Seminario Derechos de agua y nueva Constitución
- El Centro de estudios Democracia y Progreso en conjunto con Progresismo con Progreso PCP desarrolló un encuentro virtual enfocado a relevar un diagnóstico de la realidad del recurso acuífero en nuestro país y revisar la legislación vigente, con miras a la redacción de una nueva Constitución. Participaron del encuentro don Patricio Crespo, Presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la VI Región, Ex Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y empresario agrícola; Rodrigo Weisner, abogado, ex Director General de Aguas y abogado experto en regulación y socio del estudio Puga Ortiz y Clemente Pérez, Abogado ex subsecretario de Obras Públicas, candidato a Convencional Constituyente por distrito 11 y miembro de PCP.
La primera exposición estuvo a cargo de Patricio Crespo quien realizó un diagnóstico de la realidad del agua, desde una vivencia cotidiana, basándose principalmente en análisis de la zona central de Chile (al representar la media de nuestro país, señaló) entre la cuenca del rio Rapel y del Tinguiririca, analizando el comportamiento de la pluviometría en el último siglo y el decaimiento que se observa en la actualidad.
En su presentación hizo alcance al comportamiento pluviométrico desde el año 1910, con cifras que indican un decaimiento claro de las lluvias. Así, si las lluvias en los últimos 30 años eran de 627 mm, en los últimos 15 de 490 y últimos 7 de 445 mm. “Claramente estas macrotendencias están afectadas por el calentamiento global que ha perturbado el comportamiento de la temperatura superficial de las aguas del Pacífico en la zona subecuatorial. Y se presume, que esto debiese seguir como tendencia y donde los climatólogos esperan que este ciclo de sequía tienda declinar y a revertirse y para situarse en el próximo siglo en torno a los 550 a 600 mm año, para esta zona en particular”, indicó. Apoyándose en un análisis realizado por los Jesuitas sobre Santiago en los siglos 18, 19 y 20 con observación de los periodos de gran sequía, normales, lluviosos y muy lluviosos, con un resumen de comportamiento irregular, concluyó que “a grandes rasgos, creo que estamos en un ciclo muy largo y extendido de sequía con un alza de temperaturas importante, con menos lluvias, pero con episodios de lluvias intensos, con más escorrentías que se nos van al mar y con isotermas más altas lo que inhibe la acumulación de nieve”, agregó.
En cuanto a la realidad de las aguas subterráneas, señaló que lo que “Prácticamente el comportamiento no ha variado y se puede hablar, que tenemos una reserva bastante importante en el subsuelo, a lo menos en la zona media entre las dos cordilleras”, indicó.
En cuanto al aprovechamiento de aguas, indicó que en relación a las aguas superficiales en las zonas central y centro sur, éstas son aprovechadas sólo en un 20 % de la escorrentía total, ya que el otro 80% llega al mar. “Tenemos una capacidad de embalse totalmente insuficiente y un incremento de demanda de aguas sanitarias y productivas, en donde se ha compensado el decaimiento de la oferta de aguas, gracias a la tecnificación del riego que avanza fuerte de la mano de la fruticultura”.
Y en relación de aguas subterráneas, señaló que hay un bajo aprovechamiento del embalse subterráneo, con muchos acuíferos cerrados preventivamente. “Esta agua aporta el 5% del agua que se aprovecha y no existe política nacional de recarga natural ni artificial de acuíferos”.
Parte de la realidad expuesta por Patricio Crespo, habla de un ciclo extendido de fenómeno Niña asociado a cambio climático, lo que denota una menor disponibilidad natural del recurso y que exige flexibilizar la gestión para maximizar el aprovechamiento. Por otra parte, indicó que, mientras se avanza en la construcción de embalses para almacenar las aguas de invierno, se debe innovar en el aprovechamiento de la capacidad de regulación con el uso intensivo de las aguas subterráneas donde sea posible, asociado a un programa de recarga natural y artificial de acuíferos con aguas de invierno. Así mismo, dijo también que es importante tener presente que hay que facilitar swaps de aguas subterráneas y superficiales entre titulares de modo de asistir a la pequeña agricultura sin infraestructura para acceder a agua subterránea. “Esto es una modalidad que es bueno empezar a mirar porque es una manera de poder asistir a la pequeña y mediana agricultura que es la más afectada en esta materia”.
