, se instauró así una especie de “corralito bancario” parecido al que hubo en Argentina en diciembre del 2001, circunscrito al dinero en efectivo denominado en bolívares soberanos9.
Esto generó dos serios problemas económicos. Por una parte, surgió un mercado negro de billetes correspondientes al nuevo cono monetario; es decir, el sector privado tiene que comprar su propia moneda a un precio superior a su valor par. Por otra parte, se generó un sistema de precios dual, en el cual un mismo bien o servicio tiene dos precios distintos dependiendo del medio de pago específico que se utilice en la transacción: un precio más bajo si la transacción se materializa en efectivo, usando los nuevos billetes, y uno mayor en caso contrario. Frente a esta situación, los agentes económicos privados tienen que comparar constantemente el descuento en el precio de los bienes y servicios que adquieren por pagar con efectivo en bolívares soberanos, en vez de con cheques o vía transferencias electrónicas, con el costo marginal de adquirir tales billetes en el mercado paralelo por sobre su valor par. De modo que algo sencillo de implementar, cuyo único objetivo es reducir los costos de transacción, terminó generando el efecto contrario: incrementó los costos de intercambio, al punto de colaborar a reducir aún más el ya alicaído consumo del sector privado. Esto ha contribuido a echarle más leña a la hoguera del descontento y hastío de la población con el régimen. Ciertamente, un “tiro a los pies” que se disparó el régimen de Nicolás Maduro, pero no sería el único.
4.2 El segundo “tiro a los pies” de Maduro: una ametralladora fatal.
Quitarle ceros a la moneda puede ser una medida razonable (si se implementa bien) para los efectos de reducir los costos de transacción asociados al intercambio de bienes por dinero en un contexto hiperinflacionario: achica el tamaño de la “maleta de billetes” requerida para comprar bienes y servicios. Pero todo el resto de las medidas anunciadas el 17 de agosto no hacen ningún sentido y han generado una gran incertidumbre en los agentes económicos privados:
Primero, la devaluación automática de la moneda local respecto al dólar “oficial” en 1300%. No fue claro si se iban a quitar los actuales controles burocráticos a las operaciones de cambio del sector privado, o si tales controles van a adquirir una forma diferente. Al parecer lo último es lo correcto. Pero ante la incertidumbre inicial, el mercado paralelo reaccionó generándose una devaluación aún mayor a 1300%.
Segundo, el aumento del salario mínimo legal en 5.900%, que multiplicó por sesenta el anterior. ¡Una locura! Este anuncio se complementó con otro. El Gobierno (léase Banco Central) se hará cargo, vía subsidio directo a los trabajadores, de la diferencia entre el nuevo salario mínimo y el actual, pero sólo para las PyME y durante un período de tres meses. No está claro cómo se definirá a tales empresas pequeñas y medianas temporalmente privilegiadas. Lo que sí está claro es que dicha ayuda deja fuera al conjunto de empresas privadas que más aportan al alicaído PIB. Probablemente ninguna de las numerosas empresas públicas, de bienes y servicios, caerá dentro de la categoría de PyME.
En tercer lugar, se fijarán por decreto presidencial nuevos precios para 50 bienes y servicios de la canasta de consumo. Pero resulta que los nuevos precios fueron fijados en niveles inconsistentes con sus costos de producción, particularmente con los nuevos costos salariales. Las empresas privadas empezaron a subir sus precios de venta al día siguiente de este anuncio, a fin de amortiguar sus pérdidas previstas en virtud de la incompatibilidad entre los nuevos precios fijados por el Gobierno y los nuevos costos salariales y de importación de insumos. Ello también ocurrió en los micro negocios así como en empresas pequeñas y medianas por lo que aparentemente las PyME también internalizaron los nuevos costos salariales esperados10. Ello puede deberse: (i) a que éstas no creen en el anuncio del subsidio inicial del Gobierno; (ii) a que algunas empresas aún no saben si serán clasificadas como PyME; y/o (iii) porque temen que la entrega del subsidio se haga contingente a la presentación del “carnet de la Patria”, cuestión que en definitiva dependerá de la voluntad para someterse a dicho instrumento de control político por parte de cada trabajador y empleado de la empresa. Considerando lo anterior, resultan totalmente inciertos para la empresa tanto el monto efectivo con la recepción del subsidio.
