Seminario Constitucional Parte 4

El centro de Estudios Democracia y Progreso realizó el sábado 25 de julio, un cuarto encuentro virtual orientado a debatir sobre los principales tópicos de una nueva Constitución política para Chile.

Los oradores fueron Ignacio Walker, abogado, cientista político, investigador, académico y político chileno de afiliación democratacristiana. Walker fue además diputado, ministro de Relaciones Exteriores en el mandato de Ricardo Lagos, presidente del Partido Demócrata Cristiano y senador. Lo acompañó Isabel Aninat Sahli, abogada PUC, Decana facultad de derecho Universidad Adolfo Ibáñez, Master en Derecho, Universidad de Columbia, Estados Unidos.

Moderó el encuentro el abogado Luis Lizama, Secretario General del Centro de Estudio Democracia y Progreso e integrante de Progresismo con Progreso, quien en su introducción señaló que la instancia abarcaría temas relativos a la parte dogmática como orgánica de la Carta fundamental como a compartir algunas ideas que debieran estar y no, según su aporte a la convivencia en paz y democracia y desarrollo.

La primera exposición correspondió a la de Isabel Aninat, quien principalmente abordó temas desde una aproximación institucional, considerando los principales problemas que ella observa en la actualidad de modo de hacer propuestas para una nueva constitución. “No desde una hoja en blanco sino de una historia constitucional que es necesario recoger”, mencionó.

De este modo partió indicando que su observación que desde hace un tiempo diversos sectores políticos y académicos han venido pronosticando de manera transversal este agotamiento del diseño institucional, proyectado tanto en la Constitución actual como el régimen de gobierno, desde el modelo de estado unitario y centralizado, pero además centralista. “Y también desde la ausencia de mecanismos de deliberación en las decisiones de política pública en lo que se conoce más bien como participación ciudadana, y de una configuración deficitaria de la carta de derechos fundamentales acompañado de una excesiva judicialización”.

La abogada se mostró partidaria de transitar hacia una Constitución mucho más mínima dejándole más espacio a la ley, a diferencia de lo que hoy ocurre – según señaló y haciendo mención a Pablo Ruiz Tagle – de tener una especie de ekeko constitucional. “Hemos ido construyendo esta figura, y agregando instituciones y regulaciones en el camino tratando de hacer ajustes, lo que genera dos efectos: una es que lo va inflando, y al mismo tiempo un abandono de una mirada sistémica que es lo que uno quisiera en una constitución. Y creo que ello ha ocurrido por distintas razones y una profunda es que hemos ido perdiendo el valor de la ley”, explicó.

En este escenario, la expositora se refirió a los cambios en la parte orgánica y su impacto a nivel dogmático. “Y ¿qué quisiera yo entonces? Quisiera una Constitución con un fuerte compromiso con la democracia, que se tradujera en reglas que permitan la alternancia en el poder, con la protección de los derechos fundamentales y con instituciones pensadas para hoy y para mañana. Bajo una Constitución donde los distintos gobiernos pudieran gobernar, es decir, una carta fundamental que no establece sustantivamente un modelo determinado y no incluye una tener una sola posición política que represente a un sector, sino que permite espacio a la política. Obviamente que resguarda de manera muy estricta la dignidad de cada miembro de la comunidad, pero que también establece igual consideración y respeto a los diversos proyectos de vida que cada uno pudiera tener.  Y eso ligado a cuáles son los diversos proyectos que como país a nivel territorial se pueden tener”, desarrolló.

Al mismo tiempo indicó que quisiera una Constitución que modernice el Estado y que de espacio a la ley.

Así mismo, planteó que hay ciertos niveles que debieran estar en la Constitución. “Como los principio, donde hay algunos que, si importan, como son la responsabilidad, la probidad, la transparencia. “Creo que debe ser una Constitución que se enfoque en lo que Oscar Godoy llama los Esenciales Constitucionales. Una constitución que reconoce que, en diversas cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales, no estamos de acuerdo y que le deja ese espacio a la política considerando ello como valioso”.