Relevante, además, comentó es observar swap entre Aguas Andinas y agricultores del río Maipo. “Que es otra modalidad que han buscado entre privados para facilitar el abastecimiento de aguas sanitarias.
Y, por último, señaló que es necesario considerar el mecanismo de swap de aguas entre subcuencas en periodo invernal ”pasando excedentes de agua de una subcuenca a otra, y en ello hay bastante medios para hacerlo, pero falta la voluntad política”, opinó.
En su exposición, el experto comentó acerca de la realidad de las Juntas de Vigilancia de la 6ta Región, que desde su punto de vista era una realidad representativa del resto del país y que la Dirección General de Aguas (DGA) desconoce. “La DGA no tiene catastrada a la pequeña agricultura y la información que circula es engañosa, en la medida que no recoge la realidad de este segmento. La DGA como otros organismos públicos no tienen registrados los derechos de los pequeños y los consuntivos, que son aquellos que están reconocidos desde antes de la legislación vigente”; recalco.
A lo anterior sumo la realidad de lo que sucede en Rio Elqui, el Aconcagua y el Laja Diguillin donde lo que dice la realidad es que, de las aguas superficiales disponibles, 1/3 y más, está en manos de la pequeña agricultura y pobladores rurales, otro tercio en la mediana propiedad y el último tercio en la agricultura empresarial moderna. “El mito del acaparamiento de derechos ha sido difundido con profusión para alentar resentimientos, lo que ha sido posible por cuanto la DGA no tiene registrados los derechos de los pequeños y los consuntivos, que representa un 80% del universo y es algo que no se ha hecho porque el proceso en tremendamente engorroso y oneroso. Esta verdad acaba de ser asumida por Oscar Cristi, actual director de la DGA, ante la Comisión de recursos hídricos del Senado”, aseveró.
El expositor se refirió además a la gestión OUAs (organizaciones de usuarios de aguas). Señaló que las OUAs en Chile distribuyen derechos de aguas expresados en acciones, cuyo caudal unitario oscila según lo hace el de la fuente natural de origen. “En general las dotaciones accionarias por unidad de superficie difieren poco entre ríos y esteros, siendo más estrechas en estos últimos. La distribución se hace en general por medio de marcos partidores rígidos que distribuyen los derechos en forma proporcional, de modo que el caudal de cada acción oscila a la par del caudal del río o estero del que provienen. Los canales de distribución son servidumbres privadas. Esta rigidez limita el acceso a aguas embalsadas dado que obliga a que todos los titulares acuerden comprar aguas, por no poderse discriminar. Y esto es importante de considerar, porque el sistema de distribución nuestro – al ser rígido – nos limita la acción de comprar aguas si no están todos de acuerdo”.
Parte de la ponencia, incluyó la realidad de la cohabitación con la escasez. En esto señaló, que la agricultura empresarial ha sobrevivido con riego tecnificado y con apoyo de agua subterránea que es abundante en el valle central. Además, indicó, la recarga proviene de lluvias y de las escorrentías de los ríos y de la infiltración por riegos, y se está empezando a hacer recarga natural de los acuíferos con aguas en invierno.
A lo anterior agregó, que la recarga en la zona costera es escasa por cuanto se da especialmente por lluvias. “En esto hay que tener presente que la Comisión Nacional de Riego (CNR) y sus concursos para la tecnificación del riego con cofinanciamiento privado han mitigado el efecto de falta de inversión pública en embalses. La agricultura familiar está amenazada y hay resistencia pública a innovar por dogmatismo y rigidez de los programas”.
Frente a esa realidad, señaló que una propuesta sería reemplazar agua superficial con subterránea, la que se libera en favor de los deficitarios, pagando el costo de extracción. “Ello permitiría sobrevivir mientras se van implementando embalses. Esto es una idea para aquellos sectores donde es posible y para aquellos agricultores que quieran aguas subterráneas, puedan atender sus necesidades y liberar aguas para acompañar a la pequeña agricultura que no tiene aguas subterráneas”, comentó.