Este anuncio de fijación de precios fue complementado con otro: “se detendrá y encarcelará a todo aquél que venda tales bienes a precios superiores a los establecidos en el decreto ley correspondiente”. Cuestión que ya empezó a ocurrir (varios gerentes de empresas, y trabajadores que se desempeñan como jefes de local, jefes de ventas, etc. han sido detenidos y encarcelados). Pretender evitar el surgimiento de mercados paralelos mediante amenazas y represión es como querer tapar el sol con un dedo. Las leyes del mercado son insoslayables. Ni la más poderosa y totalitaria de las dictaduras puede derogar la ley de la oferta y la demanda. Si se fijan precios de bienes por simple decreto, sin que exista intervención directa alguna del Gobierno en el mercado correspondiente para “sostener” el precio mediante algún poder comprador o vendedor, necesariamente se dará origen – tarde o temprano – a situaciones de excesos de demanda. Dicha escasez se traducirá en racionamiento y en el surgimiento de mercados negros, en los cuales los bienes se transarán a precios superiores a los “oficiales”. Y si se fijan precios por debajo de los costos de producción, la empresa quiebra. Si es privada, la empresa cerrará. Si es pública, también cierra, salvo que el Estado financie permanentemente las pérdidas utilizando recursos generales de la Nación o (más probable en este caso) vía emisión del Banco Central. Es muy posible que varias empresas públicas, es que no todas, sigan este último camino.
Esta medida de fijación de precios decretada por Nicolás Maduro – acompañada del alza en el salario mínimo y el tipo de cambio – llevará inexorablemente a la quiebra a todas las empresas que producen tales bienes de consumo. Ello arrastrará también a todas aquellas empresas que les venden bienes intermedios y servicios a las más grandes empresas. Se produce una reacción en cadena a través de las relaciones insumo-producto de la economía. Venezuela ha entrado en un proceso de quiebre masivo de empresas: sólo en el sector comercio (íntimamente conectado con el consumo del sector privado) ya se registraba un 40% de paralización a un mes del anuncio. Si antes de estos anuncios las estimaciones del sector privado proyectaban que cerrarían un promedio de 1400 empresas al mes durante el 2018, dicha cifra ahora podría multiplicarse. Ello irá acompañado de una tendencia creciente en el desempleo: la recesión autoinflingida será mucho peor, sobrepasando con creces la proyección del FMI previa a este plan, que era de 18% de reducción en el PIB para el presente año. El creciente desempleo generará una caída acelerada en el consumo del sector privado, retroalimentada por un mayor desabastecimiento de bienes y servicios y por una caída aún mayor en el poder adquisitivo del ingreso disponible, en virtud de los mayores efectos inflacionarios. En vista de lo anterior es muy probable que la inflación proyectada de 1.000.000% para este año por el FMI se quede corta.
En cuarto término, Maduro anunció que se va a eliminar el déficit fiscal, esto es, se lo va a reducir de su supuesto nivel actual de 16% del PIB a cero. No se especificó en cuánto tiempo se haría dicho ajuste fiscal ni cómo. Sin embargo, este anuncio no resultó creíble para el sector privado y con razón, pues dicho ajuste sería un acto de magia. Los anuncios de Maduro de hecho implican mayor gasto fiscal vía incremento en la planilla salarial de las empresas e instituciones públicas, más el subsidio compensatorio durante tres meses a las pequeñas y medianas empresas por el alza en el salario mínimo, y el subsidio no compensatorio al consumo de gasolina cuyo precio fue subido en un 100% (también condicionado a la posesión del “Carnet de la Patria”).A lo anterior se sumaría el mayor gasto asociado a financiar las pérdidas de las empresas públicas que el Gobierno decida que deben seguir funcionando.
Por el lado de los ingresos fiscales, los únicos recursos extras que contempla este plan económico anunciado por Maduro provendrían de un incremento de 4 puntos porcentuales en la tasa del IVA. Pero los ingresos tributarios del fisco han caído ostensible y sistemáticamente en términos reales durante largo tiempo y dicha tendencia continuará. Es muy probable que esta alza en la tasa del IVA sea más que compensada por la caída anticipada en la base impositiva (caerá el valor agregado y de forma sustancial) con lo cual lo más probable es que los ingresos tributarios se reduzcan. Y aunque ello no fuera así, en ningún caso permitirían cubrir el mayor gasto público asociado al nuevo “plan económico” del gobierno.