Luego de esta introducción, Isabel Aninat se refirió a aquellos temas relacionados al Régimen Político. Y en esta revisión del sistema de Gobierno, planteó que, en el último tiempo, el tema se ha centrado en la iniciativa exclusiva y la admisibilidad. “Pero si miramos un poco hacia atrás, veo que se dio también a raíz dl nombramiento de parlamentarios como ministros, tanto en gobiernos de centro izquierda como de centro derecha. Obviamente estamos en Latinoamérica y en un escenario con Presidentes de baja aprobación y de fragmentación en el Congreso, pero también hay otros aspectos como el uso de acusaciones constitucionales y otras formas de forzar válvulas de escape del régimen político. También influyen otros aspectos que son menores, pero que tiene que ver con rol del Ministro del interior, de esta figura desde que pasó a estar  más en la seguridad y delincuencia, mantención del orden público más que el rol tradicional, es decir de una figura política al interior de la coalición”

Entonces estamos en este escenario de una crítica al orden político presidencial chileno, indico. “Y si nos atrevemos a introducir reformas, lo peor que podemos hacer es central la discusión en quien tiene la iniciativa exclusiva. Y por eso me gustaría transitar a un sistema mucho más hibrido, lo que no es novedoso hoy en día. Hay que volver hacia esas preguntas porque sobre ellas podemos contestar para ser incluidos en una nueva Constitución, sobre quien tiene las atribuciones legislativas, como será la segunda vuelta, si existirán las atribuciones de disolver la cámara, la incompatibilidad con ser Ministro y parlamentario, etc. Hay que volver sobre esas preguntas básicas sino lo que vamos a hacer es transformar los actuales artículos y generar un régimen menos presidencial pero que va a tener ciertas tensiones de todas maneras. Y ahí la pregunta que me queda es por qué el articulo 33 no se usa. Por qué el ministro coordinador contemplado en nuestra Constitución. no se ha utilizado. ¿Hay algo que no nos permite movernos ahí?”, agregó.

Lo segundo que planteó dentro de esta temática del régimen político, es la necesidad de que deba ir de la mano de dos discusiones que generalmente se ven muy separadamente. “La primera es el régimen político con el régimen de los partidos y de las instituciones políticas como el sistema electoral y el efecto del sistema político sobre el Congreso, atribuciones y formación de coaliciones y sobre qué pasa al interior del Congreso también. Y ahí la pregunta es si hemos tenido un discurso que busque reforzar el Congreso, y creo que no. Creo que el discurso de limitar la re – elección, de bajar la dieta, dan espacio de popularidad. Mi temor es que el discurso vaya muy en contra del Congreso.  Y creo que es justamente la institución que debemos reforzar ya que es la que permite mucho mejor la deliberación racional”, explicó.

Y la otra mirada del régimen político que falta hacer es la de la administración del Estado, subrayó. “Ello porque los regímenes parlamentarios clásicos funcionan muy bien con un servicio civil, como Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, donde incluso puede no formarse Gobierno y la administración del Estado continúa. Creo que mirar el régimen político muy separado del régimen de la Administración del Estado, también es importante porque o si no, nos quedamos netamente en lo constitucional y ello incluye reglas de empleo público”

Y también el régimen político debe mirarse en referencia a que pasa con los otros órganos de la Constitución. “Lo que hemos visto en la historia, es una inflación de órganos en la Constitución, más allá de los tres clásicos poderes. Y eso es importante, primero porque tenemos que pensar en la extensión de la regulación de cada órgano donde cabe la pregunta si ¿debiera estar todo eso en la Constitución? Ahí hay errores que no podemos cometer”.