En cuanto a la realidad institucional pública, Crespo señaló que, a su entender ella está capturada por la política. “Es insuficiente e irrelevante frente al ágil quehacer ciudadano. Se sabe que hay 40 organismos públicos que desarrollan 110 funciones, disputando la primacía y tendiendo a anularse entre sí. Y muchas veces para validarse tratan de acaparar más facultades sin tener músculo para cumplir mínimamente su rol. Acá urge modernización”.
El abogado Rodrigo Weisner, inicia su exposición con un breve resumen de la historia acerca del aprovechamiento de las aguas en Chile, de alguna forma para entender qué cosas de las que se dicen son ciertas y cuáles son mitos. Sobre el particular hizo alusión a la idea que ronda en torno a la futura nueva Constitución y que indica que la privatización de las aguas en Chile en 1981 es el origen de los problemas en materia de recursos hídricos. “Eso es lo que está un flotando en el aire, que en Chile se requieren reformas profundas y particularmente en la Constitución para que se desprivatice el recurso, lo que ocurrió en 1981”.
Expone que, en Chile, desde que somos país independiente de España, existe el concepto de Derecho de Agua. “Tenía un nombre distinto, se llamaban Regadores y ya el 18 de noviembre de 1819, Bernardo O´Higgins establece un Senado consulto equivalente a un Regador”. No es la nomenclatura que hoy existe en nuestra actual legislación, pero empieza a construirse el concepto de Derecho de Agua en tiempos que ya comenzaban a existir problemas de aguas y superposición de intereses, regulando en lo que consistía en un Aprovechamiento ordenado de las aguas en Chile, que no estaba totalmente desarrollado pero que sí llega a establecerse”, argumentó.
En su recorrido histórico, indica que en el código civil de 1855 se establecen algunas normas y una ley muy importante fue la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades 8 de noviembre 1854 “estableció el concepto de mercedes o permisos para sacar agua, que es el permiso estatal que se otorga para el aprovechamiento extractivo de las aguas porque nadie en ningún país del mundo puede sacar agua sin un permiso del Estado y lo que varía de país a país es qué categoría tiene ese permiso. Y en Chile ese permiso, comienza a otorgarse en una categoría de Merced, es decir una gracia que el Estado le otorga a un particular para aprovechar esa agua con exclusión de los otros usuarios”, comparte.
En cuanto a la codificación en esta materia, el profesional hace referencia al Proyecto de Código Rural del año 1875 y donde contemplaba la facultad de la autoridad competente para conceder mercedes de agua. “Acá era la Municipalidad la que otorgaba el permiso a los particulares para aprovechar privativamente las aguas”.
En nuestro país también, hubo bastante proliferación de las llamadas Ordenanzas de Agua, las que se dictaron río por río y que se iniciaron en 1872 con el Río Aconcagua y que terminaron en 1887 con ríos y esteros del Río San Fernando. “Cada una de estas ordenanzas establecía cuales eran los derechos de agua que tenía cada una de las personas y los regantes y establecía como aprovecharla, en qué turno, etc. Por lo tanto, nuestra historia es bien profusa en ese tiempo”.
Rodrigo Weisner comenta que, el año 1927 se aprueba el primer Proyecto de Código de Aguas, de Rafael Moreno Echavarría, que estableció una propuesta de merced concedida en la forma que establece la ley, donde se indicaba que “se podrán adquirir las aguas de uso público, sean corrientes o detenidas y donde toda merced de agua deberá ser concedida por el Presidente de la República”. “Es decir, estamos viendo como las distintas legislaciones contemplaba el aprovechamiento privativo de las aguas. Incluso el año 1907, existió un Proyecto de Ley de Mercedes de Agua, esto es, para el aprovechamiento exclusivo del agua”, agregó.