Menos creíble resultó este anuncio respecto al déficit fiscal cuando, pocos días después, “se filtró” información al mercado que indicaba que el Banco Central había incrementado la base monetaria en 24%, ¡en sólo una semana! Y no son precisamente los bancos comerciales los que están recibiendo dichos recursos.
En quinto y último lugar se encuentra la edición de una nueva criptomoneda: el Petro. Supuestamente el valor de esta moneda virtual, estaría respaldado por el valor de las reservas de petróleo. Así, el precio del Petro fluctuaría con el precio internacional del petróleo y los salarios mínimos se indexarán al precio del Petro. Se anunció fijar la tasa de cambio del Petro en 3600 bolívares soberanos, aunque se desconoce de dónde salió dicho número y cómo se concilia éste con el tipo de cambio entre el bolívar soberano, el dólar y el precio internacional del petróleo.
Nicolás Maduro pretende que, en virtud de un simple decreto presidencial, su moneda virtual sea aceptada como medio de cambio nacional e internacional. Su idea es que los instrumentos financieros denominados en Petro pasen a formar parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. Al respecto, cabe señalar lo siguiente:
(a) Ni el más poderoso de los dictadores puede imponer un determinado activo como dinero en su país: la aceptación generalizada como medio de cambio es condición sine qua non para que “algo” represente dinero.
(b) En ninguna economía pueden coexistir dos medios de cambio pues desaparecerá el que tenga menor valor.
(c) La idea es que los costos salariales sean lo más estable y predecibles posible, y no al revés (como ocurriría con una indexación salarial que dependa del precio del petróleo).
(d) Las criptomonedas son un fenómeno relativamente nuevo; la confianza del mercado en su emisor es crucial para su aceptación y ello se logra de forma muy gradual a través del tiempo.
(e) Actualmente el Petro es una criptomoneda que no tiene mercado, ni nacional ni extranjero.
(f) El precio de una moneda virtual lo determina el mercado, no quien la emite.
(g) Las criptomonedas normalmente están respaldadas por activos que puedan intercambiarse fácilmente. Las reservas de petróleo en el subsuelo no cumplen con aquella característica. Por otra parte, el valor de éstas está relacionado con la capacidad de extraer dichas reservas y procesarlas a fin de que puedan ser vendidas en el mercado internacional. Pero Venezuela actualmente no tiene dicha capacidad pues PDVSA está quebrada y embargada.
(h) Ningún instrumento de deuda pública venezolana tendrá valor en el mercado internacional mientras siga en el poder su actual régimen.11
(i) Ninguna criptomoneda actualmente existente en el mundo cumple a cabalidad las funciones de medio de cambio y de unidad de cuenta, y ninguna de las monedas virtuales existentes representa un medio de cambio para las transacciones de comercio internacional.
En síntesis, Maduro y sus asesores económicos no tienen la menor idea de lo que están hablando: el Petro es una entelequia.
Este es, grosso modo, el revolucionario “plan de estabilización y de recuperación económica” anunciado recientemente por Nicolás Maduro. Ciertamente, sólo se trata de un conjunto de sandeces, en virtud de las cuales se acelerará el colapso total de la economía venezolana, el cual estimo ocurrirá el presente año.
5. ¿Se puede “racionalizar” un plan económico tan demencial?
Surge una pregunta obvia: ¿por qué tanta aberración económica junta? Responder esta pregunta podría requerir una sola frase: Los creadores intelectuales de este plan económico sufren de alguna patología siquiátrica similar a la demencia senil. Pero si no nos conformamos con una respuesta como esa, entonces la pregunta se torna más difícil de responder. Para intentar responder esta interrogante es fundamental establecer cuál sería la función objetivo que mejor caracteriza dicho régimen político. Esto último es particularmente importante, pues las decisiones económicas y políticas de la dictadura han de ser consistentes con sus objetivos fundamentales.