Parte de la exposición incluyó también lo referente a la calidad de la regulación. “Lo que hemos discutido menos en los últimos años es el tema de la estructura del Estado o la forma del Estado, que fue una de las principales disputas de los primeros años de vida independiente: la distribución territorial del poder. Y a lo largo de la historia constitucional hemos hablado mucho de un Estado unitario, pero mucho menos en cómo se ha traducido en un Estado centralizado. Y ¿en qué estamos hoy? Chile es un país muy centralizado incluso dentro de los Estados unitarios. Tenemos una desigualdad en términos territoriales muy alta, incluso en comparación con países de la OCDE. Y creo que en término de estructura del Estado – la preocupación central en el establecimiento de la República – se ha escrito mucho menos y que hay menor discusión en relación a los derechos o régimen político. Y ahí la pregunta es si las reformas recientes para elegir al Gobernador regional y de cómo proyectamos esa discusión hacia el futuro, incluso manteniéndonos dentro de un estado unitario, significará que nos mantendremos dentro de un modelo ultra centralizado, tal como lo que hoy tenemos. Creo que es bien interesante esta discusión, porque algunos promueven modelos que dan mucho más poder para las regiones. Y si eso es así, la pregunta siguiente es ¿por qué estamos desmembrando las regiones? ¿por qué separamos los Ríos de los Lagos o por qué creamos la región del Ñuble o por qué separamos Arica, Parinacota e Iquique? Porque si uno quiere ir hacia un Estado regionalizado, la idea habría sido avanzar hacia macro regiones que justamente le hicieran el contrapeso a Santiago. Y la otra pregunta es ¿cómo avanzamos hacia un Estado unitario, pero efectivamente más descentralizado? Y, ahí creo que un principio que se debiera incluir en la nueva Constitución es el de la Subsidiaridad Competencial, es decir, donde las atribuciones debieran partir por los Gobiernos locales – ya sean municipales o regionales – y luego ir escalando. Y la otra discusión es la fiscal, en donde debiéramos saber qué mecanismos de financiamiento establecemos de responsabilidad fiscal”.

En la última parte de la exposición, la decana señaló que, dentro de la discusión de la estructura del Estado, hay un espacio para tratar – según dijo – uno de los que serán los más difíciles: el tema del reconocimiento de los pueblos originarios. “Esto se ha tratado mucho más respecto del reconocimiento general y constitucional y de los derechos. Pero ha sido mucho menos explorada en término de la estructura del Estado y creo que tenemos espacios a partir de lo que ya hay. Porque si todo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas apunta a reconocer cierta autonomía, entonces el pecado que puede cometer la Constitución en ese aspecto es justamente centralizarlo y ahogar esas identidades que se reclaman, porque la realidad de los pueblos en Chile es muy distinta. Por lo que debemos abandonar la respuesta única, uniforme y centralista. De este modo por ello, la Constitución debe ser mínima en esto para dejarle amplio espacio a la ley, bajo parámetros y limites generales, obviamente.  Y en el fondo tratar la estructura del Estado con todas sus complejidades”, señaló.

En la parte de Ignacio Walker, el cientista político hizo énfasis en el inicio de aquellas cuestiones que no debiera ser una Constitución. En ello, resaltó que una Constitución no debiera ser un catálogo indefinido de derechos, tendencia de países de América Latina a diferencia de países del norte, Por otro lado, indicó que no se trataba de sustituir un modelo por otro. “Creo que una Constitución debe escapar de cualquier modelo y color político”, aseveró. Agregó que una Constitución no debiera ser programática. “Para eso están los programas de Gobierno y del juego de mayorías y minorías. No debe ser reglamentaria tampoco.  Para respetar el espacio de deliberación política de la democracia”. Indicó que no debiera ser ni minimalista ni maximalista sino equilibrada y por último, que no se trataba de sustituir una ideología. “Eso sería un error”, agregó.

Y en relación a lo que sí debiese ser, dijo que la Constitución debe ser un pacto político que recoja las distintas tradiciones constitucionales que se han desarrollado en Chile durante 200 años.

Luego de esta breve introducción, Walker desarrolló su propuesta basándose en la Propuesta de Constitución del año 2018 de la mandataria Michele Bachelet. “La cual es muy interesante, porque deja un 90% de la actual en pie, demostrando que esto no es una hoja es en blanco. Hay una historia y tradición constitución que considerar”.