El abogado expuso que en 1951 se dicta el primer Código de Aguas, que establece el concepto de derecho de aprovechamiento. “Y esto lo subrayo porque se dice que este derecho de aprovechamiento es una invención del Código de Aguas de 1981, y la verdad es que es bastante antiguo. Y era un derecho que permite el uso, goce y disposición de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el presente Código. Es decir, establecía un concepto bastante fuerte que permitía la disposición, es decir, la enajenación de las aguas. Lo que fue parcialmente limitado en 1969 con el Código de Aguas de ese año originado con la Ley de Reforma Agraria de 1967, que lo rebaja a la posibilidad del uso. Pero también era un uso excluyente porque la Ley de Reforma Agraria consagró el derecho de aprovechamiento en nuestro país permitiendo el aprovechamiento exclusivo de las aguas”.
Luego de ello vino el Código de Aguas de 1981, que estableció que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, es decir un permiso por parte del Estado que se tiene incorporado, según la Constitución, en el patrimonio. “Lo que hace la constitución, es proteger a nivel constitucional el derecho de propiedad del derecho de aprovechamiento de aguas. Es decir, este derecho de aprovechamiento de aguas siempre ha existido en Chile y no es una invención del año 1981 y la única diferencia es que en 1980 con la constitución se protege o se blinda como un un derecho de propiedad de manera de dejar claro que, si alguien era privado de su derecho de propiedad, tenía que, conforme a una ley expropiatoria, indemnizársele por parte del Estado”, aclaró.
En su exposición, el abogado hizo un breve análisis acerca de los que han dicho los distintos partidos políticos en Chile acerca de las aguas en el país. Uno de ellos, el PC que de acuerdo a lo citado en el Informe Político del XXVI Congreso Nacional Del Partido Comunista De Chile, propone un Estado que recupere la soberanía de los recursos naturales. “Es importante cuando mencionan ´recuperación´ porque da a entender que en algún momento se perdió el aprovechamiento de las aguas y eso no es así, es una falacia. En Chile, como expliqué, el aprovechamiento por la vía de una merced o regador siempre ha existido, y por lo tanto no puede haber en Chile el recuperamiento de algo que siempre los particulares han podido aprovechar y en particular en Chile, las aguas siempre han sido bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, no se puede nacionalizar algo que desde siempre lo ha sido, lo que si se otorga es el derecho de aprovechamiento de aguas”, aclaró.
También hizo referencia a lo expresado por el PR, PS y PPD, quienes hablan que, en 1981 y en Dictadura, las aguas se privatizan y se convierten en una mercancía. “Ello básicamente porque se puede vender el derecho de aprovechamiento de aguas. Pero en Chile siempre se ha podido vender el derecho de aprovechamiento de aguas. Así, cuando vendo una tierra vendo ese derecho y por lo tanto siempre ha sido un bien que se ha podido transar en el mercado. Y no es una invención del código de aguas de 1981”.
En cuando a la DC, señaló que se ha manifestado en torno a que este gobierno ha protegido a los especuladores de agua y que, por su parte, RN también ha hablado de la necesidad de la creación de una Política Nacional del Agua. “Una que permita entregar las directrices a corto, mediano y largo plazo sobre la gestión responsable del recurso hídrico, que incluya modificaciones legales, en particular al Código de Aguas, como de la necesidad de una institucionalidad fuerte y autónoma que se encargue de tareas tan específicas como la gestión eficiente del agua frente a la tremenda sequía que afecta al país. Acá creo que no es necesario crear”, opinó.
Haciendo alusión a la idea de que en Chile no se pueda garantizar el acceso al consumo humano, el abogado señaló que el Código de agua actual, le da facultades al Estado para Reservar aguas para consumo humano. “Es decir, hoy el Estado, el Gobierno, la DGA pueden – si se solicita el Derecho de aprovechamiento – decir que no, reservando una parte para el consumo humano. También puede expropiar derechos de aguas para garantizar el consumo humano. Obviamente indemnizando a la persona que se le priva de los derechos de agua. Lo mismo que en época de sequía, es posible la redistribución de aguas por parte del Estado y en caso de que los usuarios de agua no se pongan de acuerdo para redistribuir las aguas en épocas de sequía, el Estado podrá intervenir”.