¿Con qué tipo de dictador están lidiando los venezolanos? Nicolás Maduro es un dictador de muy bajo coeficiente intelectual y carece de preparación profesional. Tampoco se rodea con gente preparada en el ámbito de las políticas públicas. De “planificación” y de teoría económica marxista no tienen la menor idea: Marx se revuelve en su tumba ante tan malos discípulos. Maduro es un tirano sumamente corrupto, cruel, despiadado y con ínfulas mesiánicas: pretende pasar a la historia como el segundo Fidel Castro de América (sólo que la actual economía cubana está bastante mejor que la venezolana; ni hablar en términos de salud pública).
Extorsiona a la población con el racionamiento de comida, con transporte público y a los jubilados con sus pensiones. Atropella los derechos humanos todos los días. En Venezuela no existe estado de derecho. No hay libertad de expresión e información, no hay derechos políticos ni de asociación (salvo para los del partido de Gobierno). La crítica contra el régimen está judicializada, los civiles son juzgados por tribunales militares, hay presos políticos, las cárceles son centros de tortura; tampoco se respetan ni las convenciones internacionales para el trato de prisioneros en tiempos de guerra. En fin, todas las instituciones del Estado, independientemente de sus status jurídico o administrativo, son controladas por el poder ejecutivo.
Para todo ello Nicolás Maduro cuenta con varios aliados incondicionales a su “Revolución Bolivariana”. Entre ellos destaca Diosdado Cabello, quien preside la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente). Cabello es un poderoso narcotraficante; controla el denominado “cártel de los soles”, con tentáculos internacionales plenamente identificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Nicolás Maduro ampara una serie de mafias enquistadas informalmente en el Estado venezolano, vinculadas al narcotráfico, al tráfico de armas, al crimen organizado internacional. También ampara a ex guerrilleros colombianos (FARC, ELN) y a grupos terroristas extranjeros (Hezbolá), los cuales de facto ocupan buena parte del territorio venezolano (se estima que no menos del 50%) con la venia de Nicolás Maduro y sus aliados. Esta cohabitación con mafias, narcotraficantes y criminales hace aún más rentable el desfalco, pues éste se complementa con negocios internacionales ilícitos que se traducen en mayor enriquecimiento personal y familiar para el autócrata en comento y sus allegados políticos. Así las cosas, los incentivos económicos para perpetuarse en el poder son bastante altos.
Ahora bien: ¿cuál sería la función objetivo de esta narco-dictadura venezolana? Tiene dos componentes. Por una parte, consolidar un sistema político-institucional dictatorial de inspiración ideológica comunista, inserto en un esquema económico de corte estatista con planificación centralizada. Por otra, maximizar el enriquecimiento ilícito de los que detentan el poder político del Estado; en particular, de la élite gobernante. No importa la naturaleza de los medios que se utilicen para esto último.
Bajo este contexto ¿Tiene sentido anunciar e implementar un plan económico que inexorablemente acelerará el colapso total de la economía y rápidamente elevará el desempleo a niveles exorbitantes, afectando así ostensiblemente la pobreza y extrema pobreza? Esta es la pregunta que debemos responder.
Veamos: dicho colapso económico y desempleo masivo se traducirá en dos cuestiones relevantes para responder nuestra. Por una parte, un fuerte incremento en la diáspora venezolana,12 y, por otra, en un fuerte incremento del caos económico, social y humanitario, lo cual contribuirá a incentivar una mayor desobediencia civil, i.e: más protestas y paros masivos. Lo primero sí es conveniente para la dictadura; calza con su función objetivo. En efecto, la migración forzada de venezolanos le reduce al Gobierno la demanda agregada privada por servicios públicos (actualmente colapsados), los desembolsos por los diversos subsidios existentes, y contribuye a captar algo más de impuestos en virtud de la menor caída en el consumo de la población que decide no emigrar, pues parte de ésta es subsidiada económicamente vía transferencias de los que emigran del país. Lo anterior le significa un ahorro de recursos públicos que la dictadura puede utilizar para gastarlos en fines ilícitos. De paso, es oportuno señalar que parte de dichos recursos inicialmente ahorrados y posteriormente utilizados en fines ilícitos, tienen como contrapartida costos que asumen los países destinatarios del éxodo venezolano, especialmente en materias de salud pública, y educación pública (y, más recientemente y de forma creciente, costos de alimentación de emergencia por desnutrición aguda) de forma tal que la mayor diáspora es consistente con la maximización del enriquecimiento ilícito de los que detentan el poder político.