La primera parte se basó en el Primer capítulo: Bases de la institucionalidad. “Acá hay que hacer un trabajo de tijera, para perfeccionarlo y de simplificarlo. Por ejemplo, en el artículo 1, hay que decir ´todas las personas son iguales ante la ley´.  Y ello es fundamental porque es el tema básico. Se debe incluir el deber del Estado por velar por la seguridad de las personas, ya que no existe una sola referencia en toda la Constitución, a la seguridad de las personas, siendo el clamor de muchas personas en muchos años. Por otra parte, hay que poner a nivel constitucional a los 9 pueblos originarios que hay en Chile”.

Otra de las cosas que saca del proyecto de Bachelet es la referencia a la tradición tomista y social cristiana. “Eso no debe estar en la Constitución, es un sesgo social demócrata. Las saco porque hay que perfeccionar y simplificar. Y, además, repongo el voto obligatorio”.

En cuanto a la parte dogmática, Walker señaló que ahí hay perfección de normas del derecho a la Vida. “Quiero reponer el derecho de protección por el que está por nacer, algo que la Presidenta Bachelet eliminó. Y agrego en del derecho a la vida, los delitos de genocidio, desaparición forzosa y delitos de lesa humanidad. Y agrego en la garantía de igualdad ante la ley, la equidad de género que es un principio civilizatorio”.

En relación a los Derechos sociales, planteó que lo que hace es tomar lo que está en el libro de Patricio Zapata ´La Constitución, la casa de todos y de todas´. “Con ello tratar de dejar en forma precisa de garantía y de cumplimiento de los derechos sociales a la ley, para evitar la judicialización. Porque una cosa es que la Constitución garantice ciertos derechos y otra la forma concreta y material, en que eso debe tener lugar, debe ser dejada al poder legislativo y a la ley, evitando así, que sea el poder judicial – cuya misión es interpretar y aplicar la ley – el que cree derecho a través de este activismo judicial que vemos permanentemente”.

En este punto, planteó la incorporación de ciertos derechos. “Incorporo el derecho a la vivienda; la protección a la salud ´en la forma y bajo las condiciones que señala la ley´ y acá sí comparto con la presidenta Bachelet ´el deber preferente del Estado de garantizar un sistema público de salud´. En el derecho a la educación, yo retomo algo que estaba en la Constitución del 25 y que no estaba en la propuesta de Bachelet, y es que, dentro de la garantía del derecho a la educación, se debe contemplar que ´la educación pública es una atención preferente del Estado´, con un sistema de provisión y de financiamiento mixto, publico-privado. Y saco en la garantía de educación, la gratuidad universal que sí estaba en el proyecto de Bachelet. No creo en eso.  Y contemplo más bien el acceso equitativo a la educación superior atendiendo a los méritos y capacidades. Y hago un aporte para perfeccionar la libertad de enseñanza, definida ésta como el respeto por la diversidad y autonomía de los proyectos educativos”, detalló.

Agrego el considerar el derecho al Trabajo. “Porque hoy lo que está garantizado es la libertad de trabajo y quise incorporar lo del proyecto de Bachelet, porque está en el artículo 23 de la Declaración Universal de derechos humanos del año 48. Me parece básico dar una señal que, junto con la libertad de trabajo, exista el derecho al trabajo, siempre ´en la forma que determine la ley´. Hago innovaciones en el derecho a la negociación colectiva, el proyecto de Michel Bachelet solo habla de los sindicados. Y yo incluyo el derecho de negociación colectiva de los trabajadores y los sindicados, porque todos deben poder negociar colectivamente. Y clarifico, además, que la negociación colectiva es en las empresas y si contemplo que allí donde existe un sindicato debe negociarse con el sindicato, es lo que se llama la titularidad sindical y de lo contrario hacerlo con el grupo negociador. Contemplo también un inciso en que debe velarse por la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales, junto con promover el diálogo social entre trabajadores y empleadores”.

En la parte sobre igual repartición de tributos, Walker propone reponer algo que la ex mandataria elimina. “Y es que ´en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos´“.