En el mismo tema, indicó que la Ley 18.778 que establece subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado, que se opera a través de la Municipalidades y que permite subsidiar a aquellos que no pueden pagar la cuenta de agua. “En esto es interesante el fallo de la Tercera sala de la Corte Suprema del 18 de enero que obliga al municipio de Nogales la provisión de agua a los habitantes de la comuna de 100 litros. Con esto podemos ver cómo con la legislación actual, el máximo tribunal de la República ordena al Estado a proveer de agua potable y sin necesidad de un cambio constitucional, ni legal ni reglamentario alguno, sino que citando tratados internacionales que ha suscrito Chile, para garantizar el acceso de agua al consumo humano por parte del Estado”.
Ahora, fue enfático en indicar que lo anterior no implica reconocer que existen problemas de agua en Chile. “Entre ellos están: extracciones ilegales (robo), pero que tiene una solución en el Código penal, por ejemplo. Además, existe una mala calidad de provisión de agua potable de muchos sistemas de Agua Potable Rural (APR); mala planificación territorial: se construye en lugares donde no hay agua; disminución de precipitaciones: cambio climático; ineficiencia en el uso del agua (por ejemplo, las redes de distribución de agua potable pierden un 33%); mercado de derechos de agua imperfectos; baja reutilización de las aguas; mucha burocracia estatal que hacen difícil (imposible) invertir en mejorar la gestión del agua”. enumeró.
Frente a su análisis, hizo la pregunta sobre si las soluciones ¿pasan por cambiar la constitución o reformar el Código de Aguas? “Y la respuesta es no, y antes de eso es preciso ponernos de acuerdo en el diagnóstico del “problema del agua” antes que seguir legislando, ya que hay muchos proyectos y muchos diagnósticos. Por otro lado, es necesario la consagración legal de las aguas en estado sólido (glaciares) como bienes nacionales de uso público; necesidad de financiamiento de las potestades públicas que hoy tiene la DGA. No sacamos nada con seguir otorgando facultades desfinanciadas. Y, por último, ordenar la casa: mucho organismo público con políticas que van en contra de una gestión eficiente de los recursos hídricos”.
Clemente Pérez, este señaló que hay que reconocer la evidente crisis de agua por la que atraviesa Chile, con su creciente desertificación y cambio climático indicando que hoy la superficie chilena se encuentra afectada por la sequía y que el país se encuentra en el número 30 en riesgo hídrico en el mundo. “Es decir, que estamos en una situación compleja que afecta a nuestro país. Y concuerdo con Patricio con que se ha demonizado el tema de la asignación de derechos, pero si tenemos que reconocer que tiene deficiencias. Soy de los que cree que el mercado es un eficiente asignador de recursos, pero cuando el mercado funciona bien. Y en Chile, el Mercado de asignación de derechos de agua es gratuita en su origen, lo que llevo a que se produjera mucha especulación, acaparamiento y corrupción. Eso se ha venido corrigiendo, pero de manera aún insuficiente. Uno de los cambios importantes, me tocó liderarlo con Rodrigo cuando estuvimos en el MOP con la gran reforma del 2005 durante el gobierno del Pdte. Lagos. Lo que hicimos fue hacer cambios a un proyecto que había presentado en el gobierno de Aylwin de 1992 que introdujo la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua. Ya en ese año, al Pdte. Aylwin le preocupaban estos derechos a perpetuidad no bien asignados”.
Sin embargo, señaló, el proyecto de caducidad fue rechazado y declarado inconstitucional y ese proyecto estuvo 13 años entrampado en el Congreso. “Y fue con la agenda pro-crecimiento que lideró el gobierno con los gremio empresariales, que fuimos capaces de la gran reforma del 2005 que generó un cambio, creándose la patente por no uso, que si bien recibió la oposición de regantes fue una buena reforma. Además, se incorporó el caudal ecológico que no estaba en la constitución y se incorporó la posibilidad de las subastas y de los remates de derechos de aprovechamiento para terminar con esto de la asignación gratuita al primero que llegara. También la exigencia de una memoria explicativa como una referencia para que no se solicitara millones de litros cúbicos por una sola hectárea. Y también se incorporó la posibilidad del Presidente de la República de reservar el recurso por razones de abastecimiento de la población. Es decir, esa reforma del 2005 es muy potente, pero se ha demorado en generar todos sus efectos”.
