Venezuela y la Corte penal Internacional: ¿Una diplomacia Estéril?

       Un informe preliminar, de un panel de expertos convocado por la OEA en el mes de mayo,  sostuvo que habría “fundamentos suficientes” para afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. La investigación sostiene que 131 personas fueron asesinadas en las protestas del 2014 a manos de las fuerzas de seguridad del Estado; que han sido más de 8.292 ejecuciones documentadas desde el 2015 a la fecha; y que más 12.000 venezolanos han sido arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujeto de privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013; entre otros crímenes que nos revelan la gravedad de los hechos imputados al estado venezolano.

       Lamentablemente las violaciones a los derechos humanos no son una novedad en Latinoamérica, pero por primera vez se estudia la posibilidad de presentar una denuncia colectiva ante la Corte Penal Internacional (CPI). En efecto, ha trascendido que seis países miembros de la OEA (Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay) estarían evaluando llevar el caso al máximo tribunal internacional en esta materia.

       “¿Será que la diplomacia se ha convertido en un arte estéril al objetivo de condicionar a los estados en sus actuaciones criminales?”

       Lo anterior abriría una línea de acción judicial en contra de los países que estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad, lo cual plantea interrogantes relevantes en un mundo de cambios e incertezas como el actual. ¿Será que la diplomacia se ha convertido en un arte estéril al objetivo de condicionar a los estados en sus actuaciones criminales? Recurrir a la CPI,  por parte de un grupo de estados para demandar a un tercero, ¿será sólo por razones humanas o más bien ideológicas? Llegar hasta la CPI, ¿robustecerá o debilitará a la institución de justicia, cuyas competencias provienen del consentimiento de los estados?

       La tentación primera es a pensar que si el mismo informe que ha emanado desde la OEA, y que aconseja llevar las acusaciones en contra de Venezuela a la CPI, habría sido recepcionado por gobiernos de distinto sello político en los mismos países que hoy barajan acudir a la CPI,  no prosperaría. Por otro lado, es un hecho de la realidad que las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela son sistemáticas y que han sido una de las causas en la crisis migratoria prolongada que vive dicha nación, cuyo gobierno no manifiesta voluntad de enmendar su acción a objeto de pacificar la convivencia política y social.

       “Es necesaria la prudencia y una defensa centrada únicamente en la persona humana, para así evitar que recurrir a la CPI conlleve una mayor desconfianza y descrédito en las instituciones internacionales.”

       En medio del diálogo de sordos en el seno de los organismos regionales existentes, como la OEA, que no consiguen una acción política que garantice la protección de los derechos humanos en Venezuela (y Nicaragua), resultaría legítimo preguntarse por nuevas formas o estrategias de conseguir aquello. No obstante, es necesaria la prudencia y una defensa centrada únicamente en la persona humana, para así evitar que recurrir a la CPI conlleve una mayor desconfianza y descrédito en las instituciones internacionales.

       En consecuencia, pareciera que lo más razonable y eficaz sería entregar los antecedentes a la CPI y que sea ésta la que de oficio establezca los méritos de la causa y actúe en concordancia con ellos. Activando la diplomacia regional e internacional se alcanzaría dicho propósito, lo que a su vez provocaría una discusión más amplia acerca de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se registran en distintas latitudes del sistema internacional, situación que demanda de un renovado apoyo y compromiso de los Estados a la misión de la CPI.

Foto: Mario Dávila / Agencia Uno

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