Sin embargo, el severo agravamiento del descontento social, significativamente alimentado por el incremento sideral en el desempleo que generará este plan de Maduro, a causa del quiebre masivo de empresas, se traducirá inevitablemente en un escalamiento progresivo de la protesta social. Esto no se condice con dicha función objetivo, pues implica incrementar significativamente la probabilidad de que dicha protesta llegue a niveles tales que al régimen le sea imposible reprimir, como millones de personas tomándose Caracas. No será viable para Maduro anular una protesta masiva de esa naturaleza utilizando un esquema represivo como el de Nicaragua. Ello, pues la dictadura venezolana sabe que está cercada internacionalmente: por el parlamento europeo, por el gobierno norteamericano, por la OEA, por el Grupo de Lim y también por la ONU.
También sabe que ya no cuenta con el apoyo irrestricto, cohesionado y masivo de las fuerzas armadas (por algo durante este año hay más de 150 militares presos y torturados, además de algunos deportados a Cuba). Y también se sabe que cuenta con muy poco apoyo del electorado, a lo sumo el 10% de éste. Esto lo conoce bien el régimen, pues sabe perfectamente cuántos votos se auto-asignaron usando el expediente de inflar artificialmente la participación electoral en las pasadas “elecciones presidenciales”: desde entonces este escaso apoyo no ha hecho más que decrecer. De modo que la realidad que enfrenta hoy el señor Maduro es muy diferente a la que enfrentaba antes de las protestas del año pasado.
Actualmente es un régimen mucho más debilitado, dentro y fuera del país. Por otra parte, tampoco es necesario provocar un colapso total de la economía para consolidar un sistema económico comunista de planificación centralizada. El régimen de Maduro puede perfectamente expropiar y nacionalizar todas las empresas privadas al ritmo que desee – tal como lo hizo Hugo Chávez – y clonar Cuba en Venezuela, si así lo estima conveniente, sin que para ello se tenga que partir de cero con las empresas privadas ya quebradas.
Tampoco resulta necesario generar una hecatombe en la economía para incrementar el chantaje y control político del pueblo, pues el régimen ya cuenta con los instrumentos para ello y siempre podrá diseñar nuevas herramientas de control político, al margen de cuál sea la situación de la economía. No hay que olvidar que este régimen es una dictadura y, como tal, dispone del poder absoluto para chantajear al pueblo con fines políticos, independientemente de que haya más o menos predisposición del pueblo para someterse a dichos chantajes. Por añadidura, no es para nada descartable que, como corolario del mayor caos y anarquía que generará la implementación de estas medidas económicas, se reduzca aún más el apoyo al gobierno por parte de las fuerzas armadas.
En consecuencia, desde el punto de vista de la preservación del poder político – condición necesaria para el enriquecimiento ilícito – este plan económico de Maduro resulta disfuncional. Estimo que el efecto positivo sobre la función objetivo de la dictadura derivado del aumento de la diáspora es un efecto menor comparado con la suma de efectos negativos derivados de los impactos económicos y políticos antes indicados.
Dadas las consideraciones anteriores, la implementación de este “plan económico” generará al régimen más costos que beneficios. Claramente no es un plan económico (ni político) consistente con la función objetivo de la dictadura. La masificación del desempleo asociada a los efectos económicos de dicho plan sobre la actividad económica, y la subsecuente caída en picada del consumo de la población, contribuirán a agravar más la crisis humanitaria, a incrementar significativamente la pobreza (que ya bordea el 85%) y la extrema pobreza (cercana al 60%). Obviamente tal escenario exacerbará la conflictividad social; incentivará aún más la desobediencia civil, la movilización masiva del pueblo y la insurrección. Esto, lejos de contribuir a consolidar al régimen, contribuye a desestabilizarlo.
Nicolás Maduro y su régimen se dispararon varios tiros con este nuevo “plan económico”. Tantos que los dejó casi moribundos. En consecuencia, no suscribo la hipótesis aparentemente predominante en algunos dirigentes políticos opositores de Venezuela, la cual establece que las consecuencias nefastas del plan económico anunciado por Maduro el 17 de agosto serían premeditadas. No lo son. Una cosa es la maldad, la crueldad y la indolencia; otra es la estupidez. Una dictadura no toma decisiones de esta envergadura en materia económica para auto aniquilarse. O bien están dementes – cuestión que no descarto del todo – o bien el gobernante y sus asesores son totalmente ignorantes en materias económicas e ineptos para anticipar los costos y beneficios políticos de sus acciones. Me quedo con esta última hipótesis.