En este sentido, opinó que se debía ser franco en indicar que hoy día la Constitución Política es insuficiente en materia de derechos de agua. “En primer lugar, solamente regula el carácter patrimonial del agua y no la regula como un derecho humano. La Asamblea general de la ONU ya considera el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano. Y obviamente cualquier reforma o redacción de una nueva constitución tiene que partir reconociendo el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano. En segundo lugar, los análisis comparativos que se han hecho de las distintas constituciones categorizan en 4 aspectos la regulación del recurso hídrico. Una primera categoría es declararla como derecho humano. En esto, hay países que no dicen nada respecto al agua, como EEUU. Hay otros que consideran el agua como un derecho humano y que establecen ciertas prioridades de uso como Brasil, Bolivia, Colombia. En segundo término, es establecer el carácter público de este derecho, y esto ocurre en varias constituciones como España y Portugal. Una tercera categoría de regulación del agua tiene que ver con el derecho de uso de particulares de este recurso, que es el caso de Chile. Y, en cuarto lugar, hay países que han regulado el recurso hídrico desde el punto de vista de la sustentabilidad y de sus usos ecológicos”.
Es decir, Pérez comentó que, dentro de estas 4 categorías, Chile hoy día no está entre los países que no dice nada, porque dice algo, pero sólo regula un punto que distintas constituciones incluyen respecto del tema del agua. “¿Qué quiere decir esto que estamos más atrasados que otros países? ¿quiere decir que existe la necesidad de incluir en la constitución en detalle cada uno de los aspectos que he mencionado? Pienso que no necesariamente porque no hay una relación entre mayor regulación del agua en la constitución y mayor sustentabilidad de recursos. Por ejemplo, los países que más detalladamente la regulan como Ecuador y Bolivia, no son necesariamente el ejemplo a seguir en materia ambiental y si uno mira el índice Yale, el más prestigioso en materia de sustentabilidad, los países que no regulan con mayor detalle el recurso hídrico como Chile, EEUU y Canadá, se encuentran bastante más arriba que Ecuador y Bolivia”, argumentó.
De este modo, indicó que creía muy probable que la nueva Constitución incorpore al agua como derecho humano. “Pero eso no dice que automáticamente nos encontremos en un nivel más elevado de desarrollo sustentable y de protección ambiental. Todo lo contrario, si lo hacemos perfectamente, para que el resultado sea avanzando en el Índice de desarrollo sustentable, podría ser el caso”.
En la materia, Pérez indicó que le parecía fundamental, además de incorporarlo como derecho humano, hacer la gran distinción sobre ¿qué va a pasar con los derechos nuevos de aprovechamiento de agua? Y ¿qué va a pasar con los derechos existentes?
Así mismo indicó que el incorporar al agua y al saneamiento como un derecho humano, constitucionalmente reconocido, significa que tiene que haber luego una institucionalidad para que la provisión de ese derecho sea correcta, lo mismo que con los demás derechos sociales porque no basta con la lírica en la constitución. “El establecerlo en la Constitución es un mandato claro para la administración pública, pero luego hay que establecer la institucionalidad y las formas en que se van a proveer estos recursos. Por lo que la forma en que se asigna el recurso debe estar establecido en la ley, tenga principios claramente definidos, haya objetividad y transparencia, y no ocurra como ocurre hoy que hay un fallo de la Corte Suprema que otorga agua a los habitantes de Nogales. Uno puede alegrarse por el fallo, pero es algo equivocado. ¿Por qué son 100 y no 1.000?; ¿qué sabe la Corte Suprema cuál es la cantidad exacta que se necesita? Por ello, debe haber un organismo técnico que debe perfeccionarse, modernizarse y que se llama la DGA. Para que no sea el privilegio de quien tiene la posibilidad de contratar abogados, el que acceda al recurso”.