Por otro lado, indica que repone otro artículo, a propósito del desarrollo de cualquier actividad económica, el cual es que se prohíbe cualquier discriminación arbitraria en el trato que el estado debe dar a sus organismos en materia económica.

En cuanto a cómo evitar la judicialización de derechos, Ignacio Walker, indicó que es partidario de mantener el recurso de protección actual extendido a los otros derechos. “Y por qué. Porque el recurso de protección actual, sin el sesgo neoliberal que hoy tiene, tiene una gran ventaja. Es un recurso concebido para que, las personas puedan reclamar sobre las acciones u omisiones arbitrarias o ilegales.  Y eso me parece bien, aunque hay que perfeccionarlo”, subrayó.

Refiriéndose a la parte orgánica hizo algunos anuncios:

  • Mantener la elección del Presidente de la República a los 4 años. La presidenta proponía elecciones cada 6 años. Ello porque es fundamental que coincidan las elecciones presidenciales y parlamentarias. Además, defiendo lo que dice la actual constitución sobre la no reelección inmediata, ello para evitar el populismo.
  • Soy partidario de una fórmula de gobierno semipresidencial. Es decir, de un presidente como Jefe de Estado y un Primer Ministro como Jefe de Gobierno. Esta fórmula no es quitarle atribuciones al ejecutivo para dárselas al parlamento, es distribuir las competencias radicadas en el Presidente con el primer Ministro, tal como ocurre en Francia. Pero si soy partidario en esta distribución de competencias, que el presidente de la República, no solo tenga la defensa y política exterior, sino también la administración del Estado, siendo el gran garante de la profesionalización y de la continuidad de la administración del Estado.
  • Mantengo las normas sobre seguridad social. A diferencia del planteamiento de la ex presidenta que propone sacarlas de la iniciativa exclusiva del ejecutivo. Creo que sería un gran error.
  • Mantener como materia exclusiva del presidente de la república la estimación de ingresos. Este es un artículo que la presidenta Bachelet saca. Yo lo repongo porque en esta materia soy ortodoxo y conservador y debe ser materia exclusiva del presidente. Es un principio básico del orden público-económico, de responsabilidad fiscal y de estabilidad macroeconómica.
  • Elimino completamente el Capítulo del Consejo de Seguridad Nacional.
  • Soy partidario de unas FFAA dedicadas a la seguridad externa, más que a la seguridad nacional
  • Para la reforma Constitucional, Bachelet propone 3/5, ya yo propongo 2/3 para todas las modificaciones, incluidas el reglamento, basándome en el acuerdo de noviembre de 2019.
  • Elimino las Leyes orgánicas constitucionales y las sustituyo por leyes de quorum calificado
  • Y en materia de descentralización, no innovo porque adhiero a las reformas constitucionales que se han producido en los últimos años, incluida la elección directa de gobernadores regionales. Llevamos 240 años designado Intendentes desde Santiago y Chile es el único país de los 37 de la OCDE que no elige a sus autoridades regionales. Creo que le llegó la hora.

En la ronda de preguntas y respuestas, ambos expositores fueron consultados acerca de la factibilidad de realizar el Plebiscito de entrada en Octubre próximo, considerando el nivel de incertidumbre sanitaria, económica y la creciente fragmentación política. Al respecto Isabel Aninat planteó que creía que la única razón para postergarlo nuevamente sería razón sanitaria. “Creo que los procesos Constitucionales siempre están rodeados de incertidumbre. Y ese es el mayor dilema y paradoja de los cambios constitucionales. Tal vez uno quisiera es que la Constitución se cambiase en periodos en que hay menos polarización o la deliberación política se da en ´normalidad´, pero esperar a que exista un periodo sin incertidumbre, me parece lo único que hace es aumentar la incertidumbre. Y además recordar una razón más práctica, y es que el cronograma que tenemos está atado a una serie de elecciones que vienen posteriormente”.