6. Hacia el desplome final.
A estas alturas, este eventual desplome de la economía venezolana no tiene cómo evitarse, pues las demenciales medidas económicas anunciadas el 17 de agosto ya están siendo implementadas. Tampoco existe margen de maniobra para amortiguar la magnitud de la recesión que se avecina en el corto plazo. En efecto, en adición a su abultada deuda externa estimada en US$184.500 millones13, Venezuela tiene un serio problema estructural de escasez de reservas internacionales el cual restringe severamente su capacidad importadora14 y estrangula su aparato productivo. Si bien la magnitud de dicho problema se ha agravado ostensiblemente en los últimos años, ello se arrastra desde hace bastante tiempo y está relacionado con la crisis acumulada en la producción de la industria petrolera venezolana.
Dicha crisis ha sido causada por la corrupción y mala administración crónica de PDVSA; se ha agravado últimamente por los prolongados cortes de electricidad en el territorio venezolano, y también porque las compañías de servicios petroleros redujeron la actividad en Venezuela debido a facturas impagas por parte de PDVSA. Desde inicios del gobierno de Hugo Chávez, hasta agosto del presente año, la producción petrolera se dividió por 2,8, mientras que el empleo petrolero se multiplicó por 6. Eso implicó que la productividad media del trabajo en el sector petrolero cayó desde un factor de 140 a 8 en un lapso de 28 años. Esto es una verdadera catástrofe para una economía cuya fuente principal de generación de divisas es la exportación de petróleo. En la actualidad, PDVSA es una empresa prácticamente quebrada y sujeta a demandas internacionales por incumplimiento de contratos. Los niveles de producción actuales (septiembre) son los menores desde 1950. La Revista Forbes estima que las exportaciones de petróleo de Venezuela para el final de este año podrían llegar a cero, de acuerdo a información de Global Data. Esta es la situación en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, parte de las cuales estarían siendo hipotecadas por Nicolás Maduro a través de ventas a futuro a precios subsidiados pactadas con acreedores internacionales. En su reciente viaje a China, el mandatario habría celebrado contratos con dicho país – cuyos términos no se conocen bien – para eventuales exploraciones e inversiones en Venezuela.15 Dadas las actuales condiciones de debilidad económica e incertidumbre política, la presunción es que en dicha negociación económica los intereses de China prevalecieron abrumadoramente por sobre los de del país caribeño
Este es el caos económico, social, humanitario y político en que está inserto Venezuela. El caos económico irá creciendo en virtud de los anuncios económicos del 17 de agosto, y, con ello, la aguda crisis humanitaria y el descontento social. En agosto se registraron un promedio de 30 protestas diarias, según estudio del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Todas están relacionadas, directa o indirectamente, con los efectos de la crisis económica.
Definitivamente, el plan económico anunciado por Nicolás Maduro el 17 de agosto será la antesala del fin de la dictadura venezolana. Qué forma política específica adoptará dicho final, es incierto16. Lo único cierto es que el eventual retorno a la democracia en Venezuela recibirá un país en ruinas.
El centro de estudios Democracia y Progreso considera que el presente documento constituye una contribución valiosa para el debate público de nuestro país. Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.
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1 Es PhD. en Economía por la Universidad de Rochester.