Además, señaló que era indispensable avanzar hacia definiciones de prioridades de uso. “Puede ser justo o no, pero hoy hay una gran crítica respecto a la situación del recurso y creo que hay que hacerse cargo y hacerlo bien. Me parece razonable hacer distinciones en el uso. Como el darles preferencias a las solicitudes de derechos de agua que tienen que ver con el abastecimiento de la población y con el saneamiento, y no entrar en el detalle respecto de los usos productivos”, aclaró.
Sobre la caducidad de los derechos de Aprovechamiento de Agua, indicó que no tenía problemas que a futuro se establezca una caducidad. “Siempre y cuando sea de un plazo relevante de manera que haya certeza jurídica. En resumen, acá hay que mirar no sólo la foto de cómo se distribuyen los derechos de agua hoy día, sino además la película, es decir, los incentivos a largo plazo para que enfrentemos de verdad la crisis de agua que estamos atravesando”.
Y respecto a otro tema central, esto es, entregar derechos a perpetuidad para los nuevos derechos, explicó que no estaba de acuerdo y que pensaba que habría una gran voluntad por eliminarlos. “Pienso que es perfectamente posible establecer – como es en la mayoría de los países del mundo – derechos que tengan fecha de vencimiento. Estamos hablando del tipo concesiones siempre y cuando que ellas tengan y otorguen los incentivos correctos para que se puedan hacer las inversiones y tengan la seguridad jurídica que permita realizar las obras que permita aprovechar el derecho de aprovechamiento de agua. Porque lo que está claro, es que se necesitan inversiones para aprovechar el agua y producir más agua. En este sentido recomiendo que, para no caer en la discusión de tantas frases hechas, analizar por ejemplo la publicación de Escenarios Hídricos de Fundación Chile que propone 212 medidas de conservación y producción de agua. Creo que es la forma que podremos combatir el proceso de desertificación, es decir con buena asignación de derechos, pero con inversiones y con buenas ideas como las que ahí se rescatan”, concluyó la primera parte de su exposición.
En la segunda ronda, Patricio Crespo, señaló encontrar bastante coincidencias con los demás expositores en la necesidad de priorizar el acceso para el saneamiento y cuidado del medio ambiente. “En Chile no está, y creo que ha llegado el minuto de dar tranquilidad a la población. Porque Chile tiene recursos hídricos, pero debemos acordar como complementar todos los actores. También creo que la legislación debe priorizar el otorgamiento de estos derechos para estos mismos propósitos”, agregó.
También coincidió con Clemente Pérez en el significativo efecto que tuvo la reforma del 2005 y la creación de las Patentes por no uso. “Dentro de la legalidad fue la manera de desincentivar el acaparamiento y no uso, y si bien ha costado que prenda, ya se ha logrado recuperar y devolver miles y miles de derechos que es muy significativo el efecto que ha tenido esta norma. Ahora en la nueva reforma estoy de acuerdo que hay que ser más acucioso para que el efecto sea más potente”.
Consultado sobre la diferencia entre los derechos consuntivos y no consuntivos, indicó que los no consultivos no es una creación del Código de Aguas de 1981. “Se llamaban merced para la fuerza motriz, que permitían emplear el agua y después devolverla. Y antes del ´81, los derechos de aprovechamiento de aguas se entregaban de manera provisional y pasaban a ser permanentes una vez que se realizaban las obras. Y el ´81 se elimina ese requisito y efectivamente se pidieron muchos derechos de agua no consuntivos muchos de ellos por caudales que eran ridículos, de todo un río que a veces no permitía entregar ni un litro de agua por segundo aguas arriba. Y eso significó un acaparamiento y una especulación. Y ese acaparamiento y acumulación tiñó de lo mismo a todos los derechos de agua y tendió a confundirse y es bueno hacer esa distinción, porque efectivamente los derechos consuntivos en Chile están grandemente atomizados y divididos en muchos pequeños propietarios y en pocos propietarios grandes y por lo tanto no existe una especulación y acaparamiento en los derechos consuntivos”.