Por su parte Ignacio Walker señaló, que se debía asumir que en la historia constitucional moderna, las Constituciones nunca surgen de periodos tranquilos y de normalidad democrática. “Al contrario. Surgen de coyunturas políticas dramáticas, como la de EEUU, que surge de una revolución y Francia lo mismo. O como sucede en países latinoamericanos, que surgen de procesos de revolución. Ese es el contexto. Por eso hay que desdramatizar que esta nueva constitución surge de una gran convulsión del 18 de octubre que es presa de la violencia. Yo creo en una nueva Constitución y votaré apruebo. Creo que hay muchas razones para avanzar y esta es una gran oportunidad, y como decía Isabel la única razón que pudiera evitar el Plebiscito del 25 es una sanitaria”.

Sobre la idea de incorporar un Capítulo de Valores y principios en la carta fundamental, la abogada Aninat opinó que el problema es que esos valores y principios suelen usarse para la interpretación constitucional, traduciéndose luego en la jurisprudencia en los jueces. “Una cosa es incluir un preámbulo, como muchas Constituciones lo tienen, pero principios y valores implicará otros conflictos. Y además costará mucho que nos podamos poner de acuerdo. Incluso la propuesta de Ignacio de bases de la institucionalidad, la reduciría en algún grado”, argumentó.

En este mismo punto, Walker coincidió con dichas opiniones. “Es peligroso ponerlos y eso tiene sesgo doctrinario y filosóficos y efectivamente la interpretación jurisprudencial empiezan a apelar a los valores y principios. Sin perjuicio de lo cual soy partidario de un capítulo primero simplificado y perfeccionado, con dos o tres definiciones básicas y punto”.

Consultados sobre la metodología de nombramiento de autoridades y alguna opción diferente de la actual, Aninat indicó que había tres cuestiones. “Una es el nombramiento de jueces que tiene ciertas particularidades porque tiene que ver con la carrera judicial, atribuciones de la corte suprema y eso tiene una especialidad propia y es necesario mantenerlo. Pero otra cuestión tiene que ver con el nombramiento de autoridades políticas, donde se podría avanzar a sistemas como en EEUU, donde embajadores y otras autoridades, pasan por el senado. Y otro punto tiene que ver con autoridades de órganos autónomos, como Contraloría, TC o Ministerio Público. Y ahí la cuestión es si queremos avanzar hacia órganos colegiados unipersonales y creo que esa respuesta no es única, porque es distinto el rol de la Contraloría que el TC y creo que tenemos que mirar mucho el sistema de nombramiento de autoridades, pero en general lo que tenemos un déficit muy grande es como incluir mayor transparencia en esos sistemas de nombramientos”.

Walker por su parte señaló que pensaba que todos los nombramientos de órganos como de la corte suprema, TC, contraloría, se debía velar por ciertos equilibrios básicos y evitar la politización.

La decana de la UAI, también dipo su opinión sobre el bicameralismo. “Creo que el congreso debe seguir siendo bicameral, y eso no quita que uno pueda repensar cuales son las atribuciones de la Cámara y del Senado y si tienen que ser espejo para todo. Acá hay una propuesta de Pato Zapata, que justamente pretende separar el rol del Senado de la Cámara, porque lo que tenemos es que son espejo en la tramitación legislativa para todo, lo que es virtuoso en algunos sentidos, pero también genera deficiencias. Y también creo que hay un reforzamiento del Congreso que se puede hacer en término de su operatividad, y acá la clásica demanda tiene que ver en cómo reforzamos las capacidades técnicas del congreso, que permiten una mejor deliberación”.

Respecto a opiniones sobre el fuero parlamentario, Walker se refirió a la existencia de una garantía procesal. “Para evitar que la gente abuse con querellas contra diputados y senadores, y en Chile el fuero y desafuero, a diferencia de lo que sucede en Argentina que es el Parlamento el que decreta el desafuero, acá los decretan los tribunales”.