2 Las dictaduras institucionalizadas difieren de las dictaduras militares tradicionales sólo en su origen y en la velocidad con que el régimen político se consolida como una dictadura. En el caso de las dictaduras militares tradicionales su origen no es democrático, sino una toma del poder mediante la fuerza de las armas, y la consolidación del régimen político totalitario es instantánea. Por su parte, las dictaduras institucionalizadas son, en su origen, regímenes democráticos, toda vez que el Presidente es electo mediante sufragio universal. A través del tiempo – utilizando una serie de mecanismos que no es del caso abordar acá- estos regímenes se sirven de la institucionalidad democrática para aniquilarla. Destruyen la esencia de los regímenes democráticos: la separación e independencia entre los tres poderes de un Estado democrático. Dichos poderes de facto terminan concentrándose en el “dictador institucionalizado”, quien a su vez controla toda la institucionalidad del Estado (incluidos, por cierto, el Banco Central y la institucionalidad electoral). Simultáneamente, ello se complementa con la cooptación política (y económica) de las fuerzas armadas por parte del poder ejecutivo. Se suprimen los derechos políticos y las libertades individuales, se judicializa la disidencia política al régimen y los civiles muchas veces se someten a la jurisdicción de tribunales militares. Se violan los DDHH. Una vez consolidadas, las dictaduras institucionalizadas y las dictaduras militares tradicionales se tornan indistinguibles. En ambas se da la esencia del totalitarismo: la trilogía conceptual “Estado, Nación y Gobierno” se funden entre sí, y el dictador es “la voz del pueblo”.
En América Latina, Nicaragua y Venezuela son dictaduras institucionalizadas. Bolivia va por ese camino, pero le falta. Ecuador quedó a medio camino: los resultados del plebiscito de febrero de este año – auspiciado por el actual Presidente, Lenin Moreno- le bloquearon el camino al ex Presidente Rafael Correa para poder eventualmente convertirse en un “dictador institucionalizado”. Se logró eliminar la posibilidad de re elección indefinida del Presidente de la República que había instaurado Correa, y se modificó estructuralmente la naturaleza y composición del poder paralelo al poder legislativo (el “Consejo de Participación Ciudadana”) que estaba armando Correa, con miembros de su exclusiva confianza.
3 Alguien que hubiese cambiado un millón de dólares a bolívares hace 5 años, y los hubiera conservado, ahora tendría menos de un centavo.
4Para determinar cifras que indiquen la magnitud del saqueo se requiere establecer (y valorar) las compras de bienes y de activos efectuadas con dichos recursos, incluido el lavado de dineros ilícitos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene algunas cifras preliminares, pero no las ha dado a conocer. El proceso de detección de compras de activos mal habidos por parte de funcionarios del régimen venezolano, tanto en Estados Unidos, Europa, como en “paraísos fiscales”, es un proceso en curso. La única cifra conocida hasta ahora es la que se desprende del reciente dictamen del juicio formal contra Nicolás Maduro llevado a cabo por el TSJ (en el exilio), pero que se refiere sólo a determinados contratos celebrados por Maduro con la empresa brasilera Odebrecht. La sentencia de dicho tribunal estableció la obligatoriedad para Maduro de resarcir US$ 35.000 millones al Estado por legitimación de capitales. Pero, obviamente, esto no representa ni la punta del iceberg del desfalco por parte de diversos funcionarios civiles y militares del régimen venezolano.
5 El petróleo representa cerca del 90% de las exportaciones.
6 Es importante hacer notar la dificultad para contar con información oficial poblacional consolidada en este tipo de regímenes, cuando dicha información no les favorece. “Hace dos años dejaron de divulgar los boletines epidemiológicos, conforme se acentuaba la crisis económica y, con ella, la masiva fuga de profesionales y técnicos de la salud. Para suministrar detalles sobre el funcionamiento de los hospitales, los trabajadores de la salud en muchos casos informaron a escondidas los datos de centros públicos y privados” (El País, 20 de marzo, 2018).
7 Venezuela ha hecho varias reconversiones y cambios en su cono monetario durante la última década, sin que se generara el caos que se generó ahora con esta última (20 de agosto).
8 Los pensionados están particularmente indignados y han salido a protestar, pues de facto han visto reducidas sus ya miserables pensiones. Algunos han muerto exhaustos y desfallecidos haciendo largas filas durante horas en las instituciones del seguro social y en los bancos, para intentar obtener en efectivo aquella parte de sus pensiones depositadas en cuentas bancarias.
9 No es claro cuánto durará este problema, pues el gobierno mantiene una deuda pendiente de pago con la empresa extranjera proveedora del papel requerido para imprimir los nuevos billetes, la cual se niega a continuar abasteciendo el papel correspondiente hasta que no le paguen dicha deuda.
10 Dependiendo de la definición específica de PyME, se estima que en su conjunto estas empresas absorben entre un 65% y 85% del empleo en la economía venezolana.