Es por ello – señaló – que la patente por no uso fue un instrumento bueno, a pesar de que ha costado implementarla. “Se han devuelto muchos caudales de derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo por la renuncia de derechos, a pesar de que aún existe acaparamiento y especulación. Y la patente ha tenido un problema de cobranza por parte de la Tesorería General de la República, a la cual le ha costado bastante seguir adelante con los juicios. Y creo que es posible mejorar la legislación para hacer más expedito las cobranzas por parte de Tesorería y por otra parte mejorar la gestión, estableciendo metas bastante más claras a los que están a cargo de las cobranzas por patentes por no uso”.
Precisó que en relación a la asignación de los derechos en Chile que se ha dicho que son gratis, indicó que esto vale para los derechos de agua subterráneo. “Porque cuando partió en Chile, esto fue un acuerdo tácito entre el Estado y los particulares. El Estado ponía la fuente, el particular de las inversiones de extracción y distribución, como mantención anual, de modo que esta contraprestación ha validado esta forma de asignar los derechos en Chile”, aclaró.
Por último, resaltó el amplio consenso en la necesidad de evolucionar en el reconocimiento de derecho humano al agua y creo que en eso no hay dos voces. “Lo importante es cómo lo hacemos de modo tal que no desincentive el ambiente del país de certeza jurídica, tan indispensable para seguir aprovechando el enorme potencial que tiene Chile, particularmente en materia agrícola. Especialmente, si pensamos que producto del cambio climático, vamos a ver surgir iniciativas cada vez más al sur de Chile que permitirán a otros sectores poder incorporarse a este tipo de desarrollo”.
Si embargo, en su exposición se refirió al peligro que se corre en reconocer a las aguas como bien nacional de uso público a nivel constitucional. “Porque esto venía de otro proyecto que quería reclamar los derechos de utilidad pública y automáticamente se produce con ello lo que se llama la publificación del derecho, donde no habría derecho a reclamar indemnización a ese derecho de propiedad. Entonces ahí hay que tener cuidado porque dependiendo del ambiente, eso podría ser una espada de Damocles que podría significar efectos en la certeza jurídica de aquellos que invierten”, advirtió.
En cuanto a la diferenciación realizada por Rodrigo Weisner, sobre los derechos consuntivos y no consuntivos, la valoró, ya que indicó que la aborda en buenos términos. “Ello porque pone las cosas en su lugar y des estigmatiza el derecho consuntivo, y que no solo la tiene la agricultura sino también la industria y las sanitarias y muchos otros sectores de la economía que son titulares de derechos consuntivos y que los ejercen en beneficio de la comunidad”.
En la segunda ronda de Rodrigo Weisner, hizo una reflexión en torno a garantizar el acceso al agua como consumo humano y que sería bueno que la nueva carta fundamental consagre el agua como bien nacional de uso público. “No lo veo malo y creo que no producirá ningún efecto pernicioso, probablemente deje tranquila a mucha gente, pero para serles franco, creo que no habrá ninguna consecuencia práctica. Salvo que se conceda un punto de la necesidad de reformar la constitución en materia de aguas y consagrara todas las aguas, incluyendo los glaciares como bienes nacionales de uso público. Pero no creo que haya mucha consecuencia. Dicho sea de paso, la reforma que se intentó hacer de consagración constitucional de las aguas como bienes nacionales de uso público, era un caballo de troya porque si bien se consagraban, después se decía, declárese para efectos de utilidad pública, todos los derechos de aprovechamiento de aguas de interés público. Entonces permitía hacer expropiaciones sin calificación de la necesidad o no de la privación del derecho de propiedad”.
El abogado también valoró el serio trabajo de entidades como Fundación Chile sobre los reales problemas del agua y de eventuales soluciones. “Creo que el problema es que la clase política ha navegado por sobre esos diagnósticos que existen y siguen incluyéndose slogans y frases hechas para enfrentar este problema. Creo que si la clase política toma esos documentos técnicos van a permitir de una vez por todas enfrentar el problema con seriedad”, aseveró.
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