Los expositores también fueron consultados acerca de la necesidad de incluir en la carta fundamental un Modelo de Desarrollo, y si se pensaba que el objetivo de la reforma era precisamente el cambio del Modelo. En esto Isabel Aninat declaró que el desafío que la Constitución enfrenta hoy es muy distinto a la que estableció la Constitución del ´80. “Por ello en materia de modelo de desarrollo creo que el principal desafío, es que estamos en un mundo sujeto a cada vez más cambios y la discusión sobre si tendremos una economía basada en recursos naturales parece quedarse corta. Y en esto estoy pensando en los desafíos que trae el cambio climático, la mayor automatización en el mercado laboral o los desafíos que nos da el empleo público con generaciones que no tienen ningún interés en hacer carrera de 30 o 40 años en el Estado, etc. Los tiempos de hoy nos proponen otras preguntas y creo que vamos a entrar en un periodo de cambios vertiginosos y que hace que las preguntas del modelo de desarrollo sean mucho más cambiantes. Ahora creo que lo que si va a complicar más la discusión constitucional será la discusión del agua. Y por lo tanto creo que la Constitución debe permitir esa adaptabilidad y evitar caer en definiciones estáticas que en 10 años más sean superadas. Todos esos cambios, nos llama a pensar en algo que es difícil a nivel constitucional, y que es la flexibilidad, es decir el de permitir ciertos espacios para que la Constitución contemple ciertas definiciones pero que luego nos permita adaptar sin que tengamos que entrar en un cambio constitucional profundo”, dijo.

En este mismo tema, Ignacio Walker planteó que más que un modelo de desarrollo lo que hay en la actual Constitución es un cierto orden público económico, que si tiene un sesgo neoliberal. “Y entonces hay quienes piensan que esto es un modelo de desarrollo y viene la tesis del otro modelo. Entonces no se trata de sustituir un modelo por otro, una ideología por otra porque eso al final es lo que no corresponde a una Constitución, ya que debe ser un poco más neutra, aunque no anodina. Creo que tiene que haber ciertas bases de un orden público económico, y no de modelo ya que eso atañe a la deliberación política propia de la democracia”.

Sobre la necesidad de incluir algunos principios en el sistema electoral que permita dar mayores garantías a la gobernabilidad, Isabel indicó que uno de los principales problemas del presidencialismo es la doble legitimidad y eso se exacerba en un sistema electoral que permite la fragmentación. “Entonces una discusión es si se continua con un régimen presidencial y si estamos dispuestos a cambiar el sistema electoral. Al sistema electoral le podemos pedir que sea más proporcional, pero no le podemos pedir más allá de lo que es un sistema electoral. Y ahí creo que las otras cuestiones tienen que ver con el régimen político, con como creamos estas válvulas de escape y en las otras cuestiones que rodean el sistema electoral como la ley de partidos o la ley de financiamiento a la política”.

Walker por su parte señaló que es partidario de que no esté en la Constitución. “Esto tiene que ser materia de ley y es central. Soy partidario de la representación proporcional y la fórmula es la del umbral, es decir un partido que no tiene el 3% de los votos no tiene representación parlamentaria. Hoy, hay 26 partidos políticos legalmente constituidos. ¿cómo se resuelve? Con dicha formula, evitando la fragmentación absurda de hoy”.

Sobre la consulta de incluir la promoción de los cuerpos intermedios por parte del Estado y del peligro a una especie de incentivo para que el Estado invada espacios naturales que deben ser acción de los privados, Walker señaló que la Constitución debe ser capaz de garantizar los derechos de las personas. “Y por lo tanto creo que está demás esto de los grupos intermedios y definción del Bien común como del estado democrático social. Soy partidario de mucha tijera en el primer capítulo y de incluir sólo un preámbulo liberal, solo acorde con nuestra tradición: democrática y social”.