11 De acuerdo a la Constitución Política de Venezuela, todo instrumento soberano de deuda pública internacional debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, previo a ser emitido. Pero Nicolás Maduro no pidió dicha autorización, pues no reconoce a la Asamblea Nacional electa. Esta fue de facto sustituida por el “Politburó de Nicolás Maduro”: la ilegítima “Asamblea Constituyente”, la cual no es reconocida por la comunidad internacional. De modo que los potenciales compradores de esta deuda en Petro saben de antemano que no existe garantía alguna que se les honrarán sus eventuales préstamos.
12 La “elasticidad” de la diáspora respecto de la situación económica es bastante significativa. Según The Economist, en base a datos oficiales de la ONU, si se toma como referencia 2015, año en que se empieza a agravar la crisis económica venezolana, el volumen del éxodo venezolano hasta el segundo trimestre de este año es cercano a los 4 millones (poco más del 12% de la población). Y el patrón ha sido creciente, pari passu con la crisis económica y crisis humanitaria. La agencia de refugiados de la ONU (Acnur) ha registrado 135.000 solicitudes de asilo de venezolanos durante los primeros siete meses de este año, un 20% más que lo registrado durante todo el 2017. De mantenerse el actual ritmo, Acnur estima que la diáspora venezolana podría superar el próximo año los 6 millones de personas que huyeron de la guerra civil en Siria. Una cifra sin duda alarmante para los países receptores de dicha diáspora.
13 En el último trimestre de este año Venezuela tiene que pagar US$2.400 millones de su deuda externa, más US$6.500 millones de arrastre (compromisos vencidos, impagos). Según información del Banco Central de Venezuela (que no es muy creíble) hay US$ 9800 millones de reservas internacionales. Pero el 75% están en lingotes de oro que, para negociarlos, debe certificarlos fuera del país. Por lo tanto, si descontamos esos US$7350 millones en oro, los recursos efectivamente disponibles para pagar en el corto plazo deuda externa se reducen a US$2450 millones. Sólo alcanzarían para pagar lo que se requiere en el último trimestre del presente año, no el resto de pagos vencidos de este año. Pero si pagara sólo los vencimientos de este último trimestre, el Banco Central prácticamente se quedaría sin reservas internacionales para financiar importaciones. De modo que el default de la deuda externa venezolana ya es un hecho.
14 De paso, ello hace totalmente inviable dolarizar el sistema monetario venezolano, como algunos estarían proponiendo para más adelante, a fin de parar la hiperinflación (no es la única forma de detener la hiperinflación, ni necesariamente la más recomendable). La dolarización autoimpone una restricción de superávit en balanza de pagos, restricción que, por ahora y durante un buen tiempo, la economía venezolana no está en condiciones de autoimponerse. Adicionalmente, la dolarización acarrea consigo dos costos importantes de considerar. Primero, su carácter irreversible: una vez adoptada, no es factible abandonar dicho sistema en el futuro, sin que ello genere una crisis financiera de proporciones. Segundo, conlleva a renunciar automáticamente a los ajustes macroeconómicos vía tipo de cambio real. Esto último es particularmente desaconsejable en una economía en recesión. Un Banco Central autónomo, con prohibición de otorgar crédito al sector público; un sistema de tipo de cambio libre, y la institucionalización de una regla de balance estructural para el Presupuesto Fiscal (sería particularmente aconsejable para Venezuela) similar a la de Chile, son suficientes para garantizar la estabilidad macroeconómica futura de Venezuela.
15 Algunos dirigentes políticos opositores en Venezuela sostienen que tales contratos para inversiones Chinas son inexistentes (nada se mencionó al respecto en la prensa China), o no serían más que apropiaciones de activos venezolanos para amortizar parte de la deuda que mantiene Venezuela con China. En todo caso, sí resulta extraño que China suscriba nuevos contratos de negocios con Venezuela a sabiendas que cualquier contrato con el actual régimen venezolano no será reconocido cuando Venezuela retorne a la democracia, pues tales contratos no fueron autorizados por la Asamblea Nacional y, por tanto, son inconstitucionales. Salvo que el gobierno de China estime que el retorno a la democracia en Venezuela esté muy distante. Lo cual creo sería una estimación equivocada, o al menos bastante riesgosa.
16 En un reciente documento (“El desenlace de la dictadura venezolana”) analizo este punto.
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