Sobre el planteamiento de mantener el límite de 4 años sin reelección inmediata para presidente, y sus implicancias de que eso impidiera dar cumplimiento a un proyecto de gobierno, Isabel Aninat señaló que el dilema es más que 4 o 5 años. “Es la simultaneidad con elecciones parlamentarias en un régimen presidencial o no. Incluso si se mueve a uno semi presidencial es importante como juega la elección parlamentaria con el ejecutivo para evitar el fenómeno de la cohabitación y la fecha de la elección evita mucho eso. Pero si son 4 o 5 es una decisión más en los efectos que produce en elección parlamentaria con el juego ejecutivo o no, y sobre el programa de gobierno. Hoy los programas de gobierno se han ido moviendo hacia un listado de completo de reformas en todas las áreas. Parte de eso nos hace chocar nuevamente con el tipo de Estado que tenemos, con un andamiaje que funciona muy lento”.

En el mismo tema, Walker indicó que ésta no es ninguna verdad esculpida en piedra. “No hay nada más opinable que la cantidad de años de un Presidente. Pero agrego, Aylwin tuvo 4 años y la cantidad de cosas que hizo y además lo hizo bien, además estando en transición. Por otra parte, lo bueno de 4 años es que hay más accountability y la gente está más cerca de revertir una situación. Pero al final para mi prima la idea de la simultaneidad y la lucha contra populismo de la reelección. Lo que es una tentación”, insistió.

Consultados sobre que el tema de transferencia de competencia del Gobierno Central a las regiones sea a través de decretos y no por medio de una ley, Isabel se refirió a la elección de Gobernadores, en donde pensaba que habría un problema fuerte de expectativas. “Vamos a elegir Gobernadores pero que no tendrán competencias. Vamos a tener una figura electa con la importancia de aquello tiene, apoyo popular y sin competencias y el mayor riesgo es un desface entre la elección popular con las expectativas que genera y las competencias que va a tener a futuro y luego de tenerlas, pero sin recursos. Entonces el nivel de expectativas en torno a instituciones que estamos creando es una debilidad del proceso de descentralización”.

Al mismo tiempo planteó que acá había otro punto débil en cuanto a la figura que debe resolver la contienda de competencias. “Hay una disposición constitucional que se la deja a la ley y esa ley no se ha dictado. Y vamos a entrar en un escenario de contienda de competencias. Y es un vacío relevante para que esta gradualidad funcione”.

Walker agregó que pensaba que no era muy cierto que estos vayan a asumir sin atribuciones y sin funciones. “Esto es un proceso gradual como en Italia y Francia. Yo prefiero que en esta innovación telúrica comiencen con menos atribuciones que más y que sea un proceso in crescendo en la medida que se demuestre capacidad de ejercer más atribuciones. Hay un proceso de gradualidad en los cambios. Siempre hay una excusa para no elegirlos y nos ha llevado años. Fue una aspiración de Aylwin del 89 y nunca se ha cumplido. Soy descentralizador y es una oportunidad para que Gobernadores democráticamente electos empujen la descentralización”

En las palabras de cierre la decana de la UAI, abordó la incertidumbre frente a este proceso. En esto fue clara mencionando que, si bien estamos en una situación excepcional de pandemia lo que implica una situación bien extraña para un debate constitucional, tiene la tranquilidad de que el debate constitucional se está dando con sectores de todas las tendencias. “Y si bien no hay acuerdo en todos los temas, la discusión se da de manera muy franca y se han producido muchas cosas transversales. Hay mucha más discusión de lo que ha salido a la luz pública”.

Agregó que, aunque la discusión constitucional es apasionante, creía que había que tener claro el horizonte. “Podemos pedir mucho a la Constitución, pero no todo. Y pretender solucionar todos los problemas que tenemos con ella es una falsa ilusión y hay que reflexionar en torno a ello”, aclaró.

Ignacio Walker por otra parte mencionó que, si bien concordaba, el tenía el convencimiento de que la democracia es un gran acto de confianza y en un escenario de deterioro absoluto de la confianza, era algo que se debía aprovechar. “La convención constitucional es una oportunidad. Que puede resultar o no. Y si uno ve los debates que se están dando similares a éste, uno ve que hay mucho terreno común. Por otro lado, hay que pensar que no partiremos de cero. No será una hoja en blanco porque hay tradiciones que recoger”, finalizó